domingo , 22 diciembre 2024

Palabras de Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHDF, en la Firma del Convenio de Colaboración de este organismo defensor con el Despacho Greenberg Traurig, S.A.

Discurso 97/2018
24 de octubre de 2018

Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas, estoy muy contenta de estar presenciando y cerrando un primer paso, porque llegar aquí ha implicado el trabajo, tanto de Elba como de Carolina, que como bien lo dice Víctor Manuel, es un Convenio ícono en el país, con relación a este tipo de trabajo pro-bono y la articulación de esfuerzos entre una firma de abogados del prestigio que tiene Greenberg Traurig con una Comisión estatal, una Comisión local o hasta una Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país.

Como Víctor compartía, estamos ante una crisis global de derechos humanos, y en esa globalidad, por ejemplo, hoy en estos últimos días, enfrentamos en este país, lo que podría llamarse uno, no ha sido el único, pero sí por sus dimensiones, paradigmático, éxodo de migrantes; un proceso que se debe de denominar, más que caravana, un proceso de desplazamiento forzado de migrantes, que nos enfrenta, entre otros, al ya de por sí a una agenda de derechos humanos por la defensa y su garantía, además muy robusta en este país y en el mundo.

Creo que solamente, y ese es el primer mensaje aquí, que esto no puede ser resuelto nada más por un sector o por un acto; necesitamos, cada vez, más asumirnos como sociedad, desde donde estemos, como promoventes, defensores, garantistas, protectores y promotores de los derechos humanos y creo que, elementos y grupos como este son de los más pertinente.

El acceso a la justicia es uno de los pilares en la lucha contra la impunidad de violaciones a los derechos humanos. Cada vez más hay víctimas exigiendo sus derechos y, con ello, una mayor necesidad de contar con profesionales dispuestos a tomar sus casos y poder promover litigios estratégicos, en donde a partir de estos casos paradigmáticos se promuevan resoluciones judiciales que tengan la capacidad de incidir en políticas públicas.

La exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) sigue siendo un gran reto en el acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de violaciones a los derechos humanos. En el campo de los derechos humanos, un grupo que tiene un gran rezago, con relación a sus garantías, son precisamente este tipo de derechos; situación que se ha visto reforzada por una serie de cuestionamientos por su naturaleza y la posibilidad de hacerlos exigibles por la vía judicial.

Justiciabilidad implica hacer justicia, acceder a mecanismos judiciales; hoy en día es clave, parte de las obligaciones del Estado es proveer a la población de mecanismos para la defensa de estos, ofrecer recursos judiciales y otros recursos efectivos para hacerlos justiciables.

En el caso de las y los litigantes, los y las abogadas, tienen un importante papel en relación con la incorporación del enfoque de derechos en sus demandas, mismas que, al ser judicializadas, pueden traducir casos individuales en reparaciones colectivas, empujar modificaciones legislativas o políticas públicas, e inclusive, sugerir respuestas estructuradas, a través de las cuales se concrete la garantía de estos derechos; esto es precisamente el litigio estratégico.

En México, un gran porcentaje de la población vive en condiciones de vulnerabilidad social; estas personas ven vulnerados sus derechos humanos todos los días y, debido a la desigualdad en el acceso a la justicia; así como a la discriminación que sufren por otra parte de las instituciones del Estado, las consecuencias de dichas violaciones, difícilmente logarán ser revertidas y mucho menos ver reparado el daño ocasionado.

Desde 1995 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha emitido 355 Recomendaciones: 229 han sido aceptadas; 20 no aceptadas, y tres se encuentran en tiempo de aceptación o sujetas a reconsideración.

Actualmente, hay 144 Recomendaciones en seguimiento. Las cuales contemplan casi 3 mil víctimas de violaciones a derechos humanos. De éstas, la mitad, al menos, son beneficiarias de alguna medida de reparación. El resto, en su mayoría, pertenecen a colectivos de víctimas y las quejas sirvieron para identificar violaciones de tipo estructural que culminaron en Recomendaciones, cuyo propósito, era llevar a cabo modificaciones estructurales o de políticas públicas, con el objetivo de promover la no repetición.

No obstante, en muchos casos, los problemas de las víctimas no encontraron solución con las Recomendaciones, si bien la misma apuntaba a que se realizaran reformas de fondo, sus conflictos individuales continúan o, en el peor de los casos, se resolvieron sin que se vieran satisfechas su pretensiones.

En su mayoría, este tipo de Recomendaciones defienden a víctimas de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), colectivos de vecinos, comerciantes, personas que pretenden acceso a la vivienda, agua, medio ambiente sano, acceso a espacios públicos y recreativos; respeto a usos y costumbres de pueblos originarios, entre otros.

Son precisamente estas víctimas, quienes mediante la promoción del litigio contencioso-administrativo podrán encontrar alternativas que busquen brindar soluciones concretas; acceder a la justicia, exigir sus derechos y promover litigios estratégicos, con el apoyo de las y los 80 abogados de Greenberg Traurig; es por ello, que la Firma es tan relevante para la Comisión, ya que a partir de este momento podemos brindar alternativas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ; promover estos litigios, mediante la justiciabilidad de estos tipos de derechos, y ampliar los mecanismos de atención integral para estas víctimas.

El trabajo legal pro-bono, como parte de la responsabilidad social de la abogacía, es una herramienta social para el fortalecimiento del acceso a la justicia; en este caso, de víctimas a violaciones de derechos humanos, en litigio contencioso-administrativo de sus casos.

Platicábamos, antes de pasar con ustedes, con Víctor Manuel, el hecho de que también este tipo de firma, y el que estemos ahorita firmando este Convenio entre nosotros, tendría que empezar a abrir una discusión y una promoción de lo que es el trabajo pro-bono en este país, que es mucho muy limitado.

Agradecemos a Greenberg Traurig su apertura y disposición para colaborar con las víctimas de violaciones a derechos humanos y esperamos que con ello puedan hacer exigibles sus derechos; dotar de mayor fuerza a nuestras Recomendaciones; así como promover soluciones concretas a problemas colectivos de trascendencia social en la Ciudad de México.

Ojalá este sea el primero de muchos Convenios que esta Comisión firme a favor de los derechos de las víctimas al acceso a la verdad y la justicia; ojalá sea el primero de muchos que junto con Greenberg Traurig empujemos para que se firmen más y que más firmas se incorporen a este equipo de trabajo pro-bono.

Muchísimas gracias, Greenberg Traurig, no nada más por lo que va a implicar este trabajo, a partir de este Convenio, sino por ser aliados en esto que va a ser empujar litigio estratégico y trabajo pro-bono en esta Ciudad y este país. Gracias.

 

 

Inklusion
Loading