Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 39/2016
13 de octubre de 2016
Buen día a todas y todos. Agradecemos su asistencia a esta convocatoria para hacer del conocimiento público a la emisión de la Recomendación 12/2016. Se encuentra conmigo la maestra Montserrat Rizo Rodríguez, Segunda Visitadora de esta Comisión; así como la Directora Ejecutiva de Seguimiento, licenciada María José López Lugo; y la maestra Ivette Rosales Morales, Directora Ejecutiva de Vinculación Estratégica; y personal que coadyuvó en la elaboración de este instrumento.
A continuación, me permito dar lectura al contenido de la Recomendación 12/2016 que se emite, y que fue notificada ayer a la Secretaría de Gobierno, en su calidad de autoridad responsable, así como a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en particular a la Dirección de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), en su calidad de autoridad colaboradora.
La Recomendación 12/2016 es el resultado de la investigación realizada a partir de 15 expedientes de queja, de los cuales, seis se iniciaron de oficio, por parte de esta Comisión de Derechos Humanos. En todos éstos, se documentaron y acreditaron violaciones a los derechos humanos de las personas adolescentes y jóvenes que cumplen una medida de sanción e internamiento en las Comunidades para Adolescentes, adscritas a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, quienes a causa del incumplimiento de los deberes de garante custodia y cuidado de las autoridades encargadas de su reinserción social y familiar, han sido objeto de lesiones graves, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y algunos también han sufrido discriminación, debido a su identidad de género.
Aunado a lo anterior, se acreditó que carecen de un nivel de vida adecuado. Respecto al derecho a la Seguridad e Integridad Personal, en relación con el deber de garante y de cuidado a favor de las personas adolescentes y jóvenes que cumplen una medida de sanción; las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes han incumplido con su obligación de protección, al no tomar las medidas necesarias para evitar que las personas adolescentes y jóvenes privadas de su libertad sean agredidas de manera verbal y física por otras personas jóvenes y adolescentes de la misma Comunidad.
Las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes incurrieron en agresiones en contra de los adolescentes y jóvenes por parte de los Guías Técnicos y elementos de un grupo operativo denominado GruSec, en cumplimiento a las consignas ordenadas por las autoridades adscritas a esta Dirección, a través del uso indebido y desproporcionado de la fuerza.
Respecto del Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación de las Personas Adolescentes y Jóvenes que cumplen una medida de sanción por motivos de género, las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, basadas en estereotipos y prejuicios, obligaron a dos adolescentes de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Trasvesti, Transexual, Transgénero e Intersex (LGBTTTI), a modificar su comportamiento y actitudes de una manera distinta a la identidad sexo-genérica que eligieron; por lo que, en este instrumento también se evidencia la falta de capacitación y especialización por parte de las personas servidoras públicas para brindar una atención adecuada y tratamiento personalizado a estas dos personas, lo que vulneró sus derechos y constituyó diversas conductas de discriminación en su agravio durante su internamiento.
Respecto al Derecho a un Nivel de Vida Adecuado y Trato Digno a las Personas Adolescentes y Jóvenes que cumplen una medida de sanción, las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes no han cumplido con su obligación de dar el debido mantenimiento a las instalaciones y condiciones de infraestructura al interior de las Comunidades Especializadas, en específico a la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes y la Comunidad de Diagnóstico para Adolescentes, lo cual genera la violación al Derecho Humano de las Personas Jóvenes y Adolescentes a un Nivel de Vida Adecuado en la ejecución de su medida de sanción.
Respecto a los Derechos sexuales y Reproductivos de las Personas Adolescentes y Jóvenes que cumplen una medida de sanción, las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, han omitido establecer al interior de las Comunidades Especializadas de Tratamiento, instalaciones para el ejercicio del derecho a la visita íntima. Esto se acreditó y documentó mediante las siguientes acciones:
Primero. Entrevistas a actores implicados en los casos: se recabaron los testimonios y las manifestaciones de los adolescentes y jóvenes agraviados; se recabaron manifestaciones de servidoras y servidores públicos; se realizaron entrevistas a adolescentes que se encontraban cumpliendo alguna medida de tratamiento en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes.
