Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 78/2019
21 de agosto de 2019
No quiero
Que los besos se paguen
Ni la sangre se venda
Ni se compre la brisa
Ni se alquile el aliento.
No quiero
Que el trigo se queme y el pan se escatime.
No quiero
Que haya frío en las casas,
Que haya miedo en las calles,
Que haya rabia en los ojos.
No quiero
Que en los labios se encierren mentiras,
Que en las arcas se encierren millones,
que en la cárcel se encierre a los buenos.
No quiero
Que en la fábrica no haya azucenas,
Que en la escuela no ría el maestro.
No quiero
Que la tierra se parta en porciones,
Que en el mar se establezcan dominios,
que en el aire se agiten banderas,
que en los trajes se pongan señales.
No quiero
Que jamás se disparen fusiles,
No quiero
Amar en secreto,
Llorar en secreto,
Cantar en secreto.
No quiero
Que me tapen la boca
Cuando digo NO QUIERO
Ángela Figuera
Buenos días a todos, todas y todes quienes nos acompañan hoy, presencialmente y vía remota, para conocer el ejercicio de rendición de cuentas que hoy se presenta.
Saludo con afecto a quienes me acompañan en el presídium:
· Dip. José de Jesús Martín del Campo
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
· Mtra. Tania Espinosa Sánchez
Consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
· Lic. Gretchen Kuhner
Directora del Instituto de las Mujeres en la Migración
· Dr. Rafael Guerra Álvarez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
· Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno, bienvenida a la Casa de los Derechos Humanos de esta Ciudad.
Agradezco a todas las personas que nos acompañan, a quienes integran el Consejo de este Organismo Autónomo, ex Consejeras, ex Consejeros, Ombudsperson, así como la representación del organismo nacional.
Agradezco especialmente a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); colectivas; defensores, defensoras y activistas de derechos humanos; Organismos Internacionales de Derechos Humanos, así como representantes de Embajadas y Consulados.
Agradezco también a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México y de la Cámara de Diputados, a las y los senadores de la República que nos acompañan; así como a las y los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Federación; quienes representan los Organismos Autónomos Constitucionales de esta Ciudad y Nacionales; así como quienes integran la Academia y Medios de Comunicación.
El Informe Anual de Actividades 2018 que se presenta da cumplimiento tanto a la obligación establecida en la fracción VII del Artículo 22 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ahora abrogada, como a la obligación establecida en la fracción XVII del Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada el pasado 12 de julio.
Por convicción y mandato constitucional, el primer año calendario de esta gestión -2018- concentró sus esfuerzos en el fortalecimiento del modelo de defensa de derechos humanos centrado en la atención integral y focalizada a las víctimas.
Es decir que, mediante acciones de orientación, prevención, protección, defensa, reparación del daño y seguimiento, se buscó atender el conjunto de las afectaciones derivadas de las violaciones a derechos humanos de suceso inminente, aquellas que se han consumado y aquellas que podrían derivarse en caso de no atender la violación principal que se presenta.
Como parte de esa atención integral, durante 2018, la Comisión brindó un total de 28 mil 797 servicios de orientación y prevención, mientras que registró un total de 11 mil 134 expedientes de queja. Esta cifra no es menor si la contextualizamos con los años anteriores, pues durante 2018 se atendieron 2 mil 824 quejas más que el promedio registrado en los 10 años anteriores a ésta.
Respecto a esas quejas, el mayor porcentaje de las autoridades señaladas en ellas -88%- corresponden a autoridades de la administración pública central de la Ciudad. De éstas, las tres más referidas en las quejas fueron la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia y la entonces Secretaría de Seguridad Pública.
En términos de los derechos humanos asociados a quejas presuntamente violatorias, aquellos derechos lesionados con mayor frecuencia fueron el derecho a la seguridad jurídica, a la salud, los derechos de las personas privadas de la libertad y los derechos de las víctimas o personas ofendidas.
Por su parte, en el año que se reporta, fueron concluidas 8 mil 278 quejas, cerca de la mitad fueron solucionadas durante el trámite a partir de las gestiones realizadas por las Visitadurías.
Durante el año que da cuenta el Informe, se emitieron 20 instrumentos recomendatorios en los que, en conjunto, se identificaron a 437 víctimas directas y 45 indirectas, mismas que ahora tienen derecho a la reparación del daño y cuya acreditación como víctimas por parte de la Comisión de Derechos Humanos, abre la posibilidad a articular con otros mecanismos no jurisdiccionales dispuestos en la Constitución local para garantizar ese derecho -tal como la Comisión de Víctimas local-.
Durante 2018, se concluyeron 85 puntos recomendatorios pendientes por parte de diversas autoridades señaladas en instrumentos recomendatorios de años anteriores.
