Discurso 39/2018
23 de mayo de 2018
Muy buenos días, todos y todas. Agradezco la presencia de ustedes y, particularmente, la presencia de León Aceves Díaz de León; de los compañeros de la Escuela de Administración Pública (EAP), y de la Comisión.
Lo primero es que comparto el gusto. Comparto el gusto, en verdad, de que podamos firmar este Convenio con la Escuela de Administración Pública; creo que, de entrada, nos robustece a todos, a ellos y a nosotros y además, muy importante lo que compartió León, en términos de la visión del horizonte compartido.
Los retos que implica y que conlleva la aplicación y el desarrollo de nuestra nueva Constitución son mayúsculos. Estamos hablando de una reingeniería institucional de grandes alcances; pero, además, como bien lo dijo León, estamos hablando de una reingeniería que en el centro y que en el eje tiene a los derechos humanos.
Por esa razón, creo tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Escuela de Administración Pública nos vemos favorecidas y nos robustece en nuestro actuar que tengamos y que compartamos este horizonte y que tengamos este Convenio que nos dé un marco institucional, más allá de los vaivenes políticos, que permita seguir abonando a una administración en esta Ciudad, que camine acorde a lo que su Constitución está planteando.
En este año, nosotros cumplimos un cuarto de siglo y la verdad es que tener las alianzas y tener el acompañamiento y el camino de la Escuela de Administración Pública es un abono muy importante para seguir creando sinergias y seguir trabajando alrededor de lo que básicamente les ha compartido también el Director, que son todos los ejes de trabajo, que tienen que ver con profesionalización, investigación y desarrollo de conocimientos, que hace la Escuela de Administración Pública.
Creo que, del lado del que nos toca, la alianza no pude ser más que benéfica al sentir.
Como ya lo compartió León, la Escuela trabaja con servidores públicos, y nosotros en la Comisión también lo hacemos. Y muchas veces se piensa que nada más lo hacemos de manera, ahora sí que como punitiva; es decir, finalmente tenemos al coco a los servidores en cuanto a exactamente nuestra mirada de cómo garantizan o no garantizan, cómo protegen o en cómo a veces violan los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad.
Pero también, y a veces se nos olvida, tenemos una alta responsabilidad, en cuanto a cómo hacemos para que esto no suceda. Quizá, exactamente estaríamos pensado que estamos haciendo mejor nuestro trabajo, en la medida en que tenemos menos quejas. Eso tendría que ser nuestra visión, y eso va mucho de la mano también, entonces en cómo prevenimos.
Entonces, la formación y la actualización y todo lo que vamos a hacer con la Escuela de Administración Pública avanza y abona sobre eso. Básicamente es que no sucedan o que no se repitan. Y, como les digo, el reto es mayúsculo.
Y, déjenme compartirles: la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el INEGI en 2017, nos dice que en la Ciudad de México, solamente 6.9% de la población confía en sus partidos políticos. Pero, de igual manera, esto es bajo, pues solamente 23.9%; es decir, estamos casi arañando una cuarta parte, confía en los servidores públicos.
Entonces, el reto es mayúsculo; la misma Comisión tiene un reto mayúsculo, en cuanto a la confianza de los ciudadanos, porque solamente cuatro de cada diez tienen plena confianza en nosotros. Yo traduzco este indicador, en términos de que mucha gente tampoco nos conoce, y que necesitamos lo que la misma Constitución nos va a permitir, que es cómo nos acercamos a territorio y, entonces construimos confianza de la ciudadanía alrededor de nosotros.
En nuestro Informe Anual 2017, reportamos 8 mil 583 quejas presuntamente violatorias, de las que se desprenden 9 mil 942 menciones a autoridades que pertenecen en mayor medida al órgano central, casi nueve de cada diez. Y estamos hablando de servidores públicos de casi toda la administración de la Ciudad de México, ahora sí que ‘a eso nos dedicamos’, pero ese es el foco de atención, exactamente, porque cuando hablamos de programas públicos, cuando hablamos de servicios públicos, de lo que estamos hablando, a la larga y al final, son de personas que están a cargo de esos programas y al frente de la ventanilla, con los ciudadanos y las ciudadanas, para poder transitar sobre esos servicios.
De ahí, la importancia, finalmente de que estemos aquí sentados con muchos, digamos, muchos retos. Como les digo, compartimos con la administración en general de esta Ciudad, lo que van a implicar las modificaciones en su manera de actuar, a partir de la Constitución. Pero también, en cosas que nos está implicando la Constitución, y en lo cual tenemos que capacitarnos: Justicia Restaurativa, Procesos de Mediación que, en la misma Constitución y cómo vamos acompañando las administraciones que calculan, nada más para darles una idea, que se van a llevar todo el período del nuevo Congreso.
Sí, básicamente, si nosotros vemos las tareas que tiene el nuevo Congreso para su período de tres años, tiene un calendario de que tienen…, me estaban diciendo, que aprobar, por lo menos, en promedio, una diaria: una ley armonizada al día. Para que entiendan las dimensiones y el trabajo y cómo naturalmente la suma de esfuerzos tiene que ser de muchos.
Dentro de nuestro Programa de Lucha Contra la Impunidad, de enero a diciembre de 2017, se incorporaron 141 casos en contra de diversas autoridades y personas servidoras públicas adscritas a dependencias del Gobierno de la Ciudad. De estos, 82 procedimientos se encuentran vinculados a expedientes de quejas y a 59 Recomendaciones.
Esta es otra de las herramientas que tiene la Comisión, con relación a las violaciones y en este caso son omisiones ya sobre violaciones de derechos humanos que tiene con relación a servidores públicos.
Para nosotros, y vuelvo ahora, por ejemplo, a lo que nos dice el Diagnóstico de Derechos Humanos, recientemente actualizado, hace un año, en la Ciudad de México, y que básicamente plantea que buena parte de lo que está pasando en relación a los derechos humanos tiene que ver con servidores públicos que no entienden los derechos humanos, que están siendo omisos, en cuanto a la garantía de derechos humanos para los ciudadanos y las ciudadanas.
Entonces, por ese lado, digamos, volvemos a lo mismo: tenemos que transitar en servidores públicos que operen, instrumenten y entiendan cómo se garantizan los derechos humanos, para poderlo atender y no tener estas cifras, tanto de poca confianza, como de Diagnósticos, como el mismo Programa de Derechos Humanos lo plantea, que están señalando, que buena parte son los servicios públicos, a través de cómo atendemos y cómo atienden las personas, pero también buena parte, finalmente, es que son la solución.
Entonces, el problema está en ellos; la solución también está en ellos, y creo que en esto estamos muy en concordancia, la Escuela de Administración Pública y la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad. Consideramos que, de veras, va a ser de fortalecimiento para ambas y, sobre todo, consideramos que va a ser de fortalecimiento para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos en esta Ciudad.
Por lo tanto, también nos congratulamos mucho en poder trabajar juntos en esto.