Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 25/2015
21 de julio de 2015
Gracias, buenos días a todas y a todos. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que me honro en presidir, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del Informe Especial El derecho a la alimentación en el Distrito Federal 2012-2013. Este Informe Especial es un importante ejercicio de investigación en el que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), diversas áreas de esta Comisión, instancias internacionales y las personas que han solicitado nuestros servicios aportaron insumos para conformar tan valioso documento.
Agradezco de manera especial el acompañamiento, en su momento, del Doctor José Ramón Amieva, como Consejero; a Pablo Andrés Ramírez Sepúlveda, en representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México; y Alicia Carriquiriborde, de FIAN México, en representación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) participantes en este proceso.
Sin el ánimo de jerarquizar, he de decir que, después de la vida, la alimentación como la salud, se configuran en derechos humanos que simple y sencillamente son indispensables para estar aquí, para poder defender y promover al resto de ellos. Y es que nadie puede pensar siquiera en un derecho al voto con el estómago vacío; nadie puede manifestarse, si no tiene las fuerzas para hacerlo; nadie puede soñar con tener un patrimonio, cuando lo apremiante es saciar el hambre de su familia.
Hablar del derecho a la alimentación va más allá de la simple disponibilidad, pues implica una serie de requisitos que han de cumplirse para que la alimentaciónn sea “nutritiva, suficiente y de calidad”, como lo dispone nuestra Constitución en su Artículo 4º. Muestra de ello es que, actualmente México enfrenta una crisis en materia de obesidad; y, por otra parte, que en el Distrito Federal, de forma paradójica, los índices más altos de este padecimiento se registran entre la población de escasos recursos, de acuerdo con la Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2007, elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Tal situación nos lleva a preguntarnos si es suficiente que este derecho se haya reconocido en nuestra Carta Magna para cambiar el paradigma sobre las obligaciones que el Estado tiene de respetarlo y garantizarlo plenamente. Aun cuando se han empezado a implementar programas y políticas públicas a nivel federal y local en materia de alimentación, éstas parecen ser vistas por las autoridades de manera asistencialista, o como medidas con fines recaudatorios.
El Informe Especial que presentamos hoy contó con la participación de la FAO; la Cooperación Española, en el marco del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre; y de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en particular, FIAN México, Coanutrición; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., y la Unión de Productores e Introductores de Hortalizas.
Este proyecto tuvo como origen la convergencia entre los insumos proporcionados por María Victoria Fernández Molina, Consultora de la FAO; la información proporcionada por la población, a partir de las quejas interpuestas ante esta Comisión en materia de Derechos a la Alimentación; y los casos presentados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) durante la Audiencia Pública sobre el Derecho a la Alimentación, celebrada en octubre de 2012.
A partir de los elementos aportados, se hizo el planteamiento central de este Informe Especial que se basa en la necesidad de alcanzar un equilibrio armónico en todos los derechos para la plena garantía del Derecho a la Alimentación; el prioritario acceso a la alimentación de calidad y a una dieta sana y balanceada, por parte de toda la población; así como la urgencia de que existan mecanismos para hacer exigible el derecho en cuestión.
De esta manera, el Informe Especial sobre El derecho a la alimentación en el Distrito Federal se estructuró en tres capítulos y un apartado de Consideraciones Finales.
En el primer capítulo se presenta un panorama general del Derecho a la Alimentación y su conceptualización como derecho llave que se interrelaciona con otros derechos. En el segundo capítulo se abordan las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a quién y cómo se debe garantizar este derecho, haciendo de lado la idea de que el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) se basa en la “buena voluntad” de los gobiernos.
En el tercer capítulo, se examina la normatividad en la materia, tanto federal como local, para posteriormente analizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, las diferentes políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la alimentación, a partir del combate al hambre.
En esta parte también se evalúan las principales violaciones a este derecho en el Distrito Federal, con base en los patrones sistemáticos de afectación, los contextos y las condiciones con mayor recurrencia en tales vulneraciones, y las poblaciones que suelen ser más afectadas.
Por último, en el apartado de Consideraciones finales, se plasman las conclusiones a las que se llegó tras el proceso de investigación, las cuales abren la puerta para que se estudie más profundamente el Derecho a la Alimentación y se identifiquen de mejor manera los obstáculos a los que se enfrentan en su vida cotidiana las personas para acceder a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Quiero terminar señalando que, la propuesta de ésta Comisión en materia del Derecho a la Alimentación, es que éste sea visto más allá de la ingesta suficiente de alimentos. Para cumplir ese propósito se requiere de un análisis amplio, así como de soluciones integrales pensadas desde una visión multidisciplinaria que reconozca los diversos aspectos que afectan de manera directa o indirecta el ejercicio del derecho en cuestión.
No podremos decir que el derecho a la alimentación está garantizado mientras gran parte de la población siga teniendo acceso a una limitada variedad de alimentos y con escaso valor nutricional, debido a que el precio de éstos es lo que determina su elección. Se necesita, entonces, de una estrategia para su ejercicio, que vea a las personas como sujetos de este derecho, y no como meros objetivos de programas asistencialistas.
En seguimiento a la publicación de este Informe, esta Comisión está trabajando en la construcción de una propuesta de política pública en materia de alimentación con un enfoque de derechos humanos, la cual queremos presentar en el próximo mes de octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación.
La finalidad es contar con propuestas de elementos sustantivos de política pública, que estén basados en el derecho a una alimentación adecuada en el Distrito Federal, desde una perspectiva integral, que permitirá seguir trazando la ruta de exigibilidad para el cabal cumplimiento de este Derecho. La elaboración de este documento cuenta con la participación y retroalimentación del grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que acompañaron el proceso de elaboración del Informe Especial.
Tenemos la convicción de que las autoridades aquí presentes, en especial la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, que encabeza el Doctor Manuel Granados Covarrubias, a quien haré entrega formal del Informe Especial, recibirán este documento con interés, lo harán suyo, y podremos seguir trabajando de la mano en favor del ejercicio pleno del Derecho a la Alimentación para todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Muchas gracias.
