Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 06/2011
30 de mayo de 2011
Doctora Patricia Galeana, Consejera de esta Comisión, Doctor Miguel Concha Malo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ante ustedes, y en cumplimiento con la ley, presento este informe público que da cuenta de lo realizado por esta Comisión en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2010.
Agradezco la presencia de las y los Consejeros de la Comisión, de las y losombudsperson del país, de las Organizaciones de la Sociedad Civil, legisladoras y legisladores, servidoras y servidores públicos, integrantes del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, ex presidentes de esta Comisión, habitantes de la ciudad de México. Muy buenos días a todas y todos.
2010 fue un año de intenso trabajo. En resumen, 113 mil personas atendidas, 38 mil servicios otorgados, 11 mil personas escuchadas, 9396 quejas iniciadas, casi 8 mil casos solucionados, 12 Recomendaciones emitidas y cerca de 6 mil medidas cautelares dictadas. Trabajamos con más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, firmamos setenta y cinco convenios, realizamos en promedio 4 eventos por día, publicamos más de 70 materiales, logramos más de 6 mil impactos en prensa, capacitamos a casi 3 mil servidoras y servidores públicos, y 18 mil niñas, niños y adolescentes se beneficiaron de nuestras actividades.
Todo este esfuerzo está destinado a construir ciudadanía, fortalecer a la Comisión, generar sinergias y empoderar a las y los habitantes y transeúntes del Distrito Federal. Y es el producto del trabajo cotidiano de las casi seiscientas compañeras y compañeros que día con día dan vida a esta institución, en todo caso, bajo la observación y decidido apoyo de nuestro consejo ciudadano: Mercedes Barquet, Santiago Corcuéra, Denisse Dresser, Manuel Fuentes, Patricia Galeana, Ángeles González Gamio, Clara Jusidman, Ernesto López Portillo, Nashielli Ramírez, Carlos Ríos y José Woldenberg, quienes en conjunto, son la garantía moral que guía esta institución.
Construcción de ciudadanía
En la Comisión tenemos claro que construir ciudadanía propicia el ejercicio de derechos. En ese sentido, 2010 fue clave para fortalecer nuestras relaciones con la sociedad civil organizada y encauzar nuevas formas de organización social. La Comisión se ha abierto, literalmente, a todas y todos quienes han buscado en ella respaldo y colaboración. Diseñamos una estrategia que, en tres niveles, sitúa a este organismo a la vanguardia en la construcción de ciudadanía.
En el primer nivel, la Comisión ha sido escenario para que las organizaciones socialicen sus agendas, para que las visibilicen a través de nuestros espacios. Todas las semanas del año hemos tenido reuniones de trabajo, coloquios, seminarios, en los que organizaciones de y para los distintos grupos de población, han discutido sus temas, promovido iniciativas y propuesto políticas públicas alrededor de los derechos humanos.
Esta estrategia de construcción de ciudadanía ha supuesto, en su segundo nivel, la acción conjunta con organizaciones consolidadas a favor de temas estratégicos. Con Cauce Ciudadano, Católicas por el Derecho a Decidir, Infancia Común, el Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Servicios a la Juventud A.C., Incide Social, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, I(DH)EAS, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, entre otros, hemos acompañado la discusión sobre juventudes, derechos culturales, aborto, trata de personas, familias diversas y personas migrantes. Solo como ejemplo destaco algunos de los eventos que fueron fruto de este esfuerzo: el seminario internacional “Mitos y realidades sobre el aborto”, el “Primer Coloquio sobre derechos de autor y la cultura como derecho humano”, el seminario “Litigio estratégico y migración en México” y la “Audiencia pública por el reconocimiento a los derechos humanos de las y los jóvenes”.
En el tercer nivel, hemos buscado armonizar agendas, convocando alrededor de un tema central a organizaciones e instituciones con intereses y metodologías diversas, pero convergentes con los derechos humanos. En estos esfuerzos ha sido crucial la participación de organizaciones como el Grupo de Educación Popular con Mujeres, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Programa Universitario de Estudios de Género, el Inmujeres DF, así como instituciones de justicia, salud y educación del gobierno del Distrito Federal.
