Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 42/2016
Quito, Ecuador, 19 de octubre de 2016
Pablo Aguilar: Lo interesante de este panel, de esta mesa, que se titula “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. La nueva agenda urbana”, de lo que se trata, entre otras cosas, es de quitarle el velo a la justicia y darle más fuerza las partes. Es un tema interesante sobre todo partiendo de los puntos que vamos a ver ahorita.
Bien, ¿qué es lo que se pretende con este evento? Nos dice la convocatoria que primero es reflexionar sobre el rol activo que deberán adoptar las instituciones y los actores sociales que nos están acompañando y todos los que trabajamos en la defensa de los derechos. O sea, directamente ya es la lucha por la Ciudad en esta lucha por los derechos. Y con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos de toda la población.
Miren, tenemos con nosotros a compañeros, a la Doctora Perla Gómez Gallardo, que es la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, que está estrenando una nueva Constitución fenomenal en el tema de declaración de derechos, pero hace falta revisarla. También contamos con un súper amigo, el arquitecto Fernando Murillo. Coincidimos plenamente. Él el creador entre otros instrumentos de lo que llama la “Brújula de los derechos”. Hacia dónde va a ir la espada es la “Brújula de los derechos” para defensa de estos derechos.
¿Y ustedes compañeros? Cecilia Pelayo, líder comunitaria, colegionaria comunitaria del Barrio 7 de diciembre de Montevideo, Uruguay, y Virgilio Gregorini, Director de Techo Argentino, que está en la primera fila de la lucha por los derechos. Bienvenidos. Más o menos la idea es hablar unos cinco, seis, siete u ocho minutitos, dependiendo del tiempo, pero trataremos de hacerlo dinámico. Empezamos con Perla para responder a estas preguntas.
Doctora Perla Gómez Gallardo: Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a este evento para hablar sobre los derechos humanos y acceso a la justicia en la nueva agenda urbana. Mi intervención versará sobre la obligación del Estado de facilitar el acceso a la justicia para todas las personas, derecho que funge como garantía de los derechos humanos contenidos en la nueva agenda urbana, resaltando los obstáculos de acceso a la justicia que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad y los deberes reforzados del Estado para cumplir con el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenido.
El derecho de acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que permite la resolución de conflictos y la salvaguarda de derechos violentados, mediante la protección jurídica que brindan las instituciones del Estado provistas para la procuración y la administración de justicia. Implica que toda persona tenga acceso a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes, independientes e imparciales, en condiciones de igualdad y sin discriminación que le ampare contra actos que violen sus derechos humanos, mediante una investigación diligente, sanción y reparación, como lo reconocer la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana y los Lineamientos para una guía de buenas prácticas en Iberoamérica.
El tema de acceso a la justicia en pie de igualdad cobra especial importancia ante al menos dos aristas: el acceso a la justicia como un mecanismo para exigir y garantizar los derechos humanos y la situación de vulnerabilidad de las personas en el contexto contemporáneo. Al respecto, como parte de la obligación general de garantizar los derechos humanos, el Estado debe tener condiciones formales y materiales para la justiciabilidad de los derechos, así como remover los obstáculos normativos, económicos y sociales que impiden o limitan este acceso a la justicia.
Como lo ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la justicia es un pilar básico del Estado de Derecho y de la democracia, ya que además de posibilitar el derecho a la verdad y a la reparación, permite que cualquier persona independientemente de su sexo, identidad sexual, idioma, religión, posición económica, opiniones políticas o cualquier otra condición social, exija la efectividad de sus demás derechos humanos. Por ello, los Estados deben facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, especialmente a los sectores sociales en situación de desventaja y desigualdad. Esto para que los grupos en situación de vulnerabilidad efectivamente gocen de sus derechos humanos, ya que los problemas estructurales como la impunidad les afectan de forma más crítica.
Como lo ha precisado la propia Comisión Interamericana, la desigualdad económica o social comúnmente se ve reflejada en una defensa de símil en juicio. Las desventajas materiales de grupos en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, las mujeres, las personas que viven en situación de calle, las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes y refugiadas, entre otros, resultan en impedimentos para que ejerzan y reivindiquen sus derechos.