Segundo. Solicitudes de informe a la autoridad: se solicitaron y analizaron los informes rendidos por la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, de la Secretaría de Gobierno, y por la Dirección de Servicios Médicos y Legales en Reclusorios, de la Secretaría de Salud; así como del Tribunal Superior de Justicia, todas de la Ciudad de México.
Tercero. Valoraciones médicas: se analizaron los expedientes clínicos de los adolescentes y jóvenes implicados en los hechos.
Cuarto. Solicitudes de colaboración de autoridades para la investigación de los hechos y determinación de responsabilidades: se solicitó la colaboración de la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, para que se investigaran las presuntas responsabilidades de servidoras y servidores públicos; asimismo, se dio vista al Tribunal Superior de Justicia, a efecto de que la situación de violencia que prevalece en estas Comunidades, se hiciera del conocimiento de los Jueces de Ejecución especializados en Justicia para Adolescentes.
Quinto. Mesas de Trabajo Interinstitucional: se llevaron a cabo mesas de trabajo con diversas autoridades, como la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno; el Tribunal Superior de Justicia; la Secretaría de Seguridad Pública; la Asamblea Legislativa; la Dirección de Servicios Médico Legales y de Reclusorios, de la Secretaría de Salud; la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes y personal de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, todas de la Ciudad de México, a fin de tratar la situación de violencia que prevalece en los Centros de Internamiento.
Sexto. Se realizaron visitas de verificación en todas las Comunidades de Tratamiento para Adolescentes; y por cada expediente de queja, para entrevistar de manera directa a las personas jóvenes y adolescentes agraviadas, a las autoridades, y observar las evidencias físicas existentes, en torno a los hechos denunciados y las condiciones en las que se encuentran.
Se verificaron las instalaciones donde habitan y se desarrolla este grupo de población. Sobresale que se desconoce y/o no se cuenta con Protocolos de Revisión corporal de las personas que entran a las Comunidades, debidamente autorizada, así como de sus pertenencias y de los alimentos que ingresan a éstas, lo que motiva la investigación de algunas de las quejas que recibimos en este Organismo.
Lo mismo ocurre en relación con la visita íntima, ya que se observó que no se cuenta con espacios destinados para tal efecto, ni con un mecanismo claro para recibir peticiones de este tipo de visita, su valoración y, en su caso, la autorización para que las personas adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.
De igual forma, tampoco existen espacios destinados para recibir la visita de sus defensoras y defensores, por lo que éstos son recibidos en las mismas áreas verdes o, en su caso, en el Área Jurídica, sin ningún tipo de privacidad.
En cuanto a los dormitorios de algunas Comunidades, principalmente en San Fernando, se observa que no existen extintores ni señalamientos de Protección Civil; su personal desconoce si existen Protocolos de Actuación en caso de una contingencia, además de que existen instalaciones eléctricas en malas condiciones, diversas fugas de agua o filtraciones en los baños y regaderas. Asimismo, se observó que la mayoría de las ventanas están descubiertas y en algunas el acrílico roto, lo que representa un peligro para la seguridad de los adolescentes.
No existen espacios destinados para la estancia de personas en situación de vulnerabilidad, como el caso de personas de la comunidad LGBTTTI; ni accesibilidad para que las Personas con Discapacidad, sean adolescentes, personal o visitantes, puedan desplazarse.
También se observó la falta de regularización o de homologación de criterios sobre los aparatos electrónicos de los que se tiene permitida la entrada. Esto varía mucho entre cada Comunidad; por ejemplo: en la Comunidad de Desarrollo para Adolescentes (CDA), el control del uso de los aparatos es exclusivo de la autoridad; en contraste, en San Fernando, son los jóvenes los que ingresan y controlan los aparatos que sus familias les llevan.
En todas las Comunidades se observaron espacios vacíos o dormitorios que pudiesen ser aprovechados en alguna otra actividad, en beneficio de las personas adolescentes y jóvenes en tratamiento; como por ejemplo en actividades artísticas, culturales o educativas.
