Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 20/2016
7 de junio de 2016
Ahora, daré lectura al documento sobre la Situación del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Esta Comisión observa con preocupación los hechos registrados recientemente en algunos centros de reclusión de la Ciudad de México, los cuales constituyen una llamada de atención a las autoridades, a fin de que establezcan medidas eficaces para contrarrestar las causas y no sólo los efectos de los problemas que se presentan, realizando una intervención integral para abatir la sobrepoblación, el hacinamiento y con ello prevenir que las situaciones que se han presentado, se desborden y hagan ingobernable al Sistema Penitenciario.
Desde hace años, esta Comisión ha informado sobre diversos hechos de violencia al interior de las cárceles, los cuales han involucrado a personas internas y al personal técnico en seguridad a cargo de la vigilancia de las instituciones; asimismo, ha dado cuenta de la presencia de armas, incluso de fuego, que ponen en riesgo la seguridad de las instituciones.
Entre estos hechos podemos mencionar los siguientes que se dieron recientemente:
El 31 de mayo del año en curso, la Comisión inició una investigación de oficio relacionada con la fuga de dos personas privadas de libertad del módulo Diamante del Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO), quienes acudieron a una diligencia de carácter judicial a los juzgados anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Este no es el único caso de fuga o tentantiva de fuga que se ha presentado en la Ciudad de México, pues en el mes de enero de 2016 una persona interna del Reclusorio Preventivo Varonil Norte intentó evadirse utilizando una cuerda; en el año 2014 se dio a conocer el caso de 6 libertades indebidas de personas recluidas en la Penitenciaría de esta Ciudad, quienes fueron liberadas con documentos apócrifos y que posteriormente fueron detenidas.
Cabe señalar que no son hechos aislados y que esta Comisión alertó de manera temprana a través de foros, pronunciamientos y Recomendaciones -tales como la 4/2010, la 6/2011 y la 18/2015-, la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de seguridad en los centros de reclusión a través de la implementación de mecanismos confiables y precisos para la vigilancia y monitoreo permanente, que garanticen tanto la seguridad institucional como la de la población penitenciaria, visitantes y servidores públicos.
Entre estos mecanismos se ha puesto énfasis, de acuerdo con lo reportado en el Informe Especial sobre la Situación de los Centros de Reclusión en el Distrito Federal del año 2005, la necesidad de que el Sistema Penitenciario cuente con personal de seguridad capacitado para mantener el orden y la seguridad en las prisiones, así como realizar los traslados médicos y responder a los requerimientos judiciales, con alto grado de confiabilidad y pleno respeto a los derechos humanos.
En el mismo mes de mayo pasado, se registraron lamentables incidentes en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando y en la de Diagnóstico Integral para Adolescentes. En ambos casos, la Dirección General de Tratamiento Especializado para Adolescentes tuvo una intervención insuficiente para atender los problemas integralmente y como consecuencia, al día de hoy persisten riesgos en las dos instituciones y se mantiene el contexto de violaciones a derechos humanos de los adolescentes.
Los acontecimientos se hicieron del conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que las y los jueces encargados de dictar las medidas de tratamiento estén informados de las condiciones en que éstas se cumplen, y que se actúe en consecuencia.
El pasado 11 de mayo manifestamos mediante un comunicado de prensa, nuestra preocupación por las condiciones de violencia que prevalecen en la citada Comunidad de San Fernando, donde se destaca que en un mismo día se presentaron varios episodios de violencia entre los jóvenes que terminaron en un motín y donde días previos se habían presentado riñas que tuvieron como consecuencia que un joven fuera lesionado gravemente por un grupo de adolescentes de la misma comunidad.
Se enfatiza que la Comisión, desde tiempo atrás alertó a las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes sobre las condiciones prevalecientes en la Comunidad. De todo lo anterior se dio vista a las autoridades competentes para la determinación de las respectivas responsabilidades y para prevenir escenarios de impunidad.
Esta misma situación se hizo evidente en la Recomendación 3/2014, donde se solicitó llevar a cabo acciones para atender y prevenir la violencia entre las y los adolescentes, así como contar con personal que tenga un perfil acorde a la población. Lamentablemente sigue operando la policía bancaria industrial, y en la actual administración sólo ha existido una rotación de personal sin haber analizado las necesidades de las comunidades.
