Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 01/2013
18 de abril de 2013
Diputadas y Diputados a la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); distinguidas invitadas e invitados, muy buenas tardes a todas y todos.
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), comparezco ante ustedes para informar la situación de los derechos humanos en la ciudad de México, así como lo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012.
El año de 2012 fue, hasta el 5 de diciembre, el último tramo de un sexenio caracterizado por cambios trascendentales en materia de derechos humanos en la ciudad. Durante este periodo, fuimos testigos de un ambicioso proyecto para elaborar el Diagnóstico y, después, un Programa de Derechos Humanos que continúa en proceso de consolidación. Asimismo, acompañamos reformas e iniciativas de ley que pusieron a la ciudad de México a la vanguardia, al permitir la ortotanasia, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y los matrimonios igualitarios.
A pesar de los avances en la legislación del Distrito Federal, en los últimos tres años hemos notado cierta ambigüedad de algunas autoridades del gobierno de la ciudad de México en la aceptación y cumplimiento de las Recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cabe destacar que la respuesta de las autoridades de la capital hacia el órgano constitucional autónomo que presido, incluyó argumentos formalistas o que generaron dudas sobre nuestra autonomía e independencia.
No obstante, el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2012 fue constante y valiente:
Atendimos a más de 92 mil personas.
* Recibimos más de 8 mil quejas (8,129), de las cuales investigamos y concluimos más de 7 mil 500 (7,597) y emitimos 5 mil 892 medidas precautorias.
* Asimismo, en 2012 emitimos un total de 20 Recomendaciones, de las cuales dos fueron totalmente aceptadas, destacando que el Gobierno actual reconsideró tal posicionamiento y fueron aceptados integralmente ocho instrumentos; siete fueron aceptadas parcialmente y cinco no aceptadas.
* Durante el año anterior, presentamos cuatro amicus curiae y tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como seis informes a los mecanismos y relatorías de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.
* Se emitieron dos informes especiales sobre “Derechos Humanos de las personas jóvenes en el Distrito Federal” y sobre «el derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México”.
* Se emitió la Propuesta General que informa sobre los mecanismos e instrumentos de protección de derechos humanos en el Distrito Federal, en razón del internamiento de policías foráneas en la circunscripción territorial de la ciudad de México.
En otras actividades, llevamos a cabo más de 500 eventos, incluyendo seminarios, talleres, cursos y conversatorios. Gracias a una sólida presencia de la Comisión en los medios de comunicación, insertamos en la agenda pública temas relacionados con el debido proceso, la situación penitenciaria y la tortura e introdujimos nuevos temas como el de la movilidad urbana, la basura y el medio ambiente, cuya relevancia fue destacada diariamente por los medios de comunicación.
El arduo trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no habría sido posible sin el respaldo de, al menos, 178 organizaciones de la sociedad civil, renombradas instituciones académicas del país, diversas embajadas, medios de comunicación y periodistas, que han sido aliados y han hecho suyas varias de nuestras banderas, abriendo espacios importantes para la reflexión y el debate, así como de organismos locales e internacionales de protección de derechos humanos.
La destacada participación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la articulación de la agenda de derechos humanos y, por tanto, en la incidencia de la vida cotidiana de millones de personas, ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.
Un ejemplo es el mayor esfuerzo de articulación translocal que se haya intentado en el país: nuestro proyecto “REDh migrantes” que involucra tanto a las más importantes organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica y México, en colaboración con las instituciones “Ombudsman” nacionales de la región, desde Guatemala hasta Panamá y con las comisiones estatales de derechos humanos de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, y Tlaxcala, como a la UNICEF y otros mecanismos a través de la coordinación de estrategias regionales de protección y defensa de los derechos de las personas migrantes. En el proyecto también participa la Unión Europea, institución que lo auspicia financieramente.
Por otro lado, gracias a las capacidades de nuestro Centro de Investigación Aplicada, en 2012 el avance del proyecto ReformaDH permitió crear una metodología nacional para la capacitación de operadores jurídicos en el marco de la Reforma Constitucional del verano de 2011, con la ayuda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, FLACSO, la UACM, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM y el CIDE.