En materia educativa, hemos continuado el trabajo con niñas y niños para que asimilen valores asociados a la paz, el respeto por las diferencias y la resolución no violenta de conflictos. Con esa misma visión iniciamos un proceso de revisión profunda de nuestra labor de capacitación a servidoras y servidores públicos. No queremos que ellos y ellas entiendan a los derechos humanos como retórica, sino que los interioricen y proyecten en su labor cotidiana.
En materia de comunicación, logramos más de seis mil impactos en prensa, radio y televisión, así como la cobertura mediática de más de 260 eventos. De manera complementaria, en 2010 registramos más de medio millón de visitas a nuestro portal. Hoy contamos, además, con una nueva página web que se perfila como una efectiva ventana de servicios, más intuitiva pero sobre todo, más accesible.
Fortalecimiento de institucionalidad democrática
En 2010 continuamos el proceso de consolidación de nuestros Programas Transversales de Equidad de Género, el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, el Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente y el Programa por la Igualdad y la No Discriminación. Llevamos a cabo, también, el Quinto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos.
Como parte central del fortalecimiento de la institucionalidad democrática en la Comisión, se implementó un nuevo esfuerzo transversal, el Programa de Recreación, Deporte, Salud y Actividades Culturales, que supuso en su primera fase, una serie de medidas para armonizar la vida laboral con la vida personal de nuestras compañeras y compañeros en la Comisión.
Con ese mismo objetivo, hemos emprendido una importante reforma en el servicio profesional. En 2010 ocurrió el primer concurso interno para la promoción del personal a las vacantes existentes. El concurso innovó al incorporar pruebas que midieron la capacidad de aplicación de conocimiento –y no la retención de información- así como al introducir mecanismos de transparencia que dieran certeza sobre los resultados. En lo que se refiere a los contenidos, estamos en medio de un proceso de revisión y reforma que nos llevará finalmente a adoptar un modelo de competencias.
Sinergias
La complejidad de los problemas actuales requiere de enfoques integrales en los que el valor de las acciones se potencie en función de la capacidad de sinergia que una institución puede lograr, para interactuar armónicamente con los diversos sectores que constituyen el Estado constitucional moderno.
Con esa visión, nos hemos dado a la tarea de incentivar la solidaridad ciudadana, a través de colectas y programas para la ayuda a personas damnificadas. Lo hicimos con Haití, con Chile, con Baja California, con Nuevo León y con Veracruz. Hemos buscado integrarnos a nuestro entorno de distintos modos. Por iniciativa de la Comisión, nuestra colonia, el Pueblo de Axotla, ha sido reconocida ya como pueblo originario. Para facilitar a las y los vecinos un destino útil a materiales escolares en general, y con ello formar conciencia en torno a la cultura de la reutilización y el reciclaje, hicimos un acopio de más de 4 toneladas de materiales escolares, la mayor parte de los cuales fueron donados a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y a la Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P. Hoy es común observar que los vecinos y las vecinas acuden a la Comisión para participar en nuestros eventos, actividades de cine y otros encuentros culturales.
En el ámbito de nuestras relaciones internacionales, cabe destacar que la Comisión cuenta con un asiento permanente como invitada al Consejo de Procuradurías de Derechos Humanos de Centroamérica. También seguimos jugando un rol protagónico en la Red de Organismos Metropolitanos de Defensa de Derechos Humanos, y teniendo presencia en diversos foros internacionales, gracias a la colaboración estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la UNICEF y con la Unión Europea.
