Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 34/2017
4 de diciembre de 2017
Muy buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta su Comisión de Derechos Humanos. Integrantes del presídium, compañeros de la academia, representantes de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y servidores públicos que nos acompañan en esta inauguración del IV Coloquio sobre temas de reinserción social.
Este Coloquio abre el espacio para el análisis del problema de las cárceles; qué hacer con ellas; cuál es el rumbo que deben seguir en la búsqueda de la reinserción social. Y, un poco retomando lo que el Licenciado Amieva decía, yo creo que de entrada nos coloca en un espacio en donde la agenda de vigilar y castigar tradicional se está rompiendo. No nada más por la visión de reinserción, sino también por la visión de género. Hace tres décadas nosotros tendríamos en un tema que tuviera que ver con personas privadas de la libertad, básicamente en la lógica de vigilar y castigar, un presídium de puros hombres y un público de mayoría, excepcionalmente estarían participando, mujeres.
Entonces cómo planteamos el tránsito de esta agenda de vigilar y castigar y solamente seguridad, al camino de seguridad humana, a procesos de prevención social de las violencias y sobre todo en el marco de los derechos humanos. El Coloquio a lo que nos invita, a lo que trabajamos día a día, a lo que nos preocupa, coloca también una agenda diferente en muy poco tiempo de la que antes se vivía.
Para ello es importante referirnos que esta agenda, digamos, surge y se deriva de las Reformas Constitucionales de 2008 y 2011, las que finalmente arroparon la modificación de la manera de procurar e impartir justicia en este país y en esta Ciudad.
Aquí la intención del Coloquio es revisar qué tanto hemos hecho de lo que está generalizado en el país, en la Ciudad de México. Hace poco más de un año entró en vigor de manera generalizada en la Ciudad, el Sistema de Justicia Penal Oral y Acusatorio, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se vuelven indispensables para analizar como instrumentos cómo contribuirán a garantizar de mejor los derechos humanos de las personas privadas de libertad; cómo y bajo qué procedimientos y principios estos derechos pueden ser justiciables y a quiénes corresponde esta responsabilidad. Me refiero al papel de la Procuraduría General de Justicia, de la Defensoría Pública y del Tribunal Superior de Justicia.
En este contexto, es importante señalar que el 30 de noviembre pasado entraron en vigor los artículos reservados por el Transitorio 2do de la Ley de Ejecución Penal, lo que permitirá una mejor protección de los derechos de las personas privadas de libertad, particularmente el Artículo 10, en la Fracción Tercera y Décima, que permitirá que las mujeres privadas de libertad y sus hijas e hijos puedan permanecer con ellas, cuenten con condiciones y servicios que les garanticen una vida digna.
De hecho en este tramo la Ciudad de México es pionera y es ejemplo a nivel nacional de lo que esto constituye con relación a las hijas e hijos de mujeres privadas de libertad. Creo que empujar eso y seguir empujando es uno de nuestros retos para que esto se pueda reproducir en otros lugares de la República.
Asimismo, entraron en vigor los Artículos 147 al 151, que abren la posibilidad de pre-liberación con criterios de política penitenciaria y establecen los requisitos que deberán de cumplirse para su otorgamiento. Esto conlleva una gran responsabilidad para las autoridades involucradas, toda vez que deben ser cuidadosas y aplicar criterios objetivos y cuidar los mecanismos alternativos, o procedimientos de justicia restaurativa para evitar la criminalización de la pobreza, sin dejar de proteger los derechos de las víctimas.
En esta labor, resulta relevante e imprescindible la voz y la experiencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil, interesadas y especializadas en el tema de la reinserción social, porque son ellas quienes plantean novedosas y creativas acciones para observar lo que ocurre en el interior de los Centros de Reclusión, para denunciar la violaciones de derechos humanos y para plantear alternativas críticas.
Ya lo planteaba la Diputada Peralta, María de los Ángeles y el Secretario Amieva, hay muchos retos enfrente, pero creo exactamente que sumando esfuerzos, lo que nosotros representamos aquí en conjunto, podemos avanzar para lograr esto que plantea Paola como el derecho al porvenir.
Valoramos la participación de la Banda de Guerra, integrada por personas privadas de su libertad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla; así como la participación de jóvenes y adolescentes a través de sus trabajos y artesanías que se exponen y estarán a la venta aquí. Ya invitaba el Secretario también a que hagamos consumo de ello. Agradezco la participación entusiasta y comprometida de todas las personas aquí presentes, a quienes les voy a pedir por favor que se pongan de pie, para que: siendo las 10:23, declaro formalmente inaugurado el IV Coloquio Reflexiones sobre el Sistema de Justicia Penal. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias.
