Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 10/2018
27 de febrero de 2018
Buenos días a todas y todos; con mucho gusto, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Teresa Incháustegui, Directora del Instituto de las Mujeres de esta Ciudad; Ana Pecova, Directora de Equis Justicia para las Mujeres: Blanca, Eréndira, Edna, con quienes tengo el placer de compartir este presídium.
Hace diez años, el 29 de enero de 2008, en la Ciudad de México se logró la promulgación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, fruto de la articulación entre el movimiento feminista, la academia y el Poder Legislativo.
Así, emergió un proyecto que entendió a la violencia contra las mujeres como un problema social y político que reflejaba la importancia de la institucionalización de la política en la materia, de su permanencia en el tiempo y de las obligaciones que el gobierno debería asumir, más allá de las voluntades particulares.
Iniciábamos una etapa prometedora, que daba un salto cualitativo de las políticas de primera generación, centradas en la atención de la violencia intrafamiliar, a políticas que distinguen los distintos tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres, y que llaman a la acción interinstitucional para detenerla, para garantizar la vida y la libertad de nosotras las mujeres y nuestro Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencia, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
No obstante, pese a este cambio de paradigma, la violencia hacia las mujeres sigue siendo un tema pendiente y representa una de las violaciones más atroces a los derechos humanos. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en el Hogar, del 2016, no dejan lugar a dudas: en la Ciudad de México, 79% de las mujeres de 15 años o más declaran haber enfrentado violaciones de cualquier tipo; 52% de ellas ha sufrido violencia por parte de su pareja actual o en la última relación. Y esta entidad posee, desafortunadamente, el primer lugar en violencia comunitaria; esto es, en los últimos 12 meses, seis de cada diez mujeres ha sido violentadas en la calle, parques o en un transporte público.
Así mismo, derivado del trabajo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es posible identificar la reiteración de la violación al Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del que se desprenden diversos temas, como es la omisión en la protección contra la violencia institucional, la violencia sexual como forma de tortura; la violencia en el ámbito laboral, la violencia obstétrica, la violencia contra los derechos reproductivos, entre otros.
Fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia de género, implica llevar a cabo un proceso de auto-valorización que les permita detener el ciclo de violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisión informada, encaminadas a construir un proyecto de vida, en entornos libres de violencia, incluidos el acceso a la justicia y la obtención de autonomía.
El acceso a Vida Libre de Violencia trasciende el ámbito penal y punitivo; el acceso a la justicia comprende también el derecho a la verdad, a la reparación integral y a las garantías de no repetición, mediante medidas adecuadas de protección y políticas de prevención, sensibilización y concientización.
La experiencia comparada y los estándares internacionales nos han demostrado que para lograr una vida libre de violencia, así como para contar con mujeres empoderadas y autónomas, capaces de construir y reconstruir su proyecto de vida, es necesario que la política de protección y prevención vaya mucho más allá del ámbito punitivo o penal.
El Tribunal Superior de Justicia se encuentra hoy trabajando en la implementación de un Protocolo con perspectiva de género bajo un enfoque integral, a fin de que los juzgadores tengan un rol primordial para garantizar el acceso y la procuración de justicia con perspectiva de género, tal y cual lo señala la Recomendación 6/2016 de la Comisión de Derechos Humanos.
Dado que la violencia hacia la mujeres es persistente y asistimos a una realidad cada vez más cruel contra la integridad física, psicológica y sexual de niñas, mujeres y otras identidades femeninas, necesitamos, hoy más que nunca, trabajar en la construcción de una política integral y efectiva para prevenir la violencia contra ellas, a la par que se trabaja en garantizar que quienes hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia reciban información veraz y suficiente para tomar decisiones, cuente con protección inmediata y efectiva, por parte de las autoridades, reciban atención integral y puedan acceder a procedimientos expeditos accesibles de procuración y de administración de justicia.
Lo anterior, vuelve indispensable que los impartidores de justicia conozcan y cumplan las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, emanadas de los Convenios Internacionales que ha suscrito, pues tal como lo señala la Sentencia de la Corte Interamericana en el Caso González y otras Versus México (Campo Algodonero), se requiere cambiar la racionalidad androcéntrica de la práctica jurídica, siendo una vía la capacitación como un sistema de formación continua, a través del cual facilitar el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana, para darse cuenta de las graves afectaciones que generan las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos. Esto es, necesitamos ir más allá del simple aprendizaje de normas.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal celebra la firma de Convenios de cooperación que hoy nos dan cabida aquí y nos hacen encontrarnos: el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres y la organización Equis Justicia para las Mujeres. Deseamos que este instrumento sirva para consolidar y ampliar las capacidades y atención a la violencia hacia las mujeres y para impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, como lo marca el Artículo 1º Constitucional.
Celebramos el trabajo conjunto entre el Tribunal de Justicia y la organización Equis Justicia, ya que ésta aportará herramientas útiles, a partir de la identificación de sentencias que pueden servir de parámetros para otros juzgadores, desde la práctica se socializa cómo es juzgar con perspectiva de género. Eso servirá a la sociedad, pero también servirá al país.
También celebramos que dentro del proyecto de democratización del Magistrado Presidente, esté la conformación de este tipo de alianzas, de este tipo de redes con Organizaciones Civiles, que precisamente lo que permiten es avanzar sobre esto, que es la democratización de la justicia.
Hagamos del Derecho y de sus instituciones, herramientas emancipadoras que posibiliten que las mujeres y las niñas sueñen y ejecuten un proyecto de vida libre de violencia, en condiciones de autonomía e igualdad.
Sin duda, es un honor ser testigos hoy de instrumentos que nos llevan en esa ruta. Hoy, como hace 10 años, Organizaciones, Poder Judicial y administración pública, hoy, hoy, hoy.
Muchísimas gracias.