Pero el mayor esfuerzo de sinergia lo constituye, sin duda, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 2010, fue punto de llegada, pero también un nuevo punto de partida para el Programa. Por una parte, este proceso, sin duda es referente en la materia por su capacidad de convocatoria, por su metodología de trabajo y porque fue producto de una relación de cooperación entre una gran diversidad de actores. Se logró un diagnóstico, un programa y un presupuesto que, con perspectiva de derechos humanos, ha comenzado a reorientar la política pública en la ciudad. Por la otra, en 2010 inició la discusión que, a principios de este año, generó la aprobación de la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. El proceso culminó esta misma mañana con su promulgación, lo cual celebramos. De aquí en adelante, el reto que enfrentamos es que el Programa, y ahora también su Ley, contribuyan a que la Ciudad de México sea el espacio mejor identificado en el país con un verdadero Estado de Derechos.
La promulgación de la Ley hace relevante refrendar un compromiso de fondo con los derechos humanos, de modo tal que garanticemos que este esfuerzo, que nos vincula a todas y todos, evada la tentación de la autocomplacencia y la simulación. Como afirman los expertos, la realidad es un tema de escalas, y por ello, lo que desde lejos parece un terreno liso y llano, suele ser, al verlo de cerca, territorio áspero y empedrado. En esa lógica, para esta Comisión es un orgullo lo que el Programa representa en el contexto nacional e internacional, y en efecto, reconocemos en muchas y muchos servidores públicos, una actitud favorable y decida en pro de los derechos humanos.
Pero los diversos sectores que estamos involucrados en la implementación del Programa estamos obligados a percibir la realidad en escala de uno a uno. Por ello, el Programa y su Ley implican, para todas y todos quienes participamos en él, mucho menos un mérito consumado, y mucho más, la alta responsabilidad de su cabal cumplimiento.
En el marco de ese compromiso, la premisa de trabajo para esta Comisión ha sido proteger y promover los derechos humanos con énfasis en el acuerdo social que representa el Programa. Por ello, en 2010, incorporamos a nuestro Programa Operativo Anual las 380 líneas de acción de las que es responsable o corresponsable la Comisión, y registramos un avance en su implementación del 98%. Esto nos coloca como la entidad comprometida que mayor avance tuvo ese año respecto del Programa.
Empoderamiento de personas
La Comisión fortaleció la identidad temática de sus Visitadurías. El núcleo de justicia quedó bajo el cuidado de la Primera y Segunda Visitadurías Generales. La Tercera Visitaduría se encarga del núcleo de Seguridad Humana, y la Cuarta Visitaduría sigue haciéndose cargo de las violaciones graves a derechos humanos, además de atender los diez grupos que el Programa de Derechos Humanos señaló en situación de riesgo, discriminación o vulnerabilidad.
Como es de su conocimiento, el pasado 14 de abril presenté ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un informe de la situación que guardan los derechos humanos en la ciudad, de acuerdo con las quejas y servicios que atiende esta Comisión, con especial énfasis en la denuncia de servidoras y servidores públicos que no aceptaron, aceptaron parcialmente o no han cumplido con las Recomendaciones emitidas para que, de conformidad con la Ley, la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, exija una explicación fundada y motivada de las razones de su proceder.
Es necesario dejar claro, señor Jefe de Gobierno, que esta institución es una garantía constitucional de protección de los derechos fundamentales. En tanto somos nosotros la autoridad que la Constitución determina para establecer cuándo y quién viola derechos humanos en la ciudad, el rechazo, total o parcial, o el incumplimiento de una Recomendación, implican desconocer la garantía que representa esta Comisión y, por ende, anular los derechos de las víctimas.
Por ello, que sea prerrogativa de la autoridad aceptar o rechazar una Recomendación incrementa su obligación de fundar y motivar, ante la ciudadanía, las razones para hacerlo.