Los patios de las Comunidades, principalmente en San Fernando, se observaron sucios y en mal estado; las coladeras se encuentran descubiertas, llenas de basura y rodeadas de sustancias fecales producidas por roedores; los drenajes en su mayoría están tapados; no cuentan con extintores ni señalamientos de Protección Civil; y las escaleras son un alto factor de riesgo, ya que presentan un acentuado desgaste. Y los barandales se encuentran rotos.
Este Organismo presentó un Pronunciamiento en el mes de julio del 2015, en el que se evidenciaron los problemas de infraestructura, instalaciones hidráulicas y eléctricas en las Comunidades de Tratamiento. Sin embargo, éstos continúan sin atenderse, como se constató en las verificaciones realizadas por personal de esta Comisión en este año, vulnerando con ello la seguridad de las personas adolescentes y jóvenes, del personal que labora en los Centros y de las personas visitantes.
Asimismo, se emitieron con anterioridad las Recomendaciones 19/2009 y 3/2014, en las que se ha observó a la autoridad su deber de capacitar a los cuerpos de seguridad asignados para la protección y cuidado de la población adolescente que cumple alguna medida de tratamiento en los Centros Especializados, conforme a los estándares internacionales que regulan la materia.
Sin embargo, la emisión del presente instrumento recomendatorio acredita que la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes no ha atendido en su totalidad los señalamientos realizados por esta Comisión.
Preocupa a este Organismo, que al interior de los Centros de Internamiento de la Ciudad de México sean constantes las situaciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas adolescentes y jóvenes y que subsistan condiciones de violencia, autogobierno e impunidad en la actuación de algunas servidoras y servidores públicos adscritos a esa Dirección General y Guías Técnicos, mismas que se resumen en 15 expedientes de queja investigados por este Organismo.
De éstos, en seis se refiere que servidores públicos incurrieron en conductas que constituyeron agresiones a la integridad psicofísica de las personas adolescentes y jóvenes en tratamiento; mientras que en tres, se acreditó la omisión en su deber de protección y custodia, que causó incluso la pérdida de la visión del ojo derecho de uno de los jóvenes, y el intento de suicidio de otro más.
Actualmente, los Órganos de Control y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigan los hechos para determinar las responsabilidades de las y los servidores públicos. En ese sentido, los procedimientos administrativos y carpetas de investigación correspondientes han sido incorporados al Programa de Lucha contra la Impunidad de esta Comisión, en donde se dará puntual seguimiento hasta la determinación de los mismos.
Cabe mencionar que, este Organismo constató que se mal-informó a los padres de familia y al personal de esta Comisión, respecto a la existencia de videograbaciones sobre los acontecimientos, para posteriormente negarse a proporcionar dicho material probatorio, bajo el argumento de que no se contaba con ellos, lo que demuestra que la instancia correspondiente fue omisa en salvaguardar el lugar de los hechos que serían investigados con posterioridad por las autoridades competentes. Por ello, es muy importante la observancia del procedimiento de Cadena de Custodia, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de prevenir escenarios de impunidad.
A través de las diversas reuniones que mantuvo personal de este Organismo con el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, se incidió para que se presentara ante el Consejo de la Judicatura una propuesta para que los Jueces de Ejecución, en el ámbito de sus competencias, realicen visitas mensuales a todos los Centros de Tratamiento, con la finalidad de conocer las cuestiones relacionadas con las condiciones en las que se encuentran.
Es importante mencionar que estas Comunidades no son Centros Penitenciarios, por lo que su función conlleva necesariamente una intervención con las personas adolescentes y jóvenes, mediante tratamientos multidisciplinarios personalizados, que permitan alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades y su sentido de responsabilidad; así como para que cuenten con un proyecto de vida con sus familias y la sociedad, teniendo como principios rectores el Interés Superior de los adolescentes y el Respeto a su Dignidad y Derechos Fundamentales, como lo señala la nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ordenamiento que, a partir de su entrada en vigor, disminuyó significativamente la población actual en los Centros de Internamiento.
