Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 26/2014
10 de abril de 2014
Ana Lilia Yépez Cansino: Buenos días. A continuación, y más bien como redondeando y cerrando un poco la participación de mis compañeros, voy a leerles nuestra postura que hemos estado trabajando como ex presas y ex presos y procesados.
A la sociedad en general: Nosotros, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos mayores, trabajadores, estudiantes, campesinos, obreros, maestros, artistas y pueblo en general que vivimos la violación de nuestros derechos más básicos, la represión del Estado, la criminalización y la manipulación por parte de los medios de comunicación hegemónicos; que sufrimos tortura física y sicológica, tratos crueles, degradantes e inhumanos; haciéndonos frente al abuso de la autoridad del sistema judicial, a las malas políticas en el combate en el narcotráfico, las cuales sólo han recrudecido y ampliado el grado de violencia en el que nos desarrollamos, y sobre todo a una delincuencia e inseguridad auspiciada y velada por la impunidad y corrupción de un país que no conoce la justicia institucional. Nosotros, que seguimos siendo víctimas de la inoperancia de un sistema jurídico, de la ineptitud del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para impartir justicia; velar por nuestros derechos constitucionales; brindando inseguridad y promover el desarrollo íntegro para la totalidad de población mexicana.
Nosotros, que a partir de la situación actual hemos estado viviendo el recrudecimiento de las políticas neoliberales, reformas privatizadoras a nuestros recursos naturales como la tierra, el agua, el petróleo, la energía eléctrica, etcétera; el alza a los precios en servicios, productos y alimentos; la precarización y exclusión de la mayoría de la población de los sectores educativos, de la salud, laborales, culturales, entre otros.
Nosotros, a los que todo el tiempo se nos reniega nuestro legítimo derecho al descontento, a la protesta, a la exigencia que nos pertenece, merecemos y trabajamos. Nosotros que no deseamos más que una vida digna, libre, justa, feliz. Una vida con opciones y recursos para el desarrollo integral de nuestras vidas, que como personas conscientes del terror que se vive en México nos manifestamos y hacemos de nuestro compromiso una exigencia constante en diferentes ámbitos.
Nosotros, luchadores sociales, madres y padres en busca de sus hijos, estudiante sin escuela, adultos mayores sin pensión, trabajadores sin trabajo, amorosos sin respeto, familias sin seguridad, vivos sin vida, muertos sin nombre.
Todos nosotros sabemos que ejercer el derecho, y más aún, el compromiso universal de denunciar las atrocidades cometidas por un Estado policial como el nuestro, es una obligación y lo es porque entre tanta injusticia hay caminos de verdad, de transformación, de igualdad y de dignidad.
En este escenario y debido a la gran campaña mediática y a la inconformidad social que se vertió ante la represión del 1° de diciembre del 2012, se dio a conocer la Recomendación 7/2013 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 10 de abril del 2013, en la cual se documentan violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo que no sólo dejó un saldo de más de 100 detenciones arbitrarias, también el asesinato del compañero Juan Francisco Kuykendall y la desaparición forzada del compañero Teodulfo Torres, que son reflejo de la magnitud de represión que vivimos cotidianamente en la capital.
La Recomendación está planteada en 22 puntos fundamentales dirigidos a diferentes dependencias gubernamentales, las cuales deberían de contribuir a construir justicia de manera integral, no sólo para nosotros como afectados directos, sino como a la sociedad en general con medidas de no repetición, garantizando debidos procesos, así como democratizando el sistema penitenciario, capacitando el sistema policiaco, creando protocolos basados en el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos; incidiendo en políticas públicas que reivindiquen nuestro a la protesta, a la libre manifestación, a la libertad de expresión; y sobre todo garantizar nuestro acceso a la justicia con verdad y memoria.
Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, han mostrado nula voluntad para cumplir con los puntos y la Recomendación que ellos mismos aceptaron. De tal modo que no han estado presentes en ninguna de las reuniones de seguimiento a la que hemos asistido desde diciembre de 2012 a la fecha.
En un principio se pronuncian por reparación integral, pero ¿qué entienden las autoridades por reparación integral? A la fecha y con fundamento en toda la vasta documentación y la falta de evidencia incriminatoria que demuestra una vez más que la fabricación de delitos por índole política es una práctica sistemática, no ha habido ningún responsable de los daños individuales y colectivos que hemos y seguimos sufriendo, no se ha dejado de criminalizar a varios de nuestros compañeros, poniendo en riesgo su seguridad.