En 2010, recibimos más de 9 mil quejas. En siete de cada diez de las casi 8 mil que fueron concluidas, se constataron violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de Gobierno –en especial la subsecretaría del sistema penitenciario–, así como la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, fueron las autoridades más señaladas. Las violaciones más acreditadas fueron contra los derechos de las personas privadas de la libertad, la seguridad jurídica, la salud, las víctimas, la integridad y el debido proceso. Emitimos un total de 12 Recomendaciones. De ellas, nueve fueron parcialmente aceptadas y una rechazada. El Secretario de Gobierno aceptó parcialmente tres de siete Recomendaciones que recibió, el Procurador General de Justicia aceptó de manera parcial dos de cuatro, y los secretarios de Seguridad Pública y de Salud, aceptaron parcialmente una de las dos recibidas. El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal sólo recibió una Recomendación que aceptó parcialmente, y el Oficial Mayor también recibió sólo una Recomendación, que no aceptó, convirtiéndose en la única autoridad que en 2010 rechazó una Recomendación.
Del diagnóstico de situación que emerge del Informe presentado ante la Asamblea, destacan importante pendientes. Llama la atención que servidoras y servidores públicos continúen desatendiendo las solicitudes ciudadanas, obstaculicen el derecho a la información y ejerzan diversas formas de discriminación. Estas situaciones son si duda evitables, por lo que no deberían seguir ocurriendo. En el caso de la discriminación, no hay excusa; los más de cien asuntos que atendimos en 2010 exigen un compromiso serio con la sanción de quien discrimina.
En materia de poblaciones, hay pendientes que el gobierno debe atender con mayor énfasis. Las y los jóvenes siguen siendo perseguidos y estigmatizados, destinatarios de políticas asistenciales, desarticuladas y sin perspectiva de derechos. Para las mujeres, el Distrito Federal sigue siendo el primer lugar en violencia comunitaria, y el primer lugar en violaciones a niñas y adolescentes. La situación de las personas con discapacidad se refleja en los obstáculos reales y simbólicos para la accesibilidad, y en actitudes contrarias a la Convención de Naciones Unidas que protege sus derechos. La población adulta mayor sigue siendo excluida. El común denominador en todos estos casos es la necesidad de avanzar hacia una visión transversal y de derechos humanos que coloque en leyes, políticas y programas que son para todas y todos, los derechos de estas poblaciones, y en general de todas aquellas que han sido excluidas o estigmatizadas.
En lo que se refiere a la seguridad humana, el problema más apremiante se encuentra en el ámbito de la salud, y es que, aun cuando reconocemos ampliamente la labor que realiza el Secretario Ahued y su disposición permanente a colaborar con la Comisión, nuestros datos señalan que todavía hay servidoras y servidores públicos que obstaculizan el acceso a servicios hospitalarios y que dificultan la atención especializada y la canalización oportuna de quienes utilizan el sistema.
2010 vio surgir también importantes cuestionamientos en torno a los proyectos de desarrollo urbano. Hemos verificado que en diversos casos se han desobedecido normas que aseguran la participación ciudadana, la medición rigurosa de los impactos ambientales y la transparencia en temas de innegable interés público. Estos patrones deben corregirse y encausarse por la doble vía del respeto irrestricto a la ley y la concertación ciudadana. La atención de estos asuntos no debe minimizarse, porque solo así es posible evitar conflictos y desencuentros entre Gobierno y ciudadanía como el que motivó, a finales del año 2010, el caso Supervía.
Sin duda, el ámbito que concentra las mayores y más graves violaciones a derechos humanos, sigue siendo el del sistema de justicia penal. En 2010, las quejas en este núcleo aumentaron 17%. La mayoría se refieren al sistema penitenciario, por lo que nuevamente es imperativo destacar la apremiante situación de los centros de reclusión, que constituyen un foco de alarma en materia de violaciones a los derechos humanos en el Distrito Federal. Especial relevancia implica el gravísimo caso de trata de internas en el sistema penitenciario, que originó la Recomendación 04/2010 contra la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia. Cabe señalar que el Tribunal Superior de Justicia ha cumplido en su totalidad con lo que le fue recomendado pero, por este caso, hay sólo una persona sentenciada, otra está prófuga y ningún servidor o servidora pública del sistema penitenciario ha recibido sanción. La persona denunciante fue golpeada por custodias y vive bajo vigilancia permanente de la Comisión porque teme por su vida y por su integridad. Esta Recomendación y otros casos dejan ver que en las prisiones existen estructuras de poder que hacen posible todo tipo de mercados ilegales; que las y los internos están a merced de la violencia institucional; que hay personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas enfermas que podrían ser sujetas de alternativas a la prisión.
