Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 59/2014
29 de julio de 2014
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero decirles que me da mucho gusto poder compartir esta mesa con las personas que me acompañan el día de hoy.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha realizado la Cámara de Diputados para participar en tan importante Foro y poder compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones sobre la investigación que hemos realizado desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación con las políticas de drogas en México y en particular en el Distrito Federal, fundamentalmente en el marco de la elaboración del primer Informe Especial sobre Drogas y Derechos Humanos que publicamos el pasado mes de marzo, y que pueden ustedes consultar íntegro en la página de la propia Comisión.
Queremos difundir los resultados obtenidos en nuestra investigación, sabedores que contribuirán de manera muy importante al debate sobre la necesidad de construir en México una política de drogas con enfoque o perspectiva de derechos humanos.
En cuanto al debate necesario, quiero resaltar que para nadie ya es extraño, la manera cómo en los últimos años se ha intensificado no sólo en México, sino en el ámbito internacional, el debate sobre las políticas que deben implementar los Estados en relación con el complejo tema de las drogas. Todas y todos hemos sido testigos de las enormes cantidades de estudios, foros de discusión y debates parlamentarios sobre este importante tema. El presente Foro es un ejemplo claro de ello.
De igual manera, es importante recordar que en meses recientes tuvo lugar una discusión en el marco de la reunión de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la ONU en Viena, y que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo por primera ocasión una audiencia temática sobre la relación entre las políticas de drogas y los derechos humanos a solicitud de un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de toda este región, incluyendo desde luego a México. Además, es necesario recordar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara actualmente un periodo extraordinario de sesiones de su Asamblea General, mismo que tendrá lugar a comienzos del año 2016 en el que se analizará el tema de la política de drogas desde la perspectiva mundial.
Ya en otras ocasiones, he afirmado que como sociedad debemos entender que el debate que se está desarrollando sobre la política de drogas no debe considerarse como una moda pasajera, ni como una ocurrencia de un sector determinado, sino fundamentalmente como la oportunidad de generar un debate democrático serio, informado, basado en evidencias científicas, así como en las mejores prácticas que se han venido desarrollando en diversas latitudes del mundo. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha resultado fundamental resaltar la importancia de favorecer un debate basado en investigaciones, razones y argumentos eliminando al mismo tiempo estigmas y prejuicios que no abonan a un ambiente democrático.
En cuanto a la política de drogas en México, es necesario contar con una visión desde la perspectiva de derechos humanos. El poder aportar elementos al análisis y discusión de las políticas de drogas en México, particularmente desde la perspectiva de los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos; por eso, me ha parecido de la mayor importancia continuar y reforzar el trabajo de reflexión, vinculación y promoción que desde hace algún tiempo se ha desarrollado en la institución.
Así, nos hemos acercado a personas usuarias de drogas, a representantes de gobierno, de la academia, de colectivos y Organizaciones de la Sociedad Civil, para la realización de actividades de promoción, difusión e investigación de los derechos humanos relacionados con el tema de drogas. El año pasado, y justo en el proceso de elaboración de nuestro Informe Especial, se organizó un Foro Internacional sobre el tema, el cual resultó una experiencia para incorporar al debate personas especialistas de diversos ámbitos.
Como resultado de este proceso, publicamos y presentamos nuestro Informe Especial sobre Drogas y Derechos Humanos. Quiero comentarles a todas y todos, que la emisión de este tipo de Informes forma parte del mandato legal de la Comisión. Estos estudios buscan analizar las causas o situaciones que detonan violaciones estructurales o sistemáticas de los derechos humanos.
La principal aportación de nuestro estudio al debate de este tema se relaciona con el enfoque desde el cual desarrollamos nuestra investigación: La situación que enfrentan las personas usuarias de drogas y los impactos que se producen en ellas a partir de la definición de las políticas públicas en la materia.
De esta manera, y con la finalidad de contribuir al debate sobre esta temática, en un primer momento me referiré al enfoque que ha tenido la política de drogas en nuestro país a partir de los denominados tratados de fiscalización y algunos de los efectos que ha generado, para posteriormente analizar los importante desafíos que nos plantea la construcción de una política de drogas basada en una visión o perspectiva de derechos humanos.