Preocupa a esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas, ya que la imposibilidad de recibir información y hacerse comprender durante un juicio es un trato discriminatorio que desemboca en un impedimento y en una negación injustificada del acceso a la justicia.
En la Ciudad de México, un dato nada más para que se den una idea, hay más de 600 personas en esta situación que por no tener traductor están actualmente detenidas, y lo más grave que creen que sólo hay una lengua y no necesariamente hay ese acceso. La propia Comisión está documentado la Recomendación por esta acción de negación de acceso a la justicia por el simple hecho de no tener un intérprete. Tenemos el mismo reto de haber buscado 25 intérpretes diferentes para poder atender los casos que tenemos en la materia.
Por lo tanto los Estados deben garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas mediante sistemas de justicia que tomen en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, características económicas y sociales, así como, reitero, la asistencia de intérprete, defensores que conozcan su lengua y cultura. Esto para poner fin a la discriminación y marginación sostenida tradicionalmente por esta población.
No es menor, en México hasta el siglo pasado que se levantó el movimiento zapatista, se visibilizó una exclusión que estaba totalmente excluida y soslayada en nuestra Constitución y que afortunadamente cambió al reconocer a México como un país pluricultural. No es menor, y sigue latente, pero también decir que en una Ciudad capital sigue habiendo casos de negación de acceso de la justicia de personas detenidas por carecer de intérprete les puede dar justo la magnitud del reto que tenemos en la materia.
No es menor otro caso: poblaciones callejeras. La Comisión plasmó en el Informe Especial sobre situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras, que la discriminación estructural y sistemática en la que están inmersas dichas personas constituyen un obstáculo para el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia y la consecuente exigibilidad de sus derechos humanos. Estas personas constantemente son criminalizadas por estereotipos asociados a la vida en calle. No es menor, y también hay que decirlo, en nuestra sociedad, en la capital del país lleva 25 años el fenómeno. Tenemos situaciones donde ya no es la persona en situación de calle porque perdió su empleo y era un adulto mayor, ya no es el joven que salió de su casa por tener violencia intrafamiliar, son niñas y niños de tercera generación que están naciendo en la calle. Y justo es reconocer, y es para esto que surgen instituciones como las Comisiones de Derechos Humanos, para ser este factor incómodo a cualquier autoridad que los estigmatice, que los criminalice, que los excluya; y es más grave incluso el tema mismo de lo que implica el no tener ni siquiera un derecho a la identidad. Se ha logrado que se les dé gratuitamente un acta de nacimiento, pero ni siquiera tienen registros; temas de asociación hacia el consumo de drogas; temas de niñas y niños de qué potencial o qué calidad de vida van a tener; y cómo respetando las inacciones de desplazamiento o limpieza social, ni acciones de criminalización o acciones también de tutelar a las personas como si no tuvieran una autonomía en sus decisiones puedan generarse condiciones que puedan propiciar esquemas de reintegración con, porque es un factor adicional, la situación ahora de esos estigmas de utilizar ahora las y los vecinos de las personas donde están estos focos como contrapeso diciendo: “Limpien el espacio”. Hay un doble reto de sensibilización en la materia.
No es menor el tema de las mujeres. Justo en este año, en la Recomendación que emitimos a mediados de este año, documentamos la violación del derecho de acceso a la justicia por autoridades que incumplen con la obligación de prevenir e investigar diligentemente cuestiones de delitos. Hay una acción muy peculiar. Hay una gama de protocolos, leyes, lineamientos, vigentes en la Ciudad que establecen abrir protocolos en materia de género cuando se inician temas que tienen que ver con su documentación. ¿Qué pasa y en estos casos qué se documentó? Una mujer que llega en una doble calidad, muchas veces llega reportando que el esposo tiene violencia intrafamiliar y cuando se defiende legítimamente e incluso llega a privarlo de la vida la acusan de homicidio y nunca le dieron seguimiento a las denuncias previas de agresión o violencia. O inmediatamente sólo se privilegia el aspecto de estigmatizar, y está documentado, porque es un dato importante, que mujer que en una situación de crimen pasional tiene automáticamente una mayor sanción que el barón.