El núcleo de seguridad pública y sistema de justicia es el que más derechos erosiona, porque no sólo afecta a las personas que tienen contacto directo con éste, sino a muchas otras que son víctimas indirectas de la violencia que ahí se produce; presenta retraso en la modernización de sus prácticas, procedimientos y actitudes; y también es, estructuralmente, el más opaco y proclive a la corrupción. Sorprende por ello, que la armonización con la reforma penal constitucional haya avanzado de manera tan lenta e ineficiente. Especial mención merece la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones que desafortunadamente no logró superar el paradigma peligrosista y avanzar contundentemente hacia una perspectiva de derechos.
En esa lógica, es oportuno saludar la reciente aceptación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Recomendación 02/2011 sobre el arraigo. Ante esta aceptación, esperamos que el Magistrado Presidente y la institución en su conjunto asuman cabalmente los contenidos de la misma para su eficaz cumplimiento.
Por fortuna, en la mayoría de los casos que investigamos contamos con una gran colaboración de las autoridades; de ello da cuenta que en el 72% de los casos en los que se acreditaron violaciones, los asuntos fueron resueltos durante el trámite; pero es mi deber informar sobre las resistencias que frecuentemente enfrentamos en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia para adolescentes. Asimismo, señalamos la actitud de algunas autoridades para cuestionar el mandato legal y la autoridad del Ombudsman, disputándole la competencia, interpretando a conveniencia sus Recomendaciones, aceptando a modo los puntos recomendatorios que no les confrontan con su condición de violadores de derechos humanos, negándose a la reparación del daño, y arguyendo posiciones jurídicas arcaicas, formalistas y contrarias a los derechos humanos. No debemos tolerar estas violaciones, ni consentir la impunidad de quienes las cometen, porque esos casos empañan la actitud de colaboración y el compromiso de los buenos servidores públicos, quienes comprenden la función del Ombudsman, le acompañan e incluso, cuando no están de acuerdo con sus resoluciones, las acatan y buscan la manera de mejor cumplirlas.
Hoy se ha materializado la reforma más importante a la Constitución desde 1917, que posiciona a los derechos humanos en un lugar central de nuestro ordenamiento jurídico. Con ella, y el Programa de Derechos Humanos, el Distrito Federal cuenta ya con un importante marco jurídico para la protección y promoción de estos derechos, Pero más allá de la formalidad legal, el gran reto que se nos impone es cambiar la actitud respecto del valor de los derechos fundamentales en la vida pública, abandonar el formalismo y el parroquialismo jurídico, el asistencialismo, el peligrosismo, el paternalismo, el populismo punitivo y todas esas actitudes jurídicas y políticas que siguen haciendo de las personas objeto de la voluntad gubernamental y no sujetos de su propio destino.
En ese contexto, todas y todos estamos llamados a entender y vivir una cultura de derechos, que pase del estado benefactor al estado obligado con los derechos, del estado clientelar al estado horizontal con la diversidad de identidades ciudadanas, en suma de un estado que le apueste a responder y generar una sociedad civil fuerte, que pase de la tolerancia al respeto pleno de la otredad y sus derechos.
En ese contexto, esperamos de ustedes, titulares de los órganos de gobierno del Distrito Federal, su más estricto compromiso para hacer del respeto a los derechos humanos una prioridad, esa es la mejor garantía contra la corrupción, la impunidad, la simulación y la discrecionalidad, y la mejor herramienta de cambio social hacia una verdadera cultura de derechos en la ciudad.
Muchas gracias.