Ambos proyectos, tanto “Redh migrantes” como “ReformaDH” son la muestra fehaciente del alcance y la relevancia de la Comisión en la agenda de derechos humanos del Distrito Federal.
Como resultado de la Reforma de Derechos Humanos de 2011, la Comisión ejerce sus nuevas facultades para conocer de la violación de derechos humanos laborales, a través de la recién creada nueva Quinta Visitaduría General, que colabora estrechamente con los sindicatos del país, y que fue pieza clave en la solución satisfactoria del conflicto laboral que afectó a los compañeros del H. Cuerpo de Bomberos.
Cabe destacar, la misma Quinta Visitaduría General tuvo un papel central en la investigación que en materia de derechos humanos laborales del personal administrativo y académico, así como a los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dio lugar a la Recomendación 14/2012.
La Quinta Visitaduría General junto con la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, llevaron a cabo diversos acercamientos con el Gobierno de la Ciudad y establecieron un importante compromiso para atender y cumplir los laudos contenidos en el instrumento recomendatorio 11/2012.
Por otra parte, la Reforma de Derechos Humanos de 2011 ha permitido a la Tercera y Cuarta Visitaduría atender los problemas relacionados con la seguridad humana, entre las que destacan la Recomendación 2/2012, que visibiliza el grave problema de desatención pública de la discapacidad psico-social; la Recomendación 8/2012, relativa a la situación actual del sistema de transporte, mismo que precisa una modernización que garantice el derecho a la movilidad, con irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas usuarias y de las concesionarias; la Recomendación 14/2012, que determinó violaciones al derecho a la educación por parte de autoridades de la UACM; la Recomendación 15/2012, que evidenció omisiones en materia de salud materno-infantil; la Recomendación 17/2012, que hizo patentes las obligaciones incumplidas de la Jefatura Delegacional de Venustiano Carranza con motivo de las molestias vecinales de las llamadas romerías; así como la Recomendación 19/2012,sobre asentamientos humanos irregulares en la zona natural protegida de Xochimilco.
En suma, trabajo, salud, educación, movilidad, espacio público, vivienda, medio ambiente y cultura —derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o DESCA como se les conoce— son, como puede verse con estas Recomendaciones, la agenda prioritaria en materia de seguridad humana de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Y precisamente sobre seguridad, en 2012 la seguridad pública y el sistema de justicia se mantuvieron en los primeros lugares en quejas y recomendaciones de la Comisión que presido.
La permanencia de la tortura fue evidenciada en las recomendaciones 1/2012, imputada al extinto grupo “Tiburón”, que actuaba en los reclusorios de la ciudad; la Recomendación 4/2012, que documentó el caso de tortura a manos de la policía de la ciudad contra ciudadanos en el barrio de Tepito, y la Recomendación 13/2012, sobre la tortura perpetrada por un grupo de policías de investigación adscritos a la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría local en contra de un ciudadano.
En el contexto de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité contra la tortura de la OEA, esta Comisión presentó junto con los organismos públicos de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, un informe regional sobre la situación de la tortura en el país así como en sus respectivas entidades. Este fue un informe sin precedentes que da cuenta de que la tortura en México continúa siendo una práctica sistemática en las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarias favorecidas por omisiones estructurales del sistema de justicia que generan altos niveles de impunidad.
En el mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó practicas cuya gravedad en materia de derechos humanos es igualmente innegable: la Recomendación 3/2012, sobre la presentación de probables responsables ante medios de comunicación; la Recomendación 5/2012, sobre la falta de profesionalismo por parte de personal adscrito al Ministerio Público al momento de efectuar una consignación (lo que, por cierto, negó el acceso a la justicia a una señora a la que un accidente motivado por un trasporte público dejó con una incapacidad permanente); las recomendaciones 16 y 18/2012, sobre los injustificables casos de negligencia y omisiones de la autoridad que permitieron la muerte de dos personas (un adulto y un adolescente) bajo la custodia de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en sus propias instalaciones; la Recomendación 20/2012, sobre la criminalización de jóvenes víctimas de los operativos realizados para, supuestamente, proteger a adolescentes que acuden a las llamadas “fiestas clandestinas”.
