domingo , 22 diciembre 2024

Palabras de la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF, en la Mesa de Aportes de las Defensorías del Pueblo para la Construcción de la Nueva Agenda Urbana, en el Marco del Encuentro Regional HÁBITAT III

Discurso 16/2016
19 de abril de 2016

Construir ciudades a partir de derechos humanos

Agradezco la invitación a las y los organizadores de este evento en el que abordaremos un tema de suma importancia para las actuales y futuras generaciones: la necesidad de construir ciudades habitables para las personas; donde el crecimiento urbano, el ordenamiento territorial y el andamiaje institucional, coadyuven en la generación de políticas públicas sustentadas y con presupuestos suficientes, que permitan un ejercicio pleno de los derechos humanos en contextos urbanizados, complejos y diversos como el de la Ciudad de México.

En este tenor, resulta preciso relatar el trabajo cotidiano que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la atención de problemas que se convierten en obstáculos para que las personas que habitan y transitan en el territorio del área metropolitana de la Ciudad de México, tengan acceso a una vida digna, armónica y saludable.

En más de 20 años de gestión, el posicionamiento de la CDHDF ha sido congruente con el fomento de una urbanización que promueva las externalidades positivas que hagan viable una mejor distribución del ingreso, de los recursos que provee la naturaleza, del territorio, de los espacios públicos, así como de la conservación del patrimonio cultural, histórico y ambiental que requieren más de 20 millones de personas.

Para los que no viven cotidianamente la realidad de habitar en la tercera conurbación más grande del mundo, es necesario destacar que cada vez se presenta un mayor número de conflictos sociales relacionados a la provisión de los servicios públicos en el territorio y la escasez de suelo disponible, adecuado y asequible para la producción de vivienda. En la Ciudad de México crece la percepción y preocupación social acerca de la privatización de los espacios públicos, la pérdida irremediable de árboles y de áreas verdes, el incremento de la mala calidad del aire y los problemas de movilidad. Con la multiplicidad de fenómenos tendientes al conflicto, también aumentan los desafíos que apremian la búsqueda de soluciones creativas, teniendo como eje central y transversal, el respeto y protección de los derechos humanos.

En este contexto se hace hincapié en el derecho humano a la  Ciudad, el cual sólo se puede explicar y entender desde una concepción amplia que implica tanto obligaciones y responsabilidades del gobierno como de la ciudadanía y en el que convergen diversos derechos humanos reconocidos en ordenamientos nacionales e internacionales como: vivienda, seguridad, educación, salud, movilidad, cultura, medio ambiente, trabajo, alimentación, participación y un nivel de vida adecuado, con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de todas las personasy la sustentabilidad de los ecosistemas urbanos.

Por lo tanto, la materialización de ciertos derechos en el orden social y constitucional, en particular el derecho a la Ciudad, se transforma en una estrategia de defensa y protección de un bien social: el territorio. En otras palabras, la urbe con su infraestructura instalada es el espacio físico habitable y habitado, identificado por una comunidad como un elemento relevante para asegurar una vida digna, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

Desde su concepción, el derecho a la ciudad hace posible visibilizar a la persona como elemento protagonista, donde la Ciudad es un escenario de encuentro colectivo en el que los bienes comunes son para todas y todos.

El derecho a la Ciudad también es la base parapara poner en práctica su transformación y reivindicar su concepción, promover la distribución de los recursos y la manera de vivirla. Lo anterior, nos permitirá pensar a la Ciudad como un espacio culturalmente rico y socialmente diversificado, que cuenta con infraestructura que mejore la vida de sus habitantes; quienes deberán tener más alternativas para salir de la pobreza y acceder a estrategias que les permitan cubrir sus necesidades básicas.

Para los grupos activistas y defensores de derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), así como la afirmación del derecho a la ciudad, permitirán fijar posiciones respecto de las prioridades que deberán atenderse, privilegiando aquellas decisiones, políticas públicas y recursos económicos que los hagan posibles.

En suma, el derecho a la Ciudad enfatiza la necesidad de crear estrategias que garanticen derechos civiles y políticos, pero sobre todo, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a partir de las obligaciones del Estado, como son:respeto, protección y garantía.

A partir de estas consideraciones sobre el derecho a la Ciudad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federalse ha posicionado en diversos documentos tales como: informes especiales, Recomendaciones, propuestas generales, revistas, foros, ponencias y diplomados; en los que ha aplicado los siguientes criterios en la investigación de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que tienen como escenario el contexto urbano:

  1. El interés público debe permear en todo momento las decisiones sobre la planificación urbana y el ordenamiento del territorio, de tal manera que se garanticen los derechos humanos de las personas que viven en la Ciudad de México.
  1. Es indispensable regular el crecimiento y el desarrollo de la Ciudad, con pleno conocimiento de los impactos y beneficios (ambientales, sociales y económicos) del corto y mediano plazos que se producirán para las actuales y futuras generaciones.
  1. Las omisiones del Estado en materia de planificación urbana y ordenamiento territorial ocasionan impactos negativos a la viabilidad y sostenibilidadde laciudad, lo cual provoca violaciones a derechos humanos de difícil reparación.
  1. La emisión de documentos con irregularidades, la falta de supervisión, inadecuada información, inapropiada aplicación de la normatividad y falta de veracidad en las actuaciones gubernamentales, facilita la convalidación y la obtención de derechos, que dan paso a cambios en el uso de suelo de vocación ambiental y provoca asentamientos humanos de alto riesgo y sin provisión adecuada de servicios urbanos.
  1. La permisión de un acto irregular tiene efectos multidimensionales de acuerdo a la naturaleza del conjunto de normas transgredidas. De este modo, si comprendemos a las reglas de desarrollo urbano como un cuerpo normativo que procura generar un equilibrio entre la diversidad de intereses de las personas habitantes de una urbe y sus derechos como vivienda adecuada, vida digna, agua, medio ambiente, identidad, cultura, desarrollo económico, trabajo, competencia económica justa, entre otros, tenemos que esas reglas de desarrollo urbano son un eje estratégico en la adecuada mediación de intereses y resolución de conflictos.
  1. En la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial los criterios de participación, transparencia, sustentabilidad, crecimiento ordenado, colaboración interinstitucional o competitividad, no han sido cumplidos de forma efectiva. Por lo tanto, el bienestar, la calidad de vida y el acceso de las personas a tener una vivienda digna, no es una realidad. Asimismo, tampoco se ha logrado proteger adecuadamente el suelo destinado a la conservación para el mantenimiento de servicios ambientales.
  2. Los grandes proyectos de infraestructura, así como los proyectos inmobiliarios auspiciados por el gobierno o por particulares, están cambiando trascendentalmente la imagen urbana, la forma de transitar, los estilos de vida y en general la forma de vivir en la ciudad.
  1. En todo momento, la construcción de la Ciudad debe propiciar procesos de participación ciudadana, organizativa y gubernamental de manera conjunta para gestionar soluciones integrales para las problemáticas que aquejan al contexto urbano, bajo las dimensiones humana, política y social.
  1. La Ciudad de México se ha construido conforme a un modelo de urbanización global desarticulada que ha producido desequilibrio, segregación, pobreza y degradación del medio ambiente; lo cual dificulta la convivencia armónica y solidaria en la calle y el uso equitativo del espacio público e impide el acceso suficiente, asequible y de calidad de bienes ambientales y servicios públicos.
  1. Las consecuencias de este modelo insostenible de Ciudad, incluyen el aumento del costo de la vida, desempleo, alto consumo de energía, impactos negativos en el medio ambiente, así como, innumerables afectaciones a la salud de las personas.
  2. Para alcanzar los objetivos planteados en diversos instrumentos nacionales e internacionales es indispensable que las autoridades se comprometan a adoptar no sólo medidas legislativas y normativas, sino también disponer de recursos económicos y humanos,lo cual implica cambios estructurales profundos en los patrones de producción y consumo de bienes y en las formas de apropiación del territorio y de los recursos naturales.
  3. La CDHDF considera importante centrar la atención en los DESCA, no sólo desde cada una de las definiciones semánticas de los derechos que los conforman o como objetos de derecho, sino como condiciones indispensables para la vida de los sujetos de derecho. De esta manera se reconoce que forman parte inalienable de otros bienes regulados constitucionalmente.

Aunque la Ciudad de México cuenta con instrumentos normativos, infraestructura e instituciones encaminadas a garantizar derechos, aún no se consolida un modelo de Ciudad que permita materializar y convertir en un hecho cotidiano el tener una vida urbana digna.

La toma de decisiones centralizada dificulta la creación de la ciudadanía ya que se desconocen las especificidades de cada colonia, menos aún, si se orientan los proyectos a mejorar las condiciones de infraestructura pública o privada en un contexto de mercado, en el que la prioridad son los inversionistas y no la solución de los problemas de las personas. Para lograr una gestión pública equilibrada, es necesario un conjunto de instrumentos y mecanismos diseñados para contar con un marco de referencia dentro del cual las negociaciones entre los diferentes actores urbanos permitan decidir la visión de la Ciudad.

El ejercicio pleno de los DESCA y la aplicación de los principios contenidos en el derecho a la ciudad, obligan a atender los problemas de la Ciudad de México desde una perspectiva metropolitana, pues prácticamente todos los derechos contenidos en el derecho a la ciudad, trascienden la barrera política y los elementos constitutivos mismos del Estado Mexicano: el Federalismo; el Municipio Libre; la Planeación Metropolitana y el papel de los distintos poderes, lo cual representa uno de los mayores retos en el sistema democrático y la participación ciudadana para la efectiva atención de temas críticos como el agua y saneamiento, salud, medio ambiente, movilidad, alimentación y la recolección de residuos sólidos.

Se debe tener en cuenta que un conflicto en el que está en juego la intervención o el uso sobre el espacio (territorio) produce o potencia nuevos conflictos territoriales, resistencia al cambio y tensiones entre derechos.

Es indispensable el reconocimiento pleno por parte del Estado y de sus operadores, de la efectividad en materia de reparación del daño en caso de violaciones a los derechos humanos relacionados con el crecimiento urbano no planificado.

Por mi parte, como Presidenta de la CDHDF reafirmo nuestro compromiso con la defensa, promoción, difusión y protección de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México y sumamos nuestros esfuerzos, experiencia y conocimientos al de las Defensorías de ciudades iberoamericanas en su intención de fijar posturas y coadyuvar en la integración de una nueva agenda en el marco de la Conferencia Hábitat III.

En la CDHDF compartimos el convencimiento de que la construcción de una ciudadanía democrática y participativa es la vía para alcanzar la plena protección de los derechos humanos. Es tarea de todas y de todos poner los recursos que tengamos a nuestro alcance para propiciar una vida digna, que nos permita transitar y habitar ciudades donde se visibilicen y respeten las diferencias y se impulse equitativamente el desarrollo de todas las personas que confluimos en ellas.

Inklusion
Loading