La Comisión reitera a la autoridad su deber de cumplir con sus obligaciones, en materia de los estándares de Protección de las Personas Adolescentes y Jóvenes en Tratamiento, a efecto de renovar sus planes y programas, y de profesionalizar en materia de Justicia para Adolescentes, Uso Legítimo de la Fuerza, Género y Derechos Humanos, a su personal, incluso al de su nivel Directivo; ya que es fundamental que, quienes ocupen dichos cargos estén altamente capacitados y cuenten con la preparación y habilidad necesaria para resolver cuestiones como las que se plantean en el cuerpo de este instrumento.
Lamentamos que la Directora General de Tratamiento para Adolescentes no haya acudido al llamado de este Organismo, que se le formuló por conducto de la Segunda Visitaduría General, con el objetivo de dar a conocer los casos que el día de hoy referimos en la presente Recomendación, así como los temas que nos preocupan con relación a esta población que vive en un contexto de vulnerabilidad.
En este orden de ideas, esta Comisión hace un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en particular a la Policía Bancaria e Industrial, con la finalidad de que se involucre en el cumplimiento de la presente Recomendación, como autoridad colaboradora, desde el ámbito de su respectiva competencia. Es menester que se establezcan acuerdos con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a efecto de que las consignas señaladas para la actuación de sus Guías Técnicos y elementos del grupo operativo conocido como GruSec, se desarrollen en el marco del respeto a los derechos humanos de las personas adolescentes y jóvenes.
Este Organismo exhorta, no sólo a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, sino a todas las autoridades obligadas a garantizar los Derechos de las Personas Adolescentes y Jóvenes Sujetas a la Aplicación de Medidas de Sanción, como lo son la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Protección Civil, el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, así como a todas las instancias gubernamentales locales con facultades y competencia en el ámbito de sus funciones, a analizar y establecer políticas públicas en beneficio de las y los jóvenes en conflicto con la ley, con el propósito de generar alternativas para su reintegración y el desarrollo de su proyecto de vida.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha hecho patente su preocupación por la violencia que se vive al interior de las Comunidades para Adolescentes, sobre todo la que deriva de la omisión de las autoridades para garantizar sus condiciones de vida digna.
En razón de lo antes expuesto, esta Comisión estableció 13 puntos recomendatorios a la Secretaría de Gobierno, autoridad señalada como responsable, y cuatro puntos recomendatorios a la Secretaría de Seguridad Pública, como autoridad colaboradora. Por lo que, para una mejor comprensión, haré una lectura sintética de los mismos:
A la Secretaría de Gobierno:
- Se indemnice de manera integral a las personas agraviadas.
- Se proporcione el tratamiento y acompañamiento psicológico especializado a las personas agraviadas.
- Se publique este instrumento en la dirección electrónica de esa Secretaría y de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario
- Se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad a favor de las personas agraviadas.
- Con base en la evidencia que motiva este instrumento, se coadyuve en las investigaciones penales y administrativas, hasta su determinación.
- Se elabore un diagnóstico de las necesidades materiales que se identifiquen en las instalaciones, para que las personas agraviadas cumplan con tratamiento de manera digna y segura, así como aquellas relacionadas con las herramientas e insumos de trabajo que requiere el personal que realiza alguna actividad en materia de seguridad.
- Se convoque y coordine una mesa de trabajo con el propósito de actualizar el Análisis de Riesgo en materia de Protección Civil para todas las Comunidades Especializadas de Tratamiento para Adolescentes.
- Se inicien los trabajos de mantenimiento, reparación, remodelación, rehabilitación y acondicionamiento en las instalaciones de las Comunidades.
- Se reparen y/o, en su caso, se instalen los circuitos cerrados de cámaras de vigilancia en todas las Comunidades para Adolescentes de esta ciudad.
- Se habiliten espacios, se diseñen y se den a conocer los mecanismos para que las y los adolescentes y jóvenes que cumplen con una medida de sanción en internamiento, ejerzan su derecho a recibir visita íntima.
- Se rediseñe el programa de capacitación y especialización en materia de derechos humanos.
- Se diseñe una política pública que incluya un diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación, a fin de prevenir y erradicar la violencia institucional al interior de las comunidades.
- Se colabore con la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el rediseño de los programas de formación y de capacitación de las y los Guías Técnicos que sean asignados para laborar al interior de las Comunidades.