Preocupa a esta Comisión la sistemática y grave situación de los reclusorios capitalinos debido a los altos índices de corrupción que es la principal causa de descomposición de la ejecución de la sanción penal, como cada año, hacemos un enérgico llamado a la Secretaría de Gobierno para su atención, ya que durante el periodo que se informa se registraron varios decesos por muerte violenta, se incrementaron las quejas respecto al año anterior por el tema de atención a la salud de personas privadas de libertad y se presentó una huelga de hambre como protesta por los constantes actos de corrupción del personal administrativo de los centros y del personal de seguridad y custodia. A casi 18 años de haberse emitido la Recomendación 16/1995 sobre privilegios y carencias en los centros penitenciarios varoniles en el Distrito Federal, esta Comisión informa que el instrumento prácticamente no ha sido atendido y las personas privadas de libertad sobreviven en condiciones indignas.
De todos los casos anteriormente mencionados, la autoridad argumentó que se trataba de hechos aislados, negándose a reconocer lo que, desde nuestra perspectiva, es más que evidente: deficiencias en la investigación y custodia de personas detenidas, tortura, prácticas efectistas, criminalización de jóvenes. Consideramos que dichas prácticas tienen un fondo estructural y, por ello, hacen urgente la reforma de fondo de la policía, del sistema de justicia penal y del sistema penitenciario, un pendiente impostergable.
Un eje importante que la CDHDF desarrolla en su actividad diaria es la lucha contra la impunidad. En el 2012 se incorporaron al Programa institucional 123 procedimientos administrativos y penales, de los cuales 63 están relacionados con instrumentos recomendatorios. Asimismo, cabe destacar que este programa registró 32 sanciones contra 28 servidoras y servidores públicos involucrados en violaciones a derechos humanos.
Quizá uno de los temas en los que mejor se expresa el valor de la Reforma de Derechos Humanos de 2011 es la noción de democracia, que supone un compromiso efectivo con el respeto a la diversidad de identidades que conforman la sociedad.
Y a pesar de que esta ciudad se ha caracterizado por avances importantes en la protección de los derechos de las mujeres y de quienes conforman la comunidad LGBTTTI, tres Recomendaciones de la Comisión resultan significativas en este sentido: la Recomendación 9/2012, en torno a la tolerancia de la trata y prostitución ajena en zonas aledañas a la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc, tema en el que nos hemos pronunciado con anterioridad y que requiere de atención urgente; la Recomendación 7/2012, que se refiere al daño ocasionado contra la honra de la ciudadana María del Pilar Corona Toledo que resultó expuesta a comentarios con contenido agraviante (con la aquiescencia de la autoridad), en la página oficial “Noticias de tu ciudad” del Gobierno del Distrito Federal, lo que preocupa no sólo por la ausencia del reconocimiento del agravio, sino por la no aceptación de la Recomendación en detrimento de los derechos de una persona mediante una violación que, desafortunadamente, ha continuado. Por último, la Recomendación 12/2012, que se refiere a la decisión de las entonces autoridades del Sistema de Trasporte Colectivo Metro de cerrar los últimos vagones de los trenes de la línea 2 argumentando que eran usados por personas gay y lesbianas para procurarse manifestaciones de carácter físico y sexual que, finalmente, tras la solicitud de reconsideración en 2013 fue aceptada integralmente.
La rendición de cuentas es esencial para la relación entre derechos y democracia. Por esta razón, insistimos en que esta soberanía materialice lo dispuesto tanto en la ley como ahora también en la constitución, la obligación de los servidores públicos que no acepten, acepten parcialmente o incumplan las recomendaciones emitidas por esta Comisión, de comparecer ante la ALDF.