Y mujeres en reclusión en la Ciudad de México tienen un 80% de abandono. Ni siquiera visitas, un nulo reconocimiento y exclusión de su entorno social y familiar. Entonces estos temas siguen teniendo el reto de visibilizarlos, pero también nos preocupa que pese a que existen las leyes primero era el tema de las Recomendaciones para que emitieran los protocolos, ahora son Recomendaciones para que capaciten al personal para que conozca el protocolo que tiene que aplicar. O sea, siguen no necesariamente las fórmulas mágicas que la ley realmente corrige, las situaciones que vemos se reproducen.
Otro también son las personas migrantes. Es un tema delicado. Nos preocupa toda la situación que debe totalmente ser intolerada de los discursos de odio, de discriminación y de exclusión, que lamentablemente en campañas políticas norteamericanas se están manejando. El tema de migrantes, el tema de refugiados, es un tema muy sensible que nos trastoca a toda la región, en primer lugar porque no son criminales; en segundo, porque ahora ya no solamente el desplazamiento por búsqueda de una mejor calidad de vida, sino por temas de violencia. Y el más grave, niñas y niños transitando solas y solos para tratar de llegar al otro lado buscando a un familiar. Más el crimen organizado que ya es un factor. No es menor la masacre de San Fernando que a la fecha es un caso que sigue agraviando a nuestra sociedad y a toda Latinoamérica, de la ejecución de migrantes que a la fecha no queda esclarecido. Entonces estos mensajes que dicen que levantar muros o generar condiciones no pueden ser bajo el esquema más básico de respeto a la dignidad de las personas en sociedades democráticas y plurales como las nuestras.
De aquí se ven las circunstancias de la falta de asesoría especializada, impedimentos en el acceso a estaciones migratorias, procesos intimidatorios o revictimizantes; aunado a lo anterior, también es agregar el tiempo que implican estos procesos jurídicos; privación de la libertad de personas migrantes durante los procesos judiciales; dificultad para su seguimiento y condiciones que tienen cuando están en tránsito.
Lo que hemos logrado en la Ciudad es tratar de dar la muestra de que se pueden generar corredores involuntarios. Le cambia el rostro y lo hemos hecho. En la propia Comisión pernoctaron por tres días 500 hermanas y hermanos migrantes que venían de diferentes regiones, en lo que lograban un trámite de 30 días libres para transitar por el país. El simple hecho de tratarlos como personas les cambió el rostro, se fueron con otra actitud y se puede demostrar que cuando hay voluntad sí se pueden generar condiciones de no criminalización.
En este caso la prioridad justo es combatir estas situaciones estructurales de desigualdad, lo tenemos como mandato constitucional, remover estos obstáculos normativos y económicos, conste que no es la solución, sólo la norma. Tener mucho cuidado cuando nos cambian normas ambiguas para hacer retrocesos o para entorpecer también, porque también esa parte es muy perversa en los temas institucionales que hacen que parezca más la simulación que la atención de los problemas; y de ahí estos temas que son coincidentes en todas nuestras regiones, cómo generar condiciones para revertir la pobreza. La más grave y que siempre trastoca cualquier situación de violación a derechos humanos, el factor que van a encontrar como variable determinante siempre que hay una situación en derechos humanos es un tema llamado corrupción.
Ese es un dato importantísimo, no dejarlo de lado cuando reflexionamos del porqué la desigualdad y el acceso a la justicia cuando las propias instituciones están en crisis de credibilidad frente a embates que nos tratan de hacer ante instituciones incómodas, pero al mismo tiempo otras que en la autocomplacencia hace todos estos escenarios que revierten esa confianza en las propias instituciones.
Así también, la apuesta generalmente es esto: difundir, visibilizar, educar, sensibilizar y generar esta situación de indignación permanente. En la manera en que nos importe, en la manera en que nos mueva, en la manera en que en estos foros, que siempre es un privilegio estar en una universidad, es aquí en foco para hacer a la gente peligrosa, peligrosa porque sabe, peligrosa porque se empodera, peligrosa porque discute y es plural, tolera, respeta, pero sobre todo exige; y ante al privilegio de la educación que tienen los jóvenes qué podemos hacer los que lo tuvimos por aquéllos que en este momento están muriendo en la calle o están muriendo por tener algo que es una solución simple, pero que existen estos niveles de desigualdad que justo hace doblemente la afrenta de la negativa de acceder a una calidad de vida, menos aún de un respeto a su dignidad como seres humanos. Muchas gracias.
