Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Discurso 38/2014
10 de junio de 2014
En las semanas recientes, en diferentes entidades de nuestro país y en distintas zonas de nuestra ciudad, hemos tenido conocimiento de casos de violencia escolar extrema. Lamentablemente, alguno de esos con consecuencias fatales. La violencia que se ejerce en los centros escolares y, que en algunos casos, ha llegado a provocar la muerte de sus víctimas, nos obliga a reflexionar, no sólo sobre las medidas inmediatas para proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino sobre todo a repensar el enfoque en torno a la manera en que se desarrolla e implementa la política educativa de prevención, atención integral y resolución de conflictos en las escuelas de esta ciudad.
Aun cuando la violencia escolar no es un fenómeno reciente, lo cierto es que su atención y prevención requieren de un posicionamiento novedoso, desde la perspectiva de derechos humanos, a través del cual se pueda abonar a la construcción de políticas públicas adecuadas que respondan a las necesidades de este importante grupo de la población, teniendo siempre como premisa el respeto irrestricto de sus derechos humanos.
La manifestación y, en ocasiones, el recrudecimiento de los actos de violencia en las escuelas representa la existencia de un problema multifactorial que es necesario abordar de manera integral, eludiendo soluciones simplistas o basadas en un enfoque netamente punitivo de castigos y sanciones.
Desde esta perspectiva, resulta necesario impulsar un esquema de atención permanente y de acciones organizadas y diferenciadas por parte de autoridades, familias, jefas y jefes de familia, así como de la comunidad educativa en su conjunto, pues sólo trabajando de manera coordinada se podrá atender este fenómeno.
Por ello, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y, como parte del compromiso que durante años ha seguido esta institución con los derechos humanos de todas las personas sobre la base del principio de igualdad, hacemos un llamado de atención para que las acciones que se adelanten para atender y resolver el problema de la violencia escolar eviten la criminalización de estudiantes, maestras y maestros, familias y comunidad educativa en su conjunto, pues una lógica punitiva sólo limita una verdadera atención integral a este fenómeno multifactorial. Resaltamos la necesidad de adelantar análisis completos sobr
e las causas y efectos de la violencia escolar y, en particular, considerar en los mismos las características de los entornos escolares, las particularidades del contexto social externo, la presencia de agentes diversos que puedan incidir directa o indirectamente en este tipo de conducta, así como otras variables que permitan entender y dimensionar realmente la violencia escolar en la Ciudad de México.
Insistimos en que es muy importante que se evite una perspectiva punitiva, centrada en castigos y sanciones de todo tipo, incluidas las penales.
En la medida de lo posible, deben evitarse medidas verticales que ignoren la existencia de problemas estructurales y las diversas realidades que día a día las comunidades educativas enfrentan en las escuelas.
Desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos, la prevención y erradicación de la violencia escolar constituye una obligación clara e inmediata del Estado, enmarcada en la garantía y protección del interés de niñas, niños y adolescentes, así como el aseguramiento de los derechos a la educación, a una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica, al juego, a participar y a ser escuchadas y escuchados, así como a la privacidad.
Es importante visibilizar que esta violencia se experimenta de manera diferenciada, según el sexo, edad, pertenencia étnica, condición social, grado escolar, condición de discapacidad, orientación e identidad sexual de quienes la sufren. Y ya que la violencia es diferenciada, las soluciones también deben ser diferenciadas si se busca que sean eficaces. Por ello, se tienen que identificar aquellas situaciones que requieren medidas de prevención, contención y atención generales para su tratamiento, de aquellas otras situaciones excepcionales que implican un tratamiento sancionador e incluso judicial, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
Durante los últimos años, en esta Comisión se han desarrollado una serie de acciones desde el enfoque de derechos humanos con el objetivo de prevenir y atender los impactos de este fenómeno en los centros educativos del Distrito Federal.
En cuanto al trabajo de Defensa, se puede señalar que, de enero de 2012 al mes de abril de 2014, se tuvo conocimiento de 23 quejas donde, de la narración de hechos que las motivaron, se desprenden actos de violencia escolar. En dichas quejas se hace referencia a 51 personas con calidad de presuntas víctimas y ocho colectivos o grupos de personas en las que el grupo poblacional mayormente afectado son las mujeres, con 64.4% de los agravios y el rango de edad promedio de las presuntas víctimas oscila entre los cero y los 11 años de edad.