Es por ello que, esta mañana, ha sido entregada en la oficina de la Diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Legislativa, una carpeta que detalla el estado de aceptación y cumplimiento en torno a las recomendaciones de las que he dado cuenta hasta ahora, así como de la declaración de incumplimiento que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha llevado a cabo en torno al caso Ruta 100, que originó la Recomendación 03/2011, la cual fue aceptada parcialmente y además después de casi 12 años de denuncia no se ha procurado justicia a más de 6 mil personas agraviadas.
Hacemos un llamado a esta Asamblea para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues es una exigencia de la ciudadanía y un pendiente de la rendición de cuentas de los funcionarios.
El 2012 fue también el marco de la contienda electoral que marcó el cambio de poderes, tanto a nivel nacional, como en el Distrito Federal. Las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fueron sede del histórico debate entre la y los candidatos a la presidencia de la República, convocado por un talentoso grupo de jóvenes integrantes del movimiento #yosoy132. Asimismo, motivamos a las y el candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a firmar una carta compromiso con los derechos humanos, acción que replicamos con las jefas y jefes delegacionales electos y con ustedes, diputadas y diputados a esta VI Legislatura.
El sentido de la firma de la Carta Compromiso está vigente desde entonces, y a varios meses de distancia, la gran mayoría lo hemos honrado. Confío en que el compromiso por los derechos humanos será el sello que caracterice el desempeño de sus responsabilidades en el futuro.
Con la misma convicción, reconozco el acompañamiento de la VI Legislatura en diversos temas de preocupación en torno a los derechos humanos, que incluyen la instalación de una comisión especial para caminar hacia la reforma penitenciaria; la sensibilidad mostrada frente a los excesos del primero de diciembre pasado; los trabajos coordinados para revisar la ley de uso de la fuerza; su compromiso contra la trata de personas, e incluso frente a la necesidad de discutir temas que en el pasado ni siquiera se tocaban, como es el caso del arraigo.
Estas acciones dan muestra de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal trabajan de la mano en la prevención legislativa de violaciones a derechos humanos.
Es importante destacar que, a partir del 5 de diciembre de 2012, la relación entre el Gobierno de la Ciudad y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha consolidado favorablemente. Desde los primeros días, la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titular es la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, promovió la aceptación de la Recomendación 2/2012 y refrendó su compromiso con derechos humanos de esta Ciudad, mientras que la Consejería Jurídica, hoy a cargo del maestro José Ramón Amieva, resolvió el pago de indemnizaciones para víctimas de la Recomendación 15/2012, relacionada con salud materno-infantil, lo que permitió reparar el daño a un importante número de mujeres que resultaron víctimas de la violación a su derecho a la salud, así como destacar que el Secretario de Salud, Doctor Armando Ahued, se mostrara como un funcionario con sensibilidad e indiscutible compromiso con el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo cual ha redundado en beneficio de las víctimas y personas peticionarias. Nos gustaría que otros servidores públicos siguieran su ejemplo, e identifiquen a la Comisión como la herramienta para detectar problemas estructurales o a servidores públicos que no respetan la ley, y ayudar a corregir y sancionar.
En el marco de un círculo virtuoso, las reacciones gubernamentales expresan una nueva tendencia hacia la aceptación de las Recomendaciones y hacia un compromiso para su cumplimiento como, por ejemplo, la decisión de reconsiderar las Recomendaciones rechazadas, o solo parcialmente aceptadas, por la administración anterior, incluyendo las Recomendaciones sobre laudos, la relacionada con el cierre de vagones en el metro, e incluso la de la persona privada de la libertad a la que se responsabilizó de hacerse un tratamiento con botox. No obstante, seguimos insistiendo en todos los casos porque, para esta Comisión, las reconsideraciones y consiguiente aceptación de las recomendaciones tienen un efecto directo en el resarcimiento de los daños que las violaciones ocasionaron a las víctimas.
