Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 11/2017
20 de abril de 2017
Buenos días a todas y a todos. Saludo a las y los integrantes de este honorable presídium.
Saludo al Diputado Leonel Luna Estrada, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de esta Ciudad de México; saludo y reconozco el trabajo del Doctor José Ramón Amieva Gálvez, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social; al igual que del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el Diputado Luciano Jimeno Huanosta.
Saludo al Doctor Fernando Soto Baquero, Representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México; al Doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; y, asimismo también a la Licenciada Isabel Plácido, en representación sobre todo del Programa de Derechos Humanosen la Ciudad de México.
El derecho a la alimentación reviste cierta complejidad: no se trata solo de que haya alimentos en la mesa, sino de que, en términos muy generales, éstos deben ser suficientes para evitar el hambre y fomentar la salud; al mismo tiempo, deben gozar de una calidad elemental, en cuanto a su origen y características, en lo relativo a sus condiciones de procesamiento, almacenamiento y distribución, y también en relación con su combinación e ingesta.
Así pues, implica necesariamente que el Estado, como garante de los derechos humanos, despliegue toda una estrategia integral en forma coordinada, a fin de satisfacer adecuadamente este derecho. En nuestra Ciudad, todavía no se satisface completamente esta necesidad. Por ello, es también de reconocer, como ya se mencionaba, el que se incluyera en la Constitución de la Ciudad de México, ya como un Derecho Humano reconocido.
En los últimos años, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó dos Informes Especiales sobre el Derecho a la Alimentación, utilizando el enfoque de derechos humanos como una herramienta auxiliar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. En el caso concreto, esta perspectiva propone la construcción de un contexto en el cual todas las personas, sin excepción, puedan alimentarse por sí mismas, ya sea produciendo sus alimentos o adquiriéndolos en el mercado.
El primero de estos Informes Especiales tuvo como fin sistematizar conocimiento especializado, actualizado y confiable sobre la situación de este derecho humano, lo que incluyó el estudio de los patrones que llevan a la violación del Derecho a la Alimentación.
El segundo Informe Especial se enfocó entonces en la identificación y construcción de medidas para garantizar el derecho. Para ello, en primer lugar, se identificaron los problemas concretos relacionados con este derecho humano; en segundo, se realizó un mapeo de las autoridades locales y se contrastó todas las atribuciones; en tercer lugar, se detallaron las obligaciones del Estado que son aplicables y los elementos de la perspectiva de derechos humanos que se deben tomar en cuenta para orientar la actuación de las autoridades; y, finalmente se propusieron lineamientos específicos.
En síntesis, se encontró que las políticas públicas en materia de alimentación deben orientarse a la satisfacción del derecho de las personas al acceso y disposición física y económica de alimentos adecuados, culturalmente aceptables, inocuos y sostenibles; reconocer a las personas como titulares del derecho a la alimentación y no como beneficiarias.
Estar dirigidas a la realización progresiva del derecho a la alimentación como su objetivo específico; asumir que el Estado tiene obligaciones que no están sujetas a la voluntad política, por lo que debe responder por sus acciones u omisiones; e incorporar los principios de igualdad y no discriminación, participación, transparencia y rendición de cuentas en su proceso de elaboración, seguimiento y evaluación.
Para lograr lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México necesariamente tiene que valerse del trabajo coordinado, como bien se dijo, de todas aquellas dependencias y órganos que estén involucrados directa o indirectamente con el derecho a la alimentación y su satisfacción.
En ese sentido, todas las dependencias capitalinas, en el marco de sus atribuciones, deben realizar todas las acciones necesarias para conseguir, en el corto plazo, que todas las personas en la Ciudad tengan entera y adecuada satisfacción sobre el Derecho a la Alimentación y la de sus familias, y se coloquen en una situación de seguridad alimentaria permanente.
Por ello, celebro la realización de foros como éste, que permiten hacer una necesaria reflexión e intercambio de ideas para mejorar y afinar los esfuerzos, de forma que las personas experimenten avances significativos con relación con su Derecho a la Alimentación.
En hora buena, reconocemos y nos sumamos a estos esfuerzos, y desde la visión de derechos humanos también reconocemos este avance que está concretizado en la Constitución, y que seguiremos defendiendo también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
