Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 53/2016
6 de diciembre de 2016
Buenos días a todas y todos. Agradezco la participación de este honorable presídium donde nuevamente contamos con la representación de los tres poderes Locales, de nuestro Consejo y de integrantes de la Academia, quienes durante las tres ediciones del Coloquio han sido piezas clave para la convocatoria a este evento, en el que año con año se ha ido demostrando la necesidad de trabajar de manera articulada para transversalizar el tema de la reinserción social y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en todo el sistema de justicia penal en la Ciudad de México.
Licenciada Patricia Mercado Castro, Secretaria de Gobierno de la Ciudad; Diputada Rebeca Peralta León, Vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa; Doctor Juan Luis Gómez Jardón, Consejero de la CDHDF; Licenciado Antonio Hazael Ruiz Ortega, Subsecretario del Sistema Penitenciario; Licenciado Vicente Lopantzi García, Director General de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; hágale llegar un saludo solidario al Doctor Manuel Granados Covarrubias, Consejero Jurídico de esta Ciudad; Licenciado Jesús Rodríguez Núñez, Director General de Igualdad y Diversidad Social, en representación del Doctor José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México; al igual que al Licenciado Juan Alberto Vargas Ambriz, Director General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; también hágale extensivo nuestro reconocimiento al señor Secretario de Salud, Doctor José Armando Ahued Ortega, por todo el trabajo que ha coordinado con nuestra institución. Sean todas y todos, bienvenidas y bienvenidos.
Este tercer Coloquio sobre el Impacto del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las Prisiones de la Ciudad de México, se reviste de un nuevo desafío para las autoridades responsables durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, que yace en la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal de junio de este año.
Con la implementación de esta Ley Nacional se dan las bases para el establecimiento de los principios rectores que rigen el desarrollo de los procedimientos de las personas procesadas y las personas sentenciadas dentro del Sistema Penitenciario. Estos principios rectores son a saber: el de dignidad e igualdad que toda persona tiene, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad y proporcionalidad, mismos que deben observarse durante todo el procedimiento, hasta la obtención de la reinserción social.
De acuerdo con lo dispuesto en este instrumento, la reinserción social se logra a través del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Siendo estos los elementos esenciales del Plan de Actividades que se debe diseñar para las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios. No es menor la concurrencia el día de hoy de todas las autoridades que están presentes en el presídium, porque ya lo refirieron. Son esos los ejes que deben de impulsar para la reinserción.
La aprobación de esta nueva disposición normativa trae consigo herramientas jurídicas que coadyuvarán a la conclusión de la violencia estructural, asegurando que se respeten en todo momento los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, e implementando nuevas visiones, mediante su reconocimiento como sujetos de derechos y obligaciones.
Asimismo, se aborda la situación de las mujeres privadas de la libertad, quienes son titulares de derechos especiales, tales como: los servicios de salud y derecho a la maternidad, a la lactancia y a conservar la guarda y custodia de sus hijas e hijos menores de tres años, mismos que también gozan de varios derechos entre los que destacan: el derecho a la salud, a la educación y a la alimentación.
Por otra parte, se reconocen una serie de prerrogativas a las personas que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas, para evitar que padezcan formas de asimilación forzada, se menoscabe su cultura, o se les segregue. Aunado a lo anterior, se establece que la educación básica que reciban estos pueblos y comunidades sea bilingüe, y que durante su internamiento se respeten sus usos y costumbres.
Otros de los avances con los que cuenta esta Ley, tiene que ver con las entrevistas y visitas de organismos públicos de protección de los derechos humanos, donde se estipula que las y los defensores de derechos humanos, podrán en todo momento, entrevistar a las personas privadas de la libertad, de manera privada y de forma libre.
También se incorpora el derecho de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de ingresar a los centros de internamiento o reclusión y a hacer valer ante los tribunales de ejecución, las irregularidades en perjuicio de las personas internas y del personal penitenciario.
En esencia, se abre camino hacia un nuevo paradigma del Sistema Penitenciario, mucho más humano, digno e igualitario. Sin lugar a dudas, no se pudo haber llegado hasta este punto sin las reformas que se han vivido en los últimos años y que constituyen un parteaguas de todo nuestro ordenamiento jurídico, me refiero a las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en materia de justicia penal, seguridad pública, y derechos humanos, por lo que esta ley es claro reflejo del establecimiento de un sistema de justicia penitenciario más garantista, que busca implementar una forma diferente de abordar la situación de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión.
Es importante reconocer que se está avanzando hacia la transformación del Sistema Penitenciario, y que aún hay grandes tareas por realizar. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), queremos y tenemos que ser partícipes de este cambio, a través de las visitas, el acompañamiento y la denuncia a violaciones de derechos humanos, ejerciendo al máximo y en el marco de la ley, las facultades con las que contamos en nuestra calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, velando en todo momento por el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Tengo la seguridad de que esta jornada de trabajo será muy enriquecedora y productiva al abrir un espacio de discusión y análisis entre los diversos actores que intervienen en este proceso de reinserción social, tanto del sector gubernamental, como académico y de la Sociedad Civil.
Desde la CDHDF auguramos una jornada de trabajo, que dará continuidad a los dos últimos Coloquios, abriendo una brecha hacia la dignidad, atención, igualdad y visibilización de todas las mujeres y de todos los hombres privados de su libertad que se encuentran en los centros de reclusión de la Ciudad de México.
En especial un reconocimiento a todas las personas que colaboran, trabajan el día a día en todos los aspectos transversales que se viven en el sistema penitenciario. Ustedes son el rostro, ustedes son la esencia y ustedes son la incidencia. Por eso nos interesa que estén aquí el día de hoy participando. Motiva más, sabemos que hay apertura, sabemos que hay disposición, pero sobre todo sabemos que hay compromiso y entrega del trabajo cotidiano que hacen como servidoras y servidores de todo este sistema. Nuestro reconocimiento y sépanlo, sí sabemos que están ahí, sí sabemos qué condiciones tenemos que seguir propiciando para su trabajo cotidiano. También hago un reconocimiento a la Segunda Visitaduría General, siempre entusiasta, ya más que lista para lo que viene al cierre de año. Todo nuestro reconocimiento a trabajo de las y los Visitadores, y a todo el equipo que conforma la Segunda Visitaduría General de esta institución.
Les pido amablemente que nos pongamos de pie para realizar formalmente la inauguración. Siendo las 11:00 horas con 38 minutos del día 6 de diciembre del 2016, doy por inaugurado este tercer Coloquio sobre el Impacto del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las Prisiones de la Ciudad de México, deseando que los trabajos desarrollados en estos días contribuyan a la discusión y reflexión sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, para la adopción de acciones, estrategias, programas y políticas públicas que hagan posible el respeto y la protección a sus derechos.
Muchas gracias a todas y todos.
