Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 99/2014
27 de noviembre de 2014
Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos a los medios de comunicación que nos permiten hacer del conocimiento de la sociedad la emisión de la Recomendación 14/2014, emitida por este Organismo, por el caso de 95 personas víctimas de tortura, cometida por servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal.
La tortura es una práctica que debe ser considerada un delito y, al mismo tiempo, es un derecho humano que requiere la protección, respeto y garantía para erradicarla. Los elementos que contiene la tortura es la intencionalidad, la gravedad y la finalidad que implica el castigo o la generación de una confesión por quien la sufre.
En este sentido, me permito hacer la presentación de la Recomendación en los siguientes términos:
Como manifesté, son 95 personas víctimas de tortura. La Recomendación se basa en 65 expedientes de queja que involucran 47 casos, 16 son mujeres y 79 hombres como personas agraviadas.
Las autoridades responsables son: la Procuraduría General de Justicia (PGJDF); La Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF); la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSLDF); la Secretaría de Gobierno (SGDF), a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario (SSP); todas del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Y estamos señalando como autoridad colaboradora al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Los derechos violados corresponden, en primer lugar, al Derecho a la integridad personal; en particular, a no ser sometido a actos de tortura; 78 personas, por lo que hace a la PGJDF; 10 personas, por lo que hace a la SSPDF; cuatro personas, por lo que hace tanto a la PGJDF y como a la SSPDF; y tres personas, del sistema de Gobierno, en el caso de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
Otro de los derechos es el Derecho a la libertad personal, en particular, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación: 38 personas, por lo que hace a la PGJDF; y ocho personas, por lo que hace a la SSPDF.
El tercer derecho es el Derecho al debido proceso, en particular en cuanto al derecho de contar con una defensa adecuada, el derecho de presunción de inocencia y el derecho de asistencia consular: tres personas, por lo que hace a la Consejería; 45 a la PGJDF; una persona a la SSPDF; y dos a la PGJDF.
El cuarto derecho, es el Derecho de acceso a la justicia, en particular, el derecho a que se investigue eficaz y oportunamente; así como se repare el daño a las víctimas, 53 personas por lo que hace a la propia Procuraduría.
El quinto es el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, 13 mujeres, por lo que hace a la Procuraduría, y uno por lo que hace a la Secretaría de Seguridad.
Y el sexto es el derecho de niño o niña y adolescente frente a procesos de procuración de justicia. Tres correspondientes a la Procuraduría.
Para determinar de manera integral los impactos de estas violaciones, se elaboró por parte de la Dirección de Atención Psicosocial, un Informe de impacto biopsicosociales y reparación del daño, que forma parte de los Anexos de esta Recomendación, misma que en el momento en que estamos haciendo pública, ya contamos con las notificaciones de la emisión de la misma ante las autoridades responsables.
Respecto a la Comisión de Derechos Humanos, en el contexto de lo que implica el caso de tortura, condenamos los actos de tortura por ser una grave violación de derechos humanos que atenta contra la integridad y dignidad de las personas lesionadas, así como su esfera de derechos.
Manifestamos enfáticamente completo rechazo al uso de la tortura en cualquiera de sus métodos y por cualquiera de sus fines, señalando que en un Estado democrático de derecho, conductas de este tipo no pueden ser toleradas.
También la comisión de la tortura desencadena una serie de violaciones a otros derechos, como lo es el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia para las mujeres, así como a los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a un proceso de procuración de justicia, por mencionar sólo alguno de ellos.
Las acciones emprendidas por parte de las instituciones no han sido suficientes, y es necesario reforzar para frenar y erradicar las prácticas de tortura.
La impunidad, respecto a la tortura y su correlativa falta de sanción funge como un factor que permite su permanencia.
Esta Comisión se pronuncia por la urgente necesidad de una estrategia integral e interinstitucional de combate a la tortura que involucre a todas las autoridades con las que hemos detectado estos patrones.
En cuanto a los puntos recomendatorios que se emiten como parte de esta Recomendación, se da a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el inicio de procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos responsables; reapertura de procedimientos como estrategia de lucha contra la impunidad en materia de tortura; capacitación especializada permanente a servidores públicos; rehabilitación para las víctimas en el ámbito psicológico; indemnización por daño inmaterial para víctimas y participación en diseño y puesta en marcha de mecanismos interinstitucionales de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el inicio de procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos responsables; capacitación especializada y permanente a servidores públicos; rehabilitación para las víctimas en el ámbito psicológico; indemnización por daño inmaterial para víctimas; participación en diseño y puesta en marcha de mecanismos interinstitucionales de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
A la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, inicio de procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos responsables de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario; capacitación especializada y permanente a servidores públicos; rehabilitación para las víctimas en el ámbito psicológico; indemnización por daño inmaterial para víctimas; participación en diseño y puesta en marcha de mecanismo interinstitucional de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
Y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, inicio de procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos responsables; participación en diseño y puesta en marcha de mecanismos interinstitucionales de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
En cuanto a autoridad colaboradora, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se le pide la participación en diseño y puesta en marcha de mecanismo interinstitucional de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
Las autoridades, a partir de la notificación que estamos haciendo el día de hoy, cuentan con 15 días hábiles a efecto de aceptar la Recomendación.
Por nuestra parte, estamos generando en este año la Segunda Propuesta General sobre la tortura que va a tener tres ejes fundamentales: el primero los estándares internacionales que van a venir correlacionados con la normatividad nacional; el segundo lugar la determinación de los patrones de conducta. Esta es la parte más importante de esta Propuesta General porque identificamos gracias a la documentación de estos casos cuáles son los patrones que llevan a cabo cada una de estas autoridades responsables para identificar y prevenir que en ningún contexto se repitan estas conductas.
Y en tercer lugar los instrumentos de política pública que tendrán dos ejes: la transversalidad, donde pasa por el sistema de justicia y los servicios médicos, y los momentos en que se divide la tortura, desde la detención, traslado, centros de detención y centros de reclusión.
Yo estuve, y tenemos la propuesta de hacerle la entrega al Jefe de Gobierno del Distrito y al Presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, para que se cree por primera vez en México el Mecanismo Interinstitucional que involucre a todas estas autoridades y al propio Tribunal para que nunca más, ni por acción ni por omisión, se lleve a cabo un acto de tortura en la Ciudad de México.
Confiamos y esperamos que con la entrega próxima, y se los estaremos haciendo de su conocimiento, el compromiso institucional donde si bien existen estos casos no haya una tolerancia institucional para que se sigan cometiendo como lo hemos podido documentar en este caso.
Hago también público el reconocimiento a todo el equipo de la Cuarta Visitaduría que llevó a cabo este trabajo, al equipo de Atención Psicosocial y a la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica, así como a la Dirección General Jurídica.
Ustedes podrán consultar en integridad el texto, obvio resguardando los casos sensibles, toda la documentación que se llevó a cabo en este contexto y seguiremos de manera muy puntual visibilizando estos temas que es uno de los más sensibles en esta materia, y sobre todo dando seguimiento a través de la Dirección de Seguimiento de la propia Comisión, a la aceptación que esperemos sea total, sobre todo al cumplimiento de todos y cada uno de los puntos recomendatorios. Muchas gracias a todas y todos.
