Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 05/2011
14 de abril de 2011
Diputados y Diputadas, he escuchado con atención sus posicionamientos, así como los cuestionamientos y comentarios que han expuesto. Me voy de este recinto convencido de que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos tiene a un aliado natural. A todas y todos ustedes, les aseguro que los derechos humanos constituyen el eje alrededor del cual pueden girar las distintas ideologías que cada uno de sus partidos representa, porque, de hecho, son los derechos el recurso jurídico más acabado para lograr unidad en la diversidad.
Como ha acontecido este año, algunos temas nos han acercado y otros nos han alejado, pero ello no debe confundirse ni con complicidad, ni con traición. El trabajo que ustedes me asignaron implica una actitud de crítica severa respecto de aquéllas posiciones que, sin importar la buena fe que les respalde, violan derechos; de igual manera, supone acompañar con entusiasmo las iniciativas que favorecen la ampliación del horizonte de derechos para las y los habitantes y transeuntes del Distrito Federal; y desde luego, la intolerancia y el señalamiento público de quien victimiza a las personas.
El año que transcurre será complicado, y nuevos temas de encuentros y desencuentros se exacerbarán porque, como acontece en periodos preelectorales, toda acción suele leerse como intención de apoyar o denostar tal o cual plataforma politica. Para su certeza, reitero aquí que eligieron para este cargo a un ciudadano, sin partido y sin ambición polìtica, cuya principal motivación es servir a una ciudadanía que esta harta de confiar sin ser correspondida, de ser objeto de promesas y víctima de abusos; mi compromiso principal es cuidar a la Comisión, para que ésta siga siendo, como lo es, un referente de confianza ciudadana y de autonomía.
No comparto las visiones de un Estado monolítico, que no se contradice, ni tampoco se equivoca; y que cuando lo hace, se justifica detrás de razones que relativizan su responsabilidad, so pretexto de fines trascendentes: el futuro polìtico de un lider, la conquista de nuevas posiciones, la conservación o la busqueda del poder. Al contrario, confío en que la presión de la sociedad civil puede transformar las viejas prácticas de las que es preciso deshacernos: los pactos mafiosos, la opacidad, la impunidad, la corrupción y la estulticia. Soy partidario de una visión de balances y contrapesos, de realidades que no están dadas, sino que se construyen cada día.
Desde esta perspectiva, un Estado vanguardista no es aquél donde no se violan derechos, sino en el que sus autoridades son capaces de reconocer tales violaciones, de indignarse por su ocurrencia, de sancionar a quienes son responsables, de pedir discupas y de estar más que dispuesto a reparar los daños. Esa es una actitud de respeto efectivo de los derechos, y de la dignidad sus titulares.
El contexto de violencia que hoy envuelve al país debe interpelar nuestras acciones, apelar a nuestra responsabilidad y desplegar nuestros mejores talentos, de modo que, desde el Estado, pero sin duda, al lado de las y los ciudadanos, construyamos seriamente un futuro con más seguridades, con menos desigualdades, y con un compromiso pleno con los derechos fundamentales que, al fin y al cabo, son el modo más civilizado que tenemos para convivir en armonia.
Tenemos que hacer frente común contra la impunidad, porque si ello es intolerable respecto de la criminalidad, es absolutamente inaceptable cuando ésta deviene de la indolencia, el encubrimiento, la negligencia o la mala fe de un servidor público.
Por ello creo importante insistir en la reforma del sistema penal y penitenciario de esta ciudad. El tiempo está pasando y poco o nada se he hecho para implementarla en el Distrito Federal. En unas semanas, tendríamos que tener funcionando a los jueces de ejecución y a la fecha, que se sepa, no hay mas que desacuerdos que se generan por la necedad de posturas decimonónicas sobre la ejecuión de las penas. Que no se le olvide al ejecutivo que la pena es un asunto judicial y que, si tradicionalmente su ejecución ha estado a su cargo, ello no significa que puede disponer sin más de sus contenidos. Un juez de ejecución es, primero que todo, un juez; con todo lo que ello implica en términos de la independencia del poder judicial. No debe ser un funcionario carcelario, ni un vigilante de la ejecución. Por el contrario, debe ser quien decida sobre los aspectos sustantivos de la pena: la ubicación carcelaria, los traslados, los beneficios, con arreglo a un modelo de audiencias que lleve el debido proceso también a la carcel. Legisladoras y legisladores, hagamos una discusión seria y actual sobre este tema en el tiempo que nos queda. No repitamos lo acontecido con la Ley de Justicia para Adolescentes que hoy por hoy, no cumple con lo establecido en la reforma constitucional del 2005.