Asimismo, por lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Pública, los puntos recomendatorios son:
- Con base en la evidencia que motiva este instrumento, se coadyuve en las investigaciones penales y administrativas, hasta su determinación.
- Se colabore con la Secretaría de Gobierno, en el rediseño, implementación y evaluación de un programa educativo en materia de derechos de las niñas.
- Se revisen, actualicen y fortalezcan los Protocolos de Actuación que tiene desarrollados la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial, en relación con las temáticas en las cuales se involucren los derechos y garantías de las personas adolescentes en conflicto con la ley.
- Se participe en las convocatorias que deberá realizar la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para el análisis, discusión y diseño de las políticas públicas sobre la materia.
Se espera esta Recomendación sea aceptada y cumplida en sus términos.
Por otra parte, no queremos dejar de mencionar que ayer, siendo aproximadamente las 18:30 horas, se recibió la llamada de la madre de un adolescente que cumple una medida de sanción e internamiento al interior de la Comunidad de San Fernando, para informar que se estaba suscitando un motín. Se enviaron medidas precautorias para atender los hechos y se realizaron diversas gestiones con el Subsecretario del Sistema Penitenciario y la Directora General de dichas Comunidades
Es importante destacar que, en todas las medidas precautorias y reuniones que se han tenido se ha solicitado que se informe a esta Comisión de cualquier evento de violencia que se genere en las Comunidades Especializadas de Tratamiento para Adolescentes. Sin embargo, fue hasta que esta Comisión, a través de la Segunda Visitaduría, se comunicó con el Subsecretario del Sistema Penitenciario, cuando se informó de acontecimientos de violencia que se habían suscitado los días 9 y 12 de octubre del año en curso.
Lo anterior es una muestra clara de la negativa de la autoridad para colaborar con este Organismo y atender en sus términos las medidas solicitadas, así como para dar cumplimiento a los acuerdos previamente realizados.
Asimismo, agradezco al equipo de la Segunda Visitaduría General de esta Comisión, que fue la encargada de investigar y documentar los expedientes de queja relacionados con la presente Recomendación; y al personal de las Direcciones Ejecutiva de Vinculación Estratégica y Ejecutiva de Seguimiento, así como a la Jurídica, por sus aportaciones para enriquecerlo.
Esta Comisión espera que las autoridades a las que se dirige la Recomendación 12/2016, la acepten y, de ser el caso, la cumplan en atención a sus obligaciones de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, como las documentadas en estos instrumentos.
No dejaremos de denunciar y señalar las omisiones o las acciones que sigan afectando a las Comunidades de Adolescentes en conflicto con la ley.
AGENDA INTERNACIONAL
Y, me permito compartir con ustedes, en el marco de la presentación de esta Recomendación, la Agenda Internacional que hemos sostenido y que tendremos también en seguimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Este Organismo Público Autónomo considera fundamental el respeto del Sistema No Jurisdiccional con el que se resuelven los casos relativos a violaciones de derechos humanos. Por tal motivo, éste fue un tema central y de reflexión que se abordó en la pasada reunión que sostuve con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, en las oficinas de dicho Organismo, en Washington, D.C., el pasado 3 de octubre.
La reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue fundamental para explicar el papel que tendrá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la Constitución que se dará a la Ciudad de México, y la importancia que reviste el respeto de los fundamentos del Sistema No Jurisdiccional en su texto, con la finalidad de proteger siempre la Autonomía de esta Institución.
De igual forma, fue fundamental abordar los riesgos que implica para los Organismos Públicos de Derechos Humanos, la judicialización de Recomendaciones que se propone en el Proyecto de Constitución que analizará la Asamblea Constituyente, lo cual puede generar un antecedente negativo que impactaría en su Autonomía, definitividad y tiempo que se le quitaría a las víctimas.
Estos temas también fueron analizados con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien además fue posible firmar un Acuerdo de Cooperación, que contempla, entre otras acciones, la realización de dos Seminarios en 2017, en la Ciudad de México, relacionados a Derechos Humanos de Personas con Discapacidad.
