Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 54/2014
23 de julio de 2014
Gracias, buenos días a todas y todos. Les agradecemos que atiendan a esta convocatoria.
Indistintamente de los procedimientos, las investigaciones que se lleven, respecto al caso que detona la controversia que se ha hecho, se ha dado a conocer a nivel nacional, debemos recordar y reflexionar en el contexto de lo que implica, y leo textualmente el Artículo 40 constitucional, donde “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Aquí lo importante en este contexto, donde vemos las condiciones en las cuales se puede estar dando, con las mejores intenciones, un apoyo por particulares a temas, en este caso de albergues para niñas y niños, es que el Estado no puede estar ausente en la supervisión.
Conocer con detalle qué pasa con los niños y las niñas en los albergues, cómo se atienden, cuántos son, cuál es su estado, en dónde se encuentran, con quién y cómo en este tipo de instituciones se están llevando a cabo este tipo de protección que se les da, es una forma de iniciar un diagnóstico para revisar los elementos indispensables de una política integral de protección de la infancia.
En el caso del Distrito Federal, se inició y fue uno de los temas también que destacaron en su momento, con lo que fue Casitas del Sur, que se documentó por esta Comisión, en la Recomendación 4/2009; en ella se dejaron ver las condiciones de discriminación estructural en contra de niñas, niños y adolescentes internados en albergues públicos y privados. De ahí, se derivó por parte de la Comisión, Sociedad Civil, los propios asambleístas, el impulso y la elaboración del Proyecto de Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal, que asegura la posibilidad de brindar mayores oportunidades y mecanismos de atención a aquellos menores de edad que no cuentan con cuidados parentales o que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, sin la necesidad de afectar elementos básicos y fundamentales, como la permanencia en el núcleo familiar o la generación de relaciones de identidad con las personas integrantes de su familia.
A lo que nos obliga cuando vemos este tipo de casos, que destacan y que pueden ser controvertidos es a revisar cómo se están llevando a cabo las políticas públicas integrales. Reitero: en el caso del Distrito Federal está ya la situación de la asignación presupuestal que permita que tenga una operatividad la Ley de Cuidados Alternativos; por parte de esta Comisión, de manera periódica, se hacen revisiones en albergues para ver las condiciones. Hemos tenido una buena integración con la Junta de Asistencia Privada (JAP), con los cuales empezaremos la revisión de manera aleatoria para generar diagnósticos y visibilizar aquellos puntos a atender.
No queremos ya acciones correctivas, podemos generar condiciones con estas políticas, en materia legislativa, con la supervisión que se hace también por parte de la Comisión, sobre todo, el defender los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la generación de acciones que coloquen como última opción la institucionalización en albergues públicos y privados, para tomarse en serio cada uno de estos casos y diseñar políticas públicas adecuadas.
Nosotros tuvimos un caso, con el de Casitas del Sur, generó una Recomendación y se detonaron políticas públicas. Otro compromiso, que es lo más importante, cuando se llevan a cabo estas acciones, es el seguimiento para la eficacia de los mecanismos. No es sólo generar las leyes, no sólo dar las atribuciones; es estar ahí de manera constante y no perder de vista, reitero, lo que nos está establecido en la parte de la Constitución: el Interés Superior de las Niñas y de los Niños, indistintamente de las posibles responsabilidades que con un debido proceso se deberán llevar a cabo en el contexto de Michoacán, nos pone en alerta en el de visibilizar y continuar con las prácticas y políticas públicas que se han detonado en el caso del Distrito Federal, para evidenciar y dar un seguimiento en la eficacia que evite en todo contexto el riesgo innecesario y el que sepan las niñas y niños en situación de vulnerabilidad que cuentan con instituciones que estarán siempre velando por sus derechos. Gracias.