Nuestra imagen pública no se ha esclarecido y tampoco ha habido un impacto político, positivo, concreto desde dicha emisión como lo primordial: la absolución de todos nuestros procesados.
Es así como las políticas represivas que criminalizan la lucha social va en aumento, ya que al día de hoy nueve personas se encuentran tras las rejas sin elementos que prueben su culpabilidad; seis bajo proceso y por si fuera poco dos han sido condenados a 5 años nueve meses y una a un año tres meses. Además de varias decenas de jóvenes que enfrentan un proceso legal en libertad bajo caución y otros tantos que ya han sido condenados con penas mínimas, por lo que pueden cumplir su condena en libertad, no sin antes haber pagado grandes cantidades en afianzadoras.
En todos estos casos los procesos han sido derivados de una detención arbitraria, ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos. ¿Dónde están las medidas de no repetición? Por ello y con toda la legitimidad que nos da no sólo el hecho de ser víctimas, sino el hecho concreto de ser ciudadanos exigiendo sus derechos, pedimos y hacemos hincapié en lo siguiente:
Exigimos la libertad absoluta de todos los procesados del 1° de diciembre del 2012, basados en la amplia documentación que se ha vertido por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, medios de comunicación alternativos y sociedad civil.
Así como también exigimos un posicionamiento enérgico y claro sobre las sentencias ya dictadas a dos de nuestros compañeros. En este mismo tenor exigimos la libertad de todos los presos políticos, como es el caso de los compañeros del 2 de octubre, Gabriela Hernández y Fernando Bárcena en el Distrito Federal.
Exigimos el esclarecimiento y castigo a los responsables por el asesinato del profesor Juan Francisco Kuykendall a manos de elementos de seguridad federal, así como el esclarecimiento y la presentación con vida de Teodulfo Torres, único testigo de la agresión a Kuykendall y desaparecido unos días antes de ser citado a declarar por los mismos hechos.
Exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales de la represión de la que fuimos y seguimos siendo víctimas al no obtener justicia; por ello también exigimos se desmantelen las estructuras que permiten esta represión sistemática y selectiva.
Exigimos el total cumplimiento de los 22 puntos de la Recomendación 7/ 2013 emitida hace un año y la cual ha sido incumplida. Exigimos un acto de reconocimiento de responsabilidad, el cual será a nuestra petición y forma en donde seamos consultados y tomados en cuenta.
Exigimos sea reconocido, analizado y documentado en su completa dimensión la violencia de la que seguimos siendo sujetos no sólo por el hecho represivo en sí mismo, sino por la impunidad y corrupción que impera en las instituciones encargadas de brindar justicia, las cuales no solo nos revictimizan, amedrentan y estigmatizan con procesos burocráticos ineficientes, insensibles y torpes, sino que invisibilizan y reducen la violencia psicológica y sexual por cuestiones de género, edad y condición social. Por ello también exigimos sean tomadas en cuenta todas nuestras condiciones y se vean reflejadas de forma fiel en los informes.
Exigimos una postura clara de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante las políticas sistemáticas que criminalizan y reprimen a la lucha social, concretadas en las detenciones arbitrarias de cientos de habitantes que ejercemos el legítimo derecho de la protesta y que son respaldadas en las diferentes leyes aprobadas recientemente tanto en códigos locales como en federales, que consideramos tienen un carácter represivo y de inhibición a la lucha social.
Exigimos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigue y se pronuncie en favor de los procesados y presos por cuestiones políticas en el Distrito Federal.
Por todo lo anterior reafirmamos nuestra defensa y exigencia de justicia, no sólo para nosotros las víctimas directas, sino para nuestras familias, para una sociedad vulnerada, despojada de derechos y garantías básicas.
Estamos hartos de la impunidad que prevalece y se perpetúa por las instituciones gubernamentales. Estamos hartos de tanto teatro y manipulación. Queremos a nuestros compañeros libres de todo cargo. Queremos responsables y queremos justicia, una justicia que no se construye desde nosotros, que se construye desde nosotros y para nosotros, una incluyente y comprometida, por ello ampliamos nuestra solidaridad y extendemos nuestra exigencia de libertad a todas las personas presas injustamente por cuestiones políticas. Basta de impunidad y criminalización, los queremos libres. Gracias.
