Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 20/2017
12 de junio de 2017
Buenos días a todas y todos. Saludo al distinguido presídium con quien hoy tengo la oportunidad de compartir este espacio; Maestro Felipe de la Torre, Oficial a Cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México; la Maestra Verónica Hernández, Directora de la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes de la Procuraduría General de la República (PGR); y al Maestro Alejandro Martínez Peralta, Director de Prevención de Delito Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y al Comisario Maestro Jorge Bermeo Ríos, Director General de Personal Encargado de Fronteras de la Policía Federal. Igualmente agradezco al señor Embajador de la República de Honduras, a los representantes de España, Argentina, Canadá, Paraguay, de la propia Cancillería. Un saludo también al Consejero de esta Comisión, Doctor Juan Luis Gómez Jardón.
El tema que hoy nos ocupa es de gran relevancia a nivel nacional e internacional, por lo que exige de la realización de acciones conjuntas y coordinadas para llevar a cabo la atención eficaz de un fenómeno social que al día de hoy es preocupante y creciente en todo el orbe, como son los flujos migratorios.
Observamos que las migraciones empiezan a ser una constante que se presenta en varias partes del mundo, ello principalmente a consecuencia de un complejo contexto que propicia grandes desplazamientos poblacionales ante la falta de condiciones mínimas y adecuadas para su seguridad y subsistencia.
Es por esto que quienes hoy nos reunimos, compartimos con gran preocupación las graves violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes nacionales y extranjeras, no sólo de parte de las autoridades, sino también por diferentes grupos de delincuencia organizada y por la sociedad misma, a consecuencia del surgimiento de discursos de odio en el mundo y, particularmente, en nuestra región.
Estas formas de expresión que están incitando a la xenofobia y a prácticas discriminatorias, por desgracia están teniendo un profundo eco entre quienes ven a las personas migrantes como una amenaza a su seguridad y a su economía, en vez de verlos como un fenómeno que puede redundar en beneficios para la sociedad en su conjunto. Es en este contexto que, las personas migrantes, son estigmatizadas, violentadas, perseguidas y discriminadas por la propagación de discursos que incitan y justifican el odio racial y promueven estereotipos negativos, que generan escenarios cada vez más peligrosos y hostiles en su difícil camino por encontrar no sólo mejores condiciones de vida, sino un lugar donde puedan subsistir y no se atente contra su integridad.
El desconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y del deber general de su protección tanto a nivel nacional como internacional, ha propiciado que diferentes países y gobiernos impulsen políticas migratorias y acciones de gobierno contrarias a los derechos humanos, bajo el argumento de que se prioriza la seguridad nacional, con el fin de contener los flujos migratorios y con pleno desdén o ignorancia de principios fundamentales reconocidos a nivel internacional tales como: la no devolución, la protección complementaria o el refugio y asilo por cuestiones humanitarias.
Esta visión errónea ha ocasionado que la perspectiva de la promoción, protección, respeto y garantía a los derechos humanos de las personas migrantes y demás sujetos de protección internacional, pase a un segundo plano e, incluso en muchos casos, sea completamente obviada.
A nivel regional, tenemos que entre los principales factores que impulsan la migración y las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, están no sólo el fenómeno económico, como lo es la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y crecimiento, sino también la situación de inseguridad generada por la actividad creciente, de los diferentes grupos delincuenciales y del crimen organizado que atentan contra las personas que se ven obligadas a huir para salvar su vida. En este contexto resulta claro ver que las personas migrantes, a lo largo de su difícil travesía, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, cuando a consecuencia de su ya precaria situación por salir de su lugar de origen, son además víctimas de la delincuencia y de una deficiente o ausente protección a sus derechos por parte de las instituciones encargadas de ello.
Un ejemplo de este fenómeno tan complejo, es el endurecimiento de la política migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos, que además criminaliza el internamiento en su territorio por la falta de una debida documentación, en total contravención a los estándares internacionales establecidos en este tema, que es la no criminalización de los migrantes indocumentados.
Otro de los fenómenos que propician graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes es el tráfico ilícito de personas. Es conocido que el endurecimiento de las medidas de seguridad fronteriza de los Estados, entre las que destacan las barreras físicas en las fronteras -como los muros- propicia que tanto las personas migrantes como las redes de tráfico de personas abandonen las rutas tradicionales, invisibilizando el flujo y traslado de personas, tornándose más peligroso y precario, al desplazarse a través de caminos o vías menos transitados y vigilados, que ponen en un mayor peligro a su vida y su integridad física.
Es así que las personas migrantes tienen nulas posibilidades de realizar su desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Este hecho resulta más grave aun cuando encontramos flujos migratorios mixtos en la región, y particularmente, cuando están conformados por niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados y mujeres, personas indígenas e integrantes de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTI), pues presentan una situación de mayor vulnerabilidad, a consecuencia de la violencia que se ejerce en su contra por la discriminación de la que son víctimas.
Pese a que nuestro país firmó y ratificó en 2003 el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, aún tenemos muchos pendientes y grandes retos en la materia. Recientemente, se ha observado que la figura tradicional de la persona traficante, popularmente conocida como “coyote”, se ha reemplazado de manera paulatina por personas que pertenecen a células del crimen organizado en México. Esto nos indica que estos grupos delincuenciales han encontrado en el tráfico ilícito de migrantes una nueva fuente para obtener ingresos lucrativos; pero también, que las personas que están optando por estos medios con el fin de cruzar la frontera, se exponen a ser víctimas de otros delitos que implican violaciones graves a sus derechos humanos, entre los que destaca la desaparición forzada o la trata de personas.
México es un país de origen, tránsito y destino para las personas migrantes, por lo que nuestra labor debe enfocarse en hacer que las autoridades estén plenamente conscientes de las obligaciones que tienen respecto de la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas, así como a la investigación diligente, exhaustiva y oportuna de los delitos cometidos en su contra dentro del territorio nacional.
Consciente de este complejo panorama, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en conjunto con autoridades de la Ciudad de México y federales, Organismos Públicos de derechos Humanos (OPDH) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ha impulsado diversas acciones en favor de las personas migrantes. No obstante, tenemos la certeza de que es necesario reforzar esta labor y para ello se requiere la cooperación de todos los actores involucrados.
Es en este contexto que la Comisión decidió sumarse al esfuerzo internacional que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México está realizando respecto del tráfico ilícito de personas migrantes a través del impulso de la campaña #NegocioMortal, a la cual esta Comisión se adhiere el día de hoy, agradeciendo que el Oficial a Cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Maestro Felipe de la Torre, nos acompañe en este acto de adhesión a la campaña y al mismo tiempo, reiteramos nuestro compromiso para colaborar y difundir los materiales que la integran, con el fin de que su mensaje pueda llegar a más personas con el propósito de prevenir el tráfico ilícito de migrantes y demás violaciones graves a sus derechos humanos.
Estamos convencidas que esta campaña constituirá un elemento importante para la promoción y difusión de los derechos de las personas migrantes, así como para el cumplimiento de las obligaciones que las autoridades tienen para combatir el tráfico ilícito de personas migrantes.
En este contexto le pediré en su momento al Maestro Felipe de la Torre nos haga la explicación y presentación de la campaña a la que hoy nos estamos adhiriendo #NegocioMortal. Por su atención muchas gracias.