Impulsemos la dictaminación de la iniciativas de reforma que presentaron los diputados David Razú y Lía Limón redactados por la CDHDF, a partir de las cuales, es posible iniciar la reflexión sobre el cambio hacia el sistema adversarial. Se lo debemos a una ciudadanía que no puede, ni debe resignarse al modelo del presunto culpable. Por favor, no encerremos más personas, trabajemos en mecanismos alternos, en propuestas restaurativas y desde luego, en el blindaje económico, social y cultural que es necesario para hacer valer una política preventiva.
En unos días, conocerán la posición oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal frente al arraigo, que no por haberse constitucionalizado deja de ser violatorio de derechos. Recordemos que el Distrito Federal tiene la oportunidad de apelar al principio pro persona para arrancar de raíz, si cabe la expresión, ésta práctica de detención sin garantías o al menos, de aplicarla en los límites señalados por la Constitución Federal.
La contienda electoral que se avecina no puede ni debe obstaculizar los acuerdos que se requieren en la ciudad para regular situaciones como estás, y otras igualmente apremiantes, como la trata de personas con fines sexuales y laborales, la gestión con perspectiva de derechos del espacio público, la mejor y más eficiente distribución del agua, el tratamiento de los residuos de la construcción, la protección del ambiente y, en general, una mejor situación social, económica, cultural y ambiental para todas y todos en la ciudad.
No nos dejemos llevar por el populismo punitivo, o por agendas que, por prometer dividendos electorales, comprometen el respeto de los derechos humanos.
La ciudad de México, como he dicho en multiples ocasiones, es hoy día, una suerte de oasis en lo que se refiere a ciertos derechos; pero su gobierno no se distingue de otros gobiernos en materia de seguridad. Si bien se afirma que el Distrito Federal es la ciudad más segura del pais, no debe consolarnos que lo sea por contraste con la tragedia que se vive en muchas ciudades hermanas.
Hace algún tiempo, en una plática a propósito de estos temas, un compañero suyo me hizo ver que en esta ciudad se pasa con gran facilidad de la tolerancia extrema respecto de actos vandálicos, a la posiblidad de ir directo a la cárcel por robarse unos cigarros. Así de incongruente es nuestra política criminal. Si a ello agregamos el efecto centrifugo que juega la prisión respecto de la reproducción de la criminalidad, resulta que esta política criminal hecha para encerrar personas, lo que de cierto produce, es más delito y más inseguridad.
De igual forma, queremos hacer un llamado a sus grupos parlamentarios para que impulsen, en el ámbito de los congresos locales, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ya se escuchan voces que, entre el autoritarismo y la ignorancia, quieren detenerla y creánme, esa reforma es nuestra mejor oportunidad para abandonar de una vez, el parroquialismo jurídico que tanto daño ha hecho al país y que está a la base de las peores prácticas de corrupción en todos los niveles del sistema penal.
La Comisión está seriamente comprometida con estas reformas porque ambas convergen con el ideal de estado constitucional al que aspiramos.
Diputadas y diputados, antes de dejar esta tribuna, tomo los minutos que me restan para hacer patente mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros de la Comisión, desde luego a quienes defienden cotidianamente a las víctimas y contribuyen al empoderamiento de personas. A todas y todos quienes trabajan en los programas de conducción y fortalecemiento porque su labor mantiene el gobierno de la Comisión y garantiza su institucionalidad. De manera muy especial, quiero reconocer el trabajo de quienes, con gran profesionalidad y entrega, desempeñan las actividades de promoción, educación y comunicación por los derechos humanos. Agradezco también a mis titulares, todas y todos ellos, un gran equipo de profesionales seriamente comprometidos con su labor.
Quiero reconocer también, a mi muy querida esposa Laura, a mis hijas e hijo, Ana Paula, Juliana y Diego, por su apoyo, su paciencia y por que han sabido tolerar y perdonar las tantas y tantas horas de ausencia que esta labor me representa.
Gracias señoras y señores asambleístas, por su hospitalidad, conmigo, con mi familia y mis invitados, en este recinto.
Tengan ustedes muy buenas tardes.