Lo anterior, hará más eficaces los trabajos entre ambas Instituciones, en aras de construir una Agenda Estratégica que contribuya a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, en el ámbito local y hemisférico.
Los trabajos realizados en Washington también consistieron en exponer los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión, en el contexto de la nueva Constitución de la Ciudad de México, especialmente en lo concerniente al reconocimiento de Personas Afrodescendientes, así como de los Derechos de Pueblos Originarios; de Personas con Discapacidad; de Niñas, Niños y Adolescentes; de Adultos Mayores; de la comunidad LGBTTI, y otros temas centrales, como Equidad de Género e Inclusión Social.
Estas temáticas fueron motivo de reflexión con distintas instituciones, como la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA; la Unidad de Raza, Etnicidad e Inclusión Social, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de los Estados Unidos; y la División de Género y Diversidad, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por otro lado, en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del presente año, la Comisión tiene cinco posicionamientos muy específicos para la Nueva Agenda Urbana:
Primero. El reconocimiento en el texto de la Constitución que se discute en nuestra Metrópolis, sobre el Derecho a la Ciudad, partiendo de las obligaciones de las autoridades locales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan por esta Ciudad, en el contexto urbano.
Segundo. Velar, en el marco de HABITAT III, para que el Derecho a la Ciudad sea vinculante en la región. Por lo anterior, este Organismo Autónomo es parte del grupo de actores interesados que han solicitado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), promueva dicha iniciativa.
Tercero. Enfatizar la importancia de los Organismos Autónomos defensores de Derechos Humanos, en la implementación, monitoreo y evaluación de la Nueva Agenda Urbana. En este sentido, la Comisión promoverá los trabajos que ha realizado en materia de manejo de residuos sólidos, comercio en el espacio público, y construcciones irregulares que violan el uso de suelo (Recomendaciones 12/2014, 7/2016 y 10/2016).
Cuarto. Reconocer el rol fundamental de la Iniciativa Privada en la implementación, monitoreo, evaluación y financiamiento de la Nueva Agenda Urbana. Lo anterior, a través del lanzamiento delDecálogo para Empresas en la Nueva Agenda Urbana. Dicho decálogo es resultado de las discusiones y reflexiones enunciadas durante el Foro: Derechos Humanos y Empresas en la Nueva Agenda Urbana, en el que participaron organizaciones empresariales, de la Sociedad Civil y sector académico, así como Organismos Internacionales y autoridades de la Ciudad de México.
Quinto. Difundir, en el marco de la Conferencia Hábitat III. Es relevante mencionar que la Comisión acudirá por primera vez, junto con otras defensorías de los pueblos de Iberoamérica, a la cumbre, con la intención de aportar a la construcción de la Nueva Agenda Urbana, la necesidad del reconocimiento de los Derechos Humanos, especialmente del Derecho a la Ciudad, como garantía del respeto y defensa de la Ciudad como territorio colectivo, en el que viven y transitan personas que requieren de mecanismos de exigibilidad y observancia para el pleno ejercicio de todos los derechos humanos en el contexto urbano, enfatizando el papel que se tiene en torno a su protección y defensa.
Por su trabajo cotidiano, la Comisión ha investigado y documentado casos de la Agenda Urbana. En este sentido, este Organismo Público Autónomo ha elaborado diversos documentos entre los que destacan Informes Especiales, Recomendaciones, Propuestas Generales, revistas de divulgación, foros, ponencias o diplomados, que tienen como preocupación central el crecimiento urbano y sus implicaciones, impactos y necesidades para el desarrollo y consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos, en temas como el acceso a servicios básicos, el respeto de los espacios públicos, el gasto eficiente en obras de beneficio social y la protección al medio ambiente.
Cabe mencionar que en el evento en mención, esta Comisión y ONU-HABITAT México firmaron una Carta de Expresión de Interés, con el principal objetivo de crear una alianza estratégica de vinculación y colaboración, tendiente a continuar con los trabajos para monitorear el reconocimiento del Derecho a la Ciudad desde la Ciudad de México.
Finalmente, este Organismo reitera su compromiso con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, siempre desde un enfoque abierto y plural.
Muchas gracias.
Gracias.