La integralidad de las acciones de defensa que se refiere al modelo de atención consiste en que los servicios que brinda la Comisión representen un acompañamiento completo durante las diversas etapas derivadas de un hecho victimizante en materia de derechos humanos. Sin embargo, también se refiere al empleo de la diversidad de recursos institucionales que puedan incidir en diferentes espacios para la generación de cambios estructurales que eviten la reproducción de violaciones a los derechos humanos.
Tal es el caso de los escritos de Amicus Curiae, que constituyen un ejemplo de las estrategias jurídicas complementarias de defensa que lleva a cabo esta Comisión, junto con la presentación de las Acciones de Inconstitucionalidad.
Durante el año 2018, este Organismo Público presentó cuatro escritos de Amicus Curiae. Uno con motivo de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, con el objetivo de allegarla de información sobre el contexto de las desapariciones forzadas y fuerzas armadas en México que, al ser generalizadas en el país, afecta también a la Ciudad de México.
Otros tres fueron presentados el año pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): dos con motivo de la publicación de la Ley de Seguridad Interior en apoyo a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas por diversos actores; y un escrito más con motivo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con motivo de la incorporación en la Ley General de Salud de la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería.
En uso de sus atribuciones constitucionales para la defensa de derechos humanos, la Comisión presentó también dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la publicación de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la Ciudad de México, por considerar discriminatorias varias de sus porciones normativas.
Esta gestión está orientada especialmente a la resolución efectiva para las víctimas de violaciones a derechos humanos. En ese sentido, es una estrategia institucional el incrementar las formas de resolución de asuntos por medio de las alternativas que contempla el modelo de justicia restaurativa también mandatado en la Constitución, tales como la conciliación, la mediación, las audiencias públicas, entre otras.
Congruente con ello, se llevaron a cabo siete Acuerdos Conciliatorios para dar solución a las peticiones de víctimas de violaciones a derechos humanos acreditados. En éstos, las autoridades reconocieron su responsabilidad por diversos hechos que transgredieron el derecho a la salud, los derechos de personas privadas de la libertad, el derecho a una vida libre de violencia, al debido proceso, los derechos de niñas, niños y adolescentes, el derecho al trabajo y los principios de legalidad y seguridad jurídica.
El más icónico por el tipo de resolución y alcance fue el Acuerdo de Conciliación realizado con motivo de las afectaciones derivadas de la construcción de la Línea 12 del Metro, cuya conclusión derivará en la reparación del daño a 160 familias en tiempo récord.
Como parte de otros métodos de resolución de conflictos, se llevaron a cabo mesas interinstitucionales entre las que destaca la realizada con la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (Caprepa).
Puesto que el modelo de defensa de derechos humanos centrado en la atención integral a las víctimas de la Comisión prevé el acompañamiento de los servicios de atención psicosocial y en 2018 se realizaron 34 documentos de valoración del daño, 178 dictaminaciones psicológicas y 964 atenciones psicosociales personalizadas. Es preciso decir que ambos acompañamientos están dirigidos a las víctimas, pero también son un pilar fundamental en la integración de las investigaciones derivadas de las quejas.
En otro orden de ideas, interesadas en dirigir las estrategias más efectivas para la defensa de derechos humanos en la Ciudad, se impulsó el Sistema de Análisis de Información para el Programa de Lucha contra la Impunidad relacionada con la Violación a Derechos Humanos para potenciar la base de información que permite analizar patrones de conducta de las personas servidoras públicas que han sido señaladas como presuntas responsables de violaciones graves a derechos humanos.
Otras actividades de defensa de derechos humanos se enmarcaron en el contexto del Puente Humanitario que a finales del segundo semestre de 2018 demandaron de la Comisión una participación activa, comprometida y eficaz para prevenir y atender las violaciones a los derechos humanos de las personas que integraron el denominado éxodo migrante.
Para ello, sumado a la atención directa que les fue brindada, la Comisión motivó el mecanismo de coordinación interinstitucional, intersectorial y de estrategia de acompañamiento con el fin de contribuir a salvaguardar sus derechos humanos mediante la coordinación con diversas dependencias de Gobierno, Alcaldías, organismos públicos y privados nacionales e internacionales, y más de 60 Organizaciones de la Sociedad Civil, incluyendo en ese momento al Gobierno de transición.
Esta experiencia institucional se ha sistematizado y de ella deriva el Protocolo para la Atención Humanitaria de Emergencia a Personas Migrantes y/o Sujetas de Protección Internacional en la Ciudad de México publicado este año y que pretende ser un referente en la atención dentro del marco de derechos humanos. Sin duda, es un ejemplo de lo que los esfuerzos locales pueden hacer ante fenómenos globales.
En un segundo aspecto de la labor de la Comisión y complementario al trabajo de defensa de derechos humanos y atención integral a víctimas, este Organismo mantiene un diálogo permanente con la sociedad civil y las autoridades para el avance progresivo en el ejercicio de derechos humanos de las personas.
Este diálogo se lleva a cabo a través de la concreción de agendas temáticas, la promoción territorial, las actividades con la sociedad civil, los procesos de educación formal e informal en derechos humanos, la