Discurso 022/2014
8 de abril de 2014
El problema de las niñas, niños y adolescentes que por cualquier razón tienen que enfrentar el Sistema de Justicia, es el problema de una sociedad que probablemente ha dejado de brindarles el cuidado, la atención y la educación que requieren para su desarrollo pleno e integral.
La desigualdad y la pobreza extrema a la que están expuestos millones de niñas y niños en nuestro país y en la Ciudad de México, son los signos más evidentes de la desprotección y de la vulneración a sus derechos más elementales. Paradójicamente son las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a sectores populares, quienes son más vulnerables a ser criminalizados socialmente.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoce el esfuerzo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal para perfeccionar los procesos de atención que brindan a niñas y niños menores a 12 años de edad referidos por la Procuraduría General de Justicia para su seguimiento social, bajo una perspectiva sistémica y de género, que tome en cuenta el entorno familiar, comunitario y social que viven cada uno de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño señala en su Artículo 40, que los Estados han de reconocer el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y buscando en todo momento la reintegración del niño, para que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Para ello, la Convención señala que en todo momento el Estado debe garantizar entre otros aspectos, su presunción de inocencia, su acceso a la información respecto al proceso de intervención para su atención y el respeto pleno a su vida privada en todas las fases del procedimiento, sus derechos humanos y garantías legales.
El Protocolo que hoy se presenta ha sido sometido a la revisión y análisis de diversas instancias especialistas en la educación y los derechos de la infancia. El DIF-DF ha sido sensible a las observaciones realizadas y ha perfeccionado este instrumento en un proceso de revisión que esperamos sea permanente, ya que en su puesta en práctica seguramente se podrán identificar otros aspectos que han de ser fortalecidos desde un enfoque de derechos humanos.
Uno de los retos para quienes aplicarán el presente Protocolo es comprenderlo como un instrumento que oriente en la atención de las niñas y los niños, brindándoles protección y atención desde el pleno respeto a sus derechos humanos. Para ello, será fundamental su actualización profesional y autocrítica en su labor socioeducativa.
Un Protocolo de este tipo, sólo puede ser eficaz cuando es parte de una política pública integral de protección a los derechos de la infancia, superando las acciones fragmentadas y parcializadas incapaces de comprender en toda su complejidad la crisis de seguridad que vive nuestro país, como el gran escenario en donde cobran significado la conducta individual de las y los niños, así como sus dinámicas familiar y comunitaria.
En este sentido, es importante que Gobierno y sociedad en general, realicemos esfuerzos adicionales en las acciones preventivas, a través de procesos educativos que fortalezcan el tejido familiar y comunitario, permitiendo a niñas, niños y adolescentes conducirse como agentes constructores del bien individual y colectivo y evitando toda conducta que ponga en riesgo su propia integridad o la de aquellos con quienes conviven. Estos esfuerzos han de reflejarse en los presupuestos que se destinan a la educación de niñas, niños y adolescentes en esta ciudad.
Junto con el presente Protocolo, es necesario seguir fortaleciendo la profesionalización de las y los servidores públicos que prestan servicios de atención a niñas y niños; se requiere de una defensoría que acompañe de manera constante a los niños y a sus familias en la intervención socioeducativa y los proceso legales que tengan que enfrentar: y finalmente se precisan multiplicar los espacios de participación de las y los niños, en donde se garantice su derecho a ser escuchados y a expresar su opinión en todos los asuntos que son de su interés.
Sirva este Protocolo que se presenta el día de hoy, para construir con el Sistema de Protección Integral a los Derechos de la Infancia en la Ciudad de México y para erradicar toda tentación represiva y autoritaria en la atención de aquellas niñas, niños y adolescentes cuya conducta identificada como antisocial, puede ser tan sólo un síntoma de la discriminación estructural, y se puede presumir como víctima. Reconocemos el compromiso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en los temas de derechos humanos.
Cuenten con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para construir política pública preventiva y sistemática, que la Ciudad de México en su gestión y Gobierno sea la ciudad de los derechos humanos.
Muchas Gracias.