Discurso 005/2014
18 de febrero de 2014
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Buenas tardes a todas y todos, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reconocemos el esfuerzo que nos reúne el día de hoy en la presentación de este Diagnóstico, porque la defensa de los derechos humanos constituye la esencia básica de cualquier Estado.
En su labor, las personas defensoras fomentan valores y prácticas democráticas, promueven el buen gobierno, la cultura de legalidad, la paz, y colocan por encima de todos los derechos el respeto a la dignidad humana; por ello su defensa y su promoción resulta de vital importancia. Justo en este apartado de promoción radica la relevancia del presente Diagnóstico sobre el derecho a defender derechos, pues en este esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se presentan elementos claros, relativos a obstáculos, limitaciones y vacíos en las estructuras legales y administrativas del Distrito Federal para atender integralmente los riesgos y las agresiones que sufren las personas defensoras en su labor.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos reconoce todos los esfuerzos invertidos en ello, particularmente el compromiso de la sociedad civil que abonaron a la construcción reflexiva y crítica de los elementos desarrollados en el Diagnóstico, así como el de las personas defensoras que aceptaron hacer público su caso, quienes buscando a través de diversas instancias la investigación de los hechos y la obtención de la justicia, nos permitieron documentar las necesidades del fortalecimiento de los mecanismos para su protección.
Asimismo, reconocemos las acciones del Comité y de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos que retomaron el “Informe especial del derecho a defender derechos humanos”, realizado por esta Comisión en el año 2011, para impulsar un capítulo al interior del Programa de Derechos Humanos que brinde una pauta de política pública para garantizar integralmente este importante derecho.
El Diagnóstico analiza de manera transversal el Mecanismo para personas defensoras y periodistas de la ciudad de México, señalando puntualmente los retos que enfrenta el Gobierno del Distrito Federal para diseñar mejores modelos de articulación operativa e intervención interinstitucional que coadyuve a la garantía de seguridad y la integridad de las y los defensores.
En este sentido, las Recomendaciones emitidas en el presenteDiagnóstico dan cuenta de ello con claridad y profundidad. La Comisión coincide plenamente con cada una de estas Recomendaciones, las cuales parten del principio de que el respeto, protección, promoción y garantía del derecho humano a defender los derechos pasan necesariamente por el diseño de marcos normativos y políticas públicas que aseguren la protección de las personas que ejercen este derecho, así como de la creación de canales y mecanismos accesibles que aseguren el acceso a la justicia cuando algún defensor o defensora haya sido víctima de algún delito o de algún abuso relacionado con su ejercicio.
En esta presentación quiero destacar alguna de las Recomendaciones del Informe y proponer públicamente algunas acciones específicas para concretarlas en el corto tiempo, generando un proceso de articulación entre el Gobierno, la sociedad civil y las defensoras y defensores de derechos humanos con la propia Comisión.
Efectivamente, el Mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, derivado de un Convenio de colaboración interinstitucional, debe contar con un marco que otorgue certeza jurídica y que complemente la voluntad de coordinar esfuerzos con la obligación legal de cumplir con determinados estándares, a fin de otorgar responsabilidades particulares a cada una de las dependencias y contar con un fondo que garantice la disponibilidad de recursos para la atención integral a las personas defensoras y periodistas en riesgo, ya sea que residan o transiten, incluso, en esta ciudad.
Pero este Convenio-Marco debe integrar un apartado de atención integral que incluya la atención psicosocial, jurídica, médica y de apoyos sociales inmediatos para todas las personas que se acojan al propio Mecanismo. También debe de involucrar a la sociedad civil nacional e internacional en la procuración y administración de los fondos económicos destinados para estos fines de protección integral, propiciando que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destine mayores recursos para la operación de este Mecanismo de protección.
Cuando se suscribió el Convenio original para crear este Mecanismo, no se contaba con una ley federal ni se contaba con un mecanismo nacional de protección, y a pesar de ello, la Capital fue un referente en este instrumento. Hoy tenemos la oportunidad de redimensionar el Mecanismo local, de rediseñar el Convenio-Marco, de ampliar sus capacidades, de brindar una atención integral y definir el nivel de articulación para que los beneficiarios y sobre todo para las personas que defienden los derechos humanos en la Capital tengan ese ejercicio de manera segura.
La Comisión confía en la voluntad de todos los actores involucrados en dar seguimiento a este Informe e integrarlo plenamente a un capítulo del Programa de Derechos Humanos, para así poder visibilizar el estado que guarda este derecho en nuestra capital.
Por último, quiero también proponer en la discusión y está pendiente este proceso, en su oportunidad en la Asamblea Legislativa el integrar el Código de Procedimientos Penales de la ciudad, la línea de investigación cuando haya amenazas a defensores y periodistas para que se genere lo que no debe darse en toda sociedad, las condiciones que no abonen a la impunidad. No se debe tolerar, en la ausencia de aquellas y aquellos que no están el día de hoy con nosotros, que en una sociedad la omisión se convierta en responsabilidad. Como instituciones, como autoridades, como sociedad civil tiene que haber un mensaje claro, articulado de un esquema que permita generar, de un lado, las mínimas condiciones de operación del trabajo de defensoras y defensores y, por otro, el mensaje claro de cero impunidad; y finalmente el que la Capital retome y siga siendo el instrumento de referencia hacia todo el país de que cuando hay voluntad, hay articulación y hay sociedad civil comprometida, sí se puede realizar este tipo de esquemas sin que sea un riesgo y pueda ser algo espontáneo, defender y garantizar los derechos humanos en nuestra Capital.