Uno de los aspectos que pudimos constatar en el Informe Especial que elaboramos sobre este tema, se relaciona con que en México, la piedra angular de la política de drogas se relaciona con la ya famosa Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, establecida en el Artículo 479 de la Ley General de Salud. Este instrumento es el que determina el tratamiento jurídico que reciben las personas que son sorprendidas en posesión de sustancias psicoactivas.
De acuerdo con la Tabla, si bien en México el consumo de drogas no está prohibido, la posesión de drogas por encima de las restringidas cantidades previstas por la Ley es considerada como un delito.
La tabla constituye la base para distinguir entre personas usuarias, personas narcomenudistas o personas narcotraficantes, tomando sólo en cuenta la cantidad de sustancia que posean al momento de su detención. En pocas palabras, si bien el consumo no se prohíbe expresamente en nuestro país, las personas usuarias de drogas se enfrentan de manera permanente a la posibilidad de superar los límites restringidos en la tabla, y en consecuencia a ubicarse en los límites de la legalidad e ilegalidad.
Por eso, al enmarcar el uso de drogas en una lógica de carácter penal, las personas usuarias entran de una forma u otra en contacto con el sistema judicial, en un contexto en el que sus garantías judiciales y/o su derecho a un juicio igualitario y justo no siempre se encuentran garantizados.
Puede decirse que en este contexto de criminalización de las y los usuarios de drogas, los principales motivos de quejas recibidos por la propia Comisión relacionadas con delitos contra la salud entre 2012 y junio de 2013, nos revelan una importante cantidad de denuncias asociadas con detenciones arbitrarias, en donde, en casi la mitad de dichas detenciones se refirió por parte de las personas que denunciaron la existencia de violencia física. Además, encontramos referencias de diversas personas que manifestaron haber recibido extorsiones o amenazas. Las y los niños, jóvenes, poblaciones callejeras y comerciantes en la vía pública aparecen como los sectores más vulnerables o susceptibles de ver comprometidos sus derechos.
Del análisis obtenido por nuestro estudio, así como de la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), podemos apreciar que en el Distrito Federal un 98% de las personas consignadas con cargos de narcomenudeo dictadas en el período objeto de análisis fueron condenadas por el juez como culpables. Un dato vinculado con el anterior, es que casi un 84% de las sentencias por narcomenudeo son menores a 3 años, ya que si bien las personas poseían cantidades superiores a las permitidas por la Ley, no se pudo comprobar que las mismas eran vendedores o comerciantes de las mismas. En otras palabras y de acuerdo con los datos señalados, puede inferirse que las personas usuarias de drogas son enjuiciadas por el sistema de justicia, sin haber cometido otro delito que poseer cantidades por encima de las permitidas por la ley.
Por otra parte, a partir del análisis del marco normativo y de la política pública que se desprende del mismo, pudimos concluir que el modelo restrictivo establecido en la legislación mexicana retoma en buena medida el enfoque punitivo de las denominadas convenciones internacionales de fiscalización de drogas, mismas que parten de la premisa de que el uso de las drogas es una práctica que per se debe ser punible por el Estado y que las personas usuarias deben ser por tanto castigadas, y su autonomía y libertad personales limitadas en pro de la salud pública.
Lo anterior nos plantea diferentes signos de preocupación. En primer lugar, porque tal perspectiva en muchas ocasiones constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada de las personas, más aún cuando existen evidencias a nivel mundial que comprueban que las estrategias de fiscalización no han alcanzado su propósito original de reducir la oferta y la demanda de drogas, así como de acercar la atención especializada a las personas involucradas con algún uso problemático de drogas, y que por el contrario, lo que sí han conseguido es exacerbar la violencia social.
