Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 57/2014
23 de julio de 2014
Gracias. Buenos días a todos y a todas por su presencia. Efectivamente creo que una de las principales reflexiones que nos debe de ocupar en este debate ya generado por la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Albergue “La Gran Familia”, fundada y dirigida por Rosa Verduzco, es que el Estado ha incumplido en su responsabilidad constitucional de velar y garantizar por los derechos de las niñas y niños. Ha incumplido por velar por el principio del Interés Superior de ellas y de ellos.
Las evidencias que investiga la PGR de maltrato, aislamiento, malnutrición y explotación sexual y laboral, que han existido dentro del Albergue, confirman esa ausencia y esa responsabilidad del Estado. Que no ocurrió el día en que llegó ahí la PGR, sino que por los testimonios y por las evidencias de las que nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación, es algo que venía ocurriendo ya a través de los años. Y eso está documentado ya no en las denuncias que han venido, que son más de 150 denuncias que ahora se encuentran por los padres o madres de familia y que se han presentado a través de los testimonios de las niñas y niños, sino denuncias que ya existían desde hace años, que madres de familia habían realizado, en donde denunciaban ya que sus hijos padecían en el Albergue de maltrato, de desnutrición, de intimidaciones, de despojo de dinero, entre otras cosas, y del aislamiento a manera de castigo de que eran víctimas las niñas y los niños.
Hay denuncias que nunca fueron atendidas ni en los DIF estatales, ni en los juzgados, ni en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Particularmente estoy hablando de algunos casos que surgieron en Guanajuato y en Michoacán, y que ahora se confirma con todo lo que hemos sido testigo de lo que ha venido encontrando la PGR.
Si bien es cierto que nuestra Constitución otorga facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez, ante la ausencia de una política pública que le dé seguimiento a la actuación de los particulares en este rubro, algunas organizaciones y personajes políticos han convertido también la asistencia social en un negocio y lo han utilizado para fines personales.
Durante décadas Rosa Verduzco obtuvo el reconocimiento de diversos sectores, pero también contó con recursos públicos tanto federales como estatales, y la conveniencia de algunas autoridades y actores políticos con el pretexto del asistencialismo y por la comodidad que significaba que alguien pudiera asumir esa responsabilidad, han venido cometiendo una serie de omisiones cerrando los ojos ante una realidad que ahora se empieza a destapar.
Finalmente nos parece que en nombre de la filantropía, en “La Gran Familia” se han violado los derechos de cientos de niñas, niños y adolescentes. Y lo principal ahora es cómo garantizarles, cómo restituir los derechos de estas niñas y niños, cómo garantizar sus derechos; qué es lo que va a hacer ahora la autoridad en ese sentido; qué es lo que estamos haciendo desde los distintos órdenes de gobierno.
En principio creemos nosotros desde la Comisión de los Derechos de la Niñez que seguiremos impulsando, a partir de nuestras facultades, la Ley General de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene que contar con un sistema integral de garantías, porque si contáramos con un sistema de garantías esto seguramente no estaría ocurriendo. Bien se decía aquí que no nada más se depende de una institución, sino es propiamente el Estado en donde tiene que haber una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entre las distintas dependencias para que esté dando respuesta a las circunstancias que está viviendo la niñez mexicana, y particularmente las niñas y los niños que se encuentran en esta circunstancia en particular.
Estamos urgiendo ya desde la Comisión Permanente que lo antes posible tanto la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, que también tienen mucho que ver al menos, porque aquí ya bien se mencionaba la Ley ahí está, ahí están responsabilidades ahora establecidas en distintos ordenamientos jurídicos y lo que se requiere es que se actúe. Que sí efectivamente se requiere de recursos, pero esos son necesarios y son derechos de las niñas y los niños.
Y también decíamos que mínimamente debemos de tener de manera urgente lineamientos para que la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el DIF Nacional junto con los DIF Estatales, puedan crear lineamientos generales, mecanismos, para empezar o para realizar una supervisión de todos los procedimientos que tienen que ver con las niñas y los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que muchos de ellos, por cierto, ahora están siendo trasladados a otros estados y por ello requeriremos la presencia, la comparecencia de quien hoy dirige el DIF Nacional, de la Licenciada Laura Vargas, para que dé cuenta de cuáles son las decisiones, cómo se están tomando las decisiones para definir el traslado de las niñas y los niños.
También ya se ha mencionado aquí que cada niño tiene una historia, cada niño tiene una circunstancia en particular y se requiere entonces que además de que nos informen, se estén garantizando por sobre todas las cosas los derechos de estas niñas y de estos niños. Gracias.