Por esta razón, quiero refrendar que el compromiso real con los derechos humanos, en una ciudad compleja como ésta, no puede medirse ni por el número de Recomendaciones que emite la Comisión, ni por el número de discursos que da el gobierno a favor de los derechos: el compromiso con los derechos humanos se mide, más bien, por el nivel de aceptación de las Recomendaciones y con las muestras reales de su cumplimiento.
Quiero destacar el acto que encabezó el Jefe de Gobierno, para dar a conocer la iniciativa para eliminar el arraigo, ya que es un acto de congruencia que reconoce el valor de los organismos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y responde a nuestra Recomendación 02/2011. De ser aprobada la iniciativa, la ciudad de México se colocaría nuevamente a la vanguardia y como ejemplo de los demás estados y de la Federación.
Quiero reconocer, como lo hice hace unos días, la actitud del gobierno de la ciudad frente a las madres y padres de las víctimas del News Divine, que desde hace cinco años esperan justicia, por lo que la decisión de estar a su lado abona, sin duda, al resarcimiento de un daño que es, por su naturaleza, irreparable.
Dado el contexto, estoy seguro que la relación propositiva que hemos consolidado entre Gobierno, Asamblea y Comisión se verá reflejada en la eventual aceptación de la Recomendación 7/2013, sobre las detenciones arbitrarias, la brutalidad policial y otras violaciones cometidas por la policía de la ciudad, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia en agravio de personas inocentes, el primero de diciembre pasado en el marco de la toma de protesta del Poder Ejecutivo federal. Si bien hay pendientes, confiamos que es posible arrancar un proceso incluyente que concite a las mejores mentes nacionales e internacionales para que podamos emprender una reforma seria y profunda de nuestra policía y de nuestro sistema penal y penitenciario.
De acuerdo con la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos propuesto al Jefe de Gobierno el relanzamiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es un activo de ciudad con reconocimiento mundial, y que en sí mismo guarda la semilla de un modelo de gobernanza que sería inédito en el país y en varios lugares del mundo, puesto que Gobierno, Comisión, Asamblea, academia y ciudadanía, pueden trabajar conjuntamente para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias que resuelvan los problemas más acuciantes de nuestra capital.
Con el esquema de amplia cooperación estamos ya trabajando con las poblaciones callejeras, a favor de las mujeres, las niñas y los niños, las poblaciones indígenas, la comunidad LGBTTTI, a favor de la reforma de justicia penal, con la movilidad urbana, la migración y otros temas que sin duda tienen un valor estratégico para la ciudad. Quiero agradecer la colaboración de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de las diputadas y diputados, así como de las y los titulares de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Salud, Seguridad Pública, de la Consejería Jurídica, y de la Procuraduría General de Justicia, que ya están sentados con nosotros atendiendo estos temas.
Agradezco, en suma, el respeto que autoridades de Gobierno y Asamblea han mostrado hacia la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en esta nueva etapa, lo que nos exige un mayor compromiso, y nos obliga a apuntar hacia la incidencia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está hoy más que nunca, comprometida con la incidencia más que con la denuncia.
Quiero agradecer el apoyo que, como siempre, brindaron a la Comisión durante este año, las y los integrantes del Consejo Consultivo: José Antonio Caballero, José Luis Caballero, Miguel Carbonell, Santiago Corcuera, Denise Dresser, Manuel Fuentes, Patricia Galeana, Mónica González, Ernesto López Portillo, Nashieli Ramírez, Carlos Ríos y José Woldenberg. Desde esta tribuna recuerdo también con mucho cariño a nuestra muy querida Mercedes Barquet, quien seguro estaría aquí ahora acompañándonos, como lo hizo siempre y hasta la última sesión del Consejo a la que asistió, sólo unos días antes de su partida, en noviembre de 2012. No es un lugar común afirmar que en el Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el talento, la solidez, la probidad y la perspectiva ciudadana de quienes lo integran son los principales garantes de nuestra autonomía, de nuestra fortaleza y nuestra capacidad técnica, así como de nuestro compromiso con la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Diputadas y Diputados, quedo a sus órdenes, muchas gracias.