En este mismo sentido, por ejemplo, el Relator de la Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud ha insistido que este modelo punitivo, además de reforzar una visión estigmatizadora y situaciones de discriminación y criminalización de las personas usuarias, no ha alcanzado su propósito de acercar la atención médica a personas que presentan dependencia. Por el contrario, esta visión tiende a propiciar que el consumo se presente en la clandestinidad y se disuada a las personas de acudir a los servicios de salud ante la amenaza de ser discriminadas o denunciadas.
Además, es posible observar que un enfoque punitivo en esta materia ha impedido asegurar condiciones que permitan a la sociedad contar con información amplia y veraz sobre las sustancias psicoactivas, los distintos usos que se hacen de ellas, así como la posibilidad de poner en marcha políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.
Un caso interesante que recuperamos en el Informe, se relaciona con la política pública de atención al uso y dependencia de sustancias psicoactivas en el Distrito Federal, aspecto que nos ha permitido afirmar que en la Ciudad de México se ha avanzado para crear un marco de protección a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas, por ejemplo a través de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal. No obstante, aún podemos observar que las políticas, programas y medidas implementadas resultan todavía dispersas y queda subyacente una concepción asistencialista que considera a las personas usuarias como meros beneficiarios de servicios y no como sujetos plenos de derechos.
Precisamente, ejemplos como éste nos revelan que resulta fundamental incorporar en todo abordaje integral de políticas públicas el denominado enfoque de reducción de riesgos y daños como un eje rector de las distintas estrategias y acciones, y asegurar así el respeto a la autonomía de las personas mayores de edad, en particular para decidir si siguen consumiendo o no, así como de las consecuencias que dicho uso puede ocasionar. Esto nos ayudará a iniciar con el viraje en las concepciones punitivas imperantes sobre la política de drogas.
En cuanto a los desafíos para las políticas de drogas en México, una de las principales aportaciones que nos brinda el Informe sobre Drogas y Derechos Humanos, tal y como lo ha referido el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, es que resulta necesario llevar a cabo un cambio de paradigma hacia la adopción de un enfoque basado en derechos humanos, que permita la formulación de una estrategia reguladora de las sustancias que crean dependencia, y que se encuentran orientadas a proteger a las y los usuarios al tiempo que se reducen al máximo los riesgos y daños asociados a las drogas. Quiero reafirmar en este sentido, que es importante asegurar que el centro de la discusión sean cada vez menos las sustancias, y cada vez más las personas que deciden usarlas o no.
Desde la Comisión, y con estricto respeto a la autonomía de los poderes públicos del Distrito Federal, presentamos en su momento una serie de propuestas que tienen como finalidad además de impulsar el debate público y abierto sobre la temática, ser el punto de partida para posteriores discusiones. Esta es parte de nuestra contribución al debate en México sobre una política de drogas.
De esta manera, nos parece fundamental alentar el fortalecimiento y desarrollo de una amplia discusión entre los distintos actores públicos, sociedad civil y academia que permita una revisión de las disposiciones respecto del consumo, posesión y cultivo de drogas para uso personal en las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, así como la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en el conjunto del sistema de fiscalización. Para la Comisión resulta de la mayor importancia que nuestro país se sume de manera activa al debate que tendrá lugar en 2016 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De esta forma, reconocemos la necesidad de impulsar una planeación e implementación de políticas públicas de manera coordinada entre los distintos niveles y órdenes de gobierno que permitan abordar el fenómeno de las drogas de manera multifactorial desde las políticas de salud, desarrollo social y procuración e impartición de justicia, para desalentar el uso problemático de drogas.
De igual manera, nos complace mucho que en este tipo de ejercicios se integre la participación de las personas usuarias de drogas, expertas y expertos provenientes de distintas disciplinas, Organizaciones de la Sociedad Civil, de manera que entre todas y todos podamos contribuir en el diseño, implementación y evaluación de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos. Celebramos por eso la discusión que tiene lugar en este Foro.
De verdad espero que nuestro Informe constituya un insumo que alimente la discusión democrática y la participación ciudadana en el debate de las políticas sobre drogas. Por último quiero recordar a todas y todos que una política pública o ley con enfoque de derechos, debe además de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha contraído nuestro país y debe ser el resultado de un proceso activo de participación ciudadana.
Muchas gracias.