Los tipos de violación a derechos humanos señalados en las quejas registradas, se relacionan principalmente con la obstaculización o negativa para la protección de la integridad física o psicológica de niñas y niños; la negativa a investigar diligentemente cuando se denuncian los hechos de violencia y, finalmente, la omisión para prestar auxilio cuando ocurre violencia en los centros escolares. Las principales modalidades de violencia que se detectan en las quejas son las burlas, humillaciones, castigos, amenazas y agresiones que ponen en riesgo la integridad física de las y los estudiantes.
En lo que corresponde a las acciones educativas en la materia, desde esta Comisión se han emprendido acciones en dos vertientes. Por un parte se ha impulsado el acompañamiento de comunidades educativas a solicitud de algunas escuelas públicas y privadas, atendiendo casos de violencia escolar mediante la sensibilización, capacitación y educación en derechos humanos y la cultura por la paz.
Y por la otra, se han iniciado estrategias de formación de docentes, estudiantes y familias en la cultura de la resolución pacífica de conflictos, tales como el Programa Juventud por la Paz, que brinda a estudiantes, docentes y familias un conjunto de herramientas para atender la violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos, resaltando la importancia de la atención para la resolución no violenta de todo tipo de conflicto al interior de las escuelas.
Desde hace siete años se cuenta con el proyecto Escuela de Formación, que impulsa procesos educativos para la capacitación de formadores y formadoras en derechos humanos y paz, en el que participan docentes, trabajadores sociales, directivos y supervisores de diferentes ámbitos educativos, desde donde se trabaja actualmente en procesos de formación con los CENDIS, las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, Prepa Sí, el Instituto de la Juventud y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras dependencias.
En conjunto con el Instituto Politécnico Nacional se desarrolla también el Diplomado Mediación Educativa y Transformación de Conflictos con Enfoque de Derechos Humanos; y se acompaña a la Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela: Violencia, Derechos Humanos y Cultura de la Paz, con la Universidad Pedagógica Nacional.
Si bien este trabajo ha sido importante, el día de hoy queremos anunciar la realización de algunas acciones adicionales que buscan sumarse al trabajo ya realizado, fomentando con ello la consolidación de una estrategia integral para la atención de la violencia escolar.
Es importante resaltar que si bien reconocemos la importancia de atender con urgencia esta problemática, somos conscientes de la necesidad de desarrollar una estrategia más amplia orientada a combatir los factores estructurales que se encuentran detrás de la violencia escolar.
Por ello proponemos las siguientes acciones: Primero. Convocamos a un diálogo público sobre violencia escolar y derechos humanos, a través de foros y un seminario interinstitucional e interdisciplinario con la participación de instancias de gobierno de los diversos niveles, de la academia, de organismos públicos de derechos humanos, de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y comunidades educativas, reconociendo y estableciendo los canales adecuados para asegurar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en el mismo.
Segundo. Llevaremos a cabo desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal un estudio integral desde el enfoque de derechos humanos sobre el problema de la violencia escolar, para comprender mejor sus dimensiones y características, en donde se incluirá un apartado específico de medidas integrales que permitan a las y los tomadores de decisiones la efectiva prevención y erradicación de este fenómeno.
Tercero. Construiremos una campaña de comunicación social dirigida a diferentes sectores que participan en el problema (familias, personal docente, directivos y administrativos de los centros escolares, servidoras y servidores públicos), promoviendo una comprensión y atención del problema de la violencia escolar desde una visión integral y con un enfoque de derechos humanos.
Resulta urgente comunicar a la sociedad que el problema de la violencia escolar es responsabilidad de todas y todos.
Para el desarrollo de estas acciones, la Comisión convocará a dependencias de gobierno, academia, instituciones de educación y Organizaciones de la Sociedad Civil, pues estamos ciertos que una incidencia eficaz en materia de violencia escolar sólo puede ser resultado de un firme compromiso del Estado y de la acción concertada entre amplios sectores sociales que impacten positivamente a las escuelas y los contextos comunitarios y familiares en los que se insertan. Muchas gracias.