Asimismo, esta Comisión señaló desde el año 2009 en su Informe Especial sobre el Sistema de Justicia para Adolescentes, que, para lograr un adecuado desempeño de las y los servidores públicos a cargo de la conducción y operación del sistema, era necesario reforzar su capacitación y su formación.
En el diagnóstico derivado de las visitas de supervisión realizadas a las comunidades en 2015, se evidenciaron la falta de condiciones adecuadas y la ausencia de servicios que hagan digna la estancia de jóvenes y adolescentes, mismas que tengan por objeto el cumplimiento de las medidas de tratamiento. También se dio cuenta y fue notificado a las autoridades, el contexto de violencia que persisten al interior de esas instalaciones.
Este Organismo Público Autónomo seguirá desarrollando diversas acciones de atención a adolescentes en conflicto con la ley, para acercar los servicios de la Comisión a éstos y a sus familias. En tal sentido, se realizan visitas y recorridos para promover e incidir en el mejoramiento de condiciones de vida con el apoyo del Ombudsmóvil.
Otra situación a resaltar se expuso el pasado 18 de abril, cuando la Comisión informó que había iniciado una investigación de oficio por la publicación en medios de comunicación de fotografías tomadas presuntamente en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en las que se evidenciaba la persistencia de un esquema de privilegios y concesiones al margen de la ley, que permiten el ingreso de equipo de comunicación y telefonía, así como objetos y sustancias prohibidas.
Añadimos que esa investigación se suma a las que ya se encontraban en curso por el ingreso de diversas armas, incluso de fuego, que ponen en riesgo la integridad psicofísica de las personas privadas de libertad y la seguridad de las instituciones, fallas que ya han provocado hechos lamentables como la muerte de personas.
Dentro de las acciones que hemos hecho como institución, del 2010 a la fecha la Comisión ha emitido un total de 10 Recomendaciones en materia de seguridad institucional dentro de las instalaciones penitenciarias, documentos de los cuales 17 puntos recomendatorios se encuentran en seguimiento.
De la misma manera, desde 1994 y hasta el 2015, se tienen 17 Recomendaciones relacionadas con muertes violentas en los diversos centros penitenciarios de la Ciudad de México. A la fecha, 8 de ellas están sujetas a seguimiento con 27 puntos recomendatorios pendientes por cumplir.
Desde 2010 y hasta el mes de abril de 2016, se han identificado 784 muertes, de las que 166 corresponden a muertes violentas al interior de los centros de reclusión.
Llama la atención que la segunda causa de demanda de atención médica en prisiones de la Ciudad deriva de acciones violentas suscitadas entre personas internas y de violencia perpetrada por personal de seguridad en contra de la población interna.
Además, la sobrepoblación en cárceles del Distrito Federal en términos globales es de casi 50%, ya que las cárceles de la Ciudad de México tienen capacidad para aproximadamente 24,000 personas y actualmente se encuentran alrededor de 35,000.
Esta Comisión ha enviado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México un total de 4,103 medidas precautorias relacionadas con los derechos a la Salud, Integridad y Condiciones de Seguridad y Vida Digna en el Sistema Penitenciario, durante el periodo 2014 a mayo de 2016.
También ha tenido presencia permanente de Visitadoras y Visitadores en los 12 centros de reclusión y en las 6 comunidades para adolescentes, para investigar y documentar violaciones a derechos humanos y también como un mecanismo de prevención de éstas.
La Comisión hace un llamado al Gobierno de la Ciudad de México, en especial a la Secretaría de Gobierno y a las autoridades penitenciarias, para que realicen las acciones necesarias con el fin de resolver esta problemática de manera integral, con la participación y coordinación de todos los entes involucrados para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sus familias, así como de las y los servidores públicos que prestan sus servicios en el sistema penitenciario.
Asimismo, este Organismo reafirma que dará seguimiento a la situación en los centros de reclusión y mantendrá el contacto directo con este grupo de población y sus familiares y seguirá impulsando la intervención temprana, la prevención de escenarios de violencia y su resolución negociada de los conflictos.
