Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 18/2016
24 de mayo de 2016
Buenos días a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Nos es grato recibir a diferentes representantes de instituciones gubernamentales y académicas, estudiantes, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil, público en general, compañeras y compañeros también de esta Comisión.
El Tribunal Superior de Justicia y esta Comisión hemos organizado el Foro Avances y retos en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México, con la finalidad de abrir un espacio donde se analicen y compartan experiencias sobre los avances y retos que implican la implementación de la Reforma Constitucional de 2008.
El proceso jurídico que engloba al Nuevo Sistema Penal conlleva a una serie de profundas reflexiones, entre ellas: analizar si se cuenta con los elementos necesarios en materia normativa, presupuestal, de infraestructura y tecnológica para su correcta aplicación.
El acceso a la justicia, debido proceso y el derecho a la verdad son derechos humanos que se deben garantizar durante cualquier proceso penal; sin embargo, en un sistema mixto como el que se estableció en México antes de la Reforma de 2008, concentraba en una misma autoridad las funciones de investigación, generación y valoración de pruebas para alcanzar la acusación ante el Poder Judicial.
Dichas actividades sistemáticas, lamentablemente, en muchos casos, perjudicaron a las personas imputadas que tenían que acreditar su inocencia ante las autoridades, quienes, en ocasiones realizaban “actividades adicionales” para acreditar la veracidad de la prueba, lo cual generaba una real desventaja y desequilibrio procesal que repercutía en la violación del debido proceso de las partes y generaba un esquema de desconfianza e insatisfacción.
Estas problemáticas, entre otras, provocaron que el 18 de junio de 2008 se materializara la Reforma Constitucional en Materia Penal, que dio origen a la transición de un Sistema Mixto a un Sistema Acusatorio y Oral, con la finalidad de garantizar a las personas sus derechos bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de tal forma que se garantice la igualdad procesal entre las partes, así como la separación de funciones de las autoridades y el establecimiento del principio de presunción de inocencia del imputado.
Lo anterior tiene como meta fundamental generar mayor trasparencia y eficacia a un menor costo en cuanto a recursos públicos se refiere y reducir el tiempo y cargas de trabajo para las partes implicadas en el conflicto penal.
Por lo anterior, se estableció un plazo de ocho años para que la Federación y cada estado de la República realicen la adecuación normativa y operativa para la implementación de este nuevo Sistema Penal. En este sentido, cabe destacar que antes de la Reforma Constitucional en mención, los estados de Oaxaca, Chihuahua y Nuevo León ya utilizaban el sistema oral, y posteriormente a esta modificación a la Carta Magna, diferentes entidades federativas ya han realizado, de manera gradual, los esfuerzos correspondientes para su aplicación, como son los casos de Durango y Estado de México.
Actualmente, en la Ciudad de México el Sistema oral opera de forma parcial, pues únicamente se utiliza para los delitos no graves; sin embargo, se tiene como fecha límite el próximo 18 de junio; es decir, 25 días, para que, en cumplimiento a la Reforma Constitucional, el Sistema Acusatorio se encuentre trabajando en toda la República.
Cabe decir que la práctica cotidiana del nuevo Sistema Penal tendrá que armonizarse con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, para que las y los funcionarios que le dan práctica respeten, protejan y garanticen los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte.
Ante ello, tenemos que visualizar un panorama que implica grandes retos para su implementación, debido a que no sólo se trata de una Reforma normativa y organizacional, en la que se requerirá de voluntad política para lograr acuerdos y fortalecer a las instituciones mediante capacitación, inversión en recursos humanos, técnicos y presupuestales que permitan su operación, sino que también implica un cambio de paradigma en la forma de relacionarse entre sociedad y autoridades en los procesos penales, así como una transformación en la mentalidad y conciencia de juezas y jueces, abogadas y abogados, estudiantes, personas académicas y defensoras de derechos humanos, así como funcionarias públicas, Sociedad Civil y demás partícipes del Sistema Penal.
En el presente Foro se pretende generar, durante el desarrollo de las mesas de trabajo, un espacio de interlocución, intercambio de ideas, experiencias, áreas de oportunidad y buenas prácticas que nos permitan visibilizar las estrategias más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos que la implementación del Sistema se ha planteado, con especial atención en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Asimismo, se identifiquen los retos y resistencias que las autoridades pudieran encontrar, por lo que serán bienvenidas todas las propuestas para fortalecer estas actividades.
Finalmente, es oportuno mencionar que esta Comisión se mantendrá atenta a las acciones que se lleven a cabo para la debida implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México a fin de que se garantice la debida procuración e impartición de justicia y los presupuestos del debido proceso.
No omito mencionar que se beberán seguir impulsando todas las acciones para la prevención y disminución del delito y la protección de los derechos de las víctimas.
Les pido por favor nos pongamos de pie. Siendo las 10 horas con 48 minutos, se da por inaugurado el Foro Avances y retos en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México. Que sea para bien, y siempre con toda la apertura y reconocimiento al Tribunal Superior de Justicia de nuestra Ciudad de México. Muchas gracias.
