jueves , 9 enero 2025

Informe del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Armando González Placencia, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

En lo que se refiere a las autoridades más señaladas como presuntas violadoras de derechos, se confirma la tendencia de los últimos años que ha colocado, en ese orden, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública, como las tres instituciones que con más frecuencia están involucradas en la presunta comisión de actos violatorios. Cabe señalar también que, en los casos en los que se menciona a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, la mayor frecuencia de quejas se relaciona con las corporaciones policiales y el Ministerio Público.

Las quejas presuntamente violatorias fueron investigadas por las cuatro Visitadurías Generales, según su ámbito de competencia; los resultados son los siguientes.

1.Seguridad Pública y Justicia Penal

Por el número de quejas que están bajo investigación, como por el de Recomendaciones emitidas, para este organismo los ámbitos de la seguridad pública y el sistema de justicia penal constituyeron en 2009 el principal foco rojoen materia de violación a derechos humanos en la ciudad.

En materia de seguridad pública, la Comisión emitió seis Recomendaciones, dos de las cuales están relacionadas con violaciones graves que involucraron tratos crueles e inhumanos y violación al derecho a la vida por parte de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Por lo que toca a las investigaciones que involucran a la Procuraduría, de ellas derivaron un total de nueve Recomendaciones, siete de las cuales se refieren a hechos graves que implicaron: la desaparición de once infantes relacionados con el caso conocido comoCasitas del Sur, el suicidio de personas en instalaciones de la propia Procuraduría, así como diversas violaciones, -incluida la pérdida de vidas- registradas en los operativos relacionados con la llamada Banda de la Flor y con el fallido rescate de la señora Yolanda Cevallos Coppel.

Desde luego, y desafortunadamente, el ámbito penitenciario constituye, por antonomasia, el espacio privilegiado de violación de derechos humanos. La Secretaría General de Gobierno del Distrito Federal recibió en 2009 cuatro Recomendaciones relacionadas con la situación de las prisiones en la ciudad; en todos los casos, hablamos de violaciones graves que dan cuenta de dos situaciones que resultan típicas de la vida en prisión: agresiones infligidas por personal de custodia en contra de las personas internas, o bien agresiones entre éstos últimos, producto de la falta de atención al deber de cuidado que tienen las autoridades penitenciarias para con los internos. 17 personas perdieron la vida en hechos violentos en los reclusorios del Distrito Federal; por lo menos dos fueron violadas en varias de estas instalaciones, y decenas de adolescentes y mujeres fueron agredidos por el Grupo Táctico Tiburón, tanto en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes como en los centros femeniles de readaptación social.

Estos sucesos muestran que la capacidad de protección de la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad en las cárceles de la ciudad de México está en entredicho. La sobrepoblación penitenciaria actual es condición de ingobernabilidad y caldo de cultivo para la violencia.

Para la Comisión, es claro que la situación en las cárceles es producto de fallos estructurales que deben ser atendidos a la brevedad. La reforma del Código Penal del año 2003 sigue siendo la principal fuente de encarcelamiento de personas y lo cierto es que nuestros sistemas de seguridad y de justicia penal no sólo no han reducido el delito, incrementan la violencia estructural y son condición para la producción de más delincuencia.

En este punto cabe mencionar también el estado de la justicia para adolescentes, que se basa en una ley que contradice a la reforma constitucional de 2005 y que en razón de ello facilita el internamiento de un elevado número de adolescentes y en consecuencia, la aparición de situaciones de violencia que replican las que tiene lugar en los establecimientos penitenciarios de adultos.

En resumen, 19 de las 28 Recomendaciones emitidas en 2009 por este Organismo se refieren al ámbito de la seguridad y la justicia penal. La Comisión reitera el llamado a los órganos de gobierno del Distrito Federal, para que se implemente la reforma penal constitucional del año 2008 y para que se revise la pertinencia de aquéllas prácticas que, como el caso de arraigo, son contrarias a los derechos humanos.

Inklusion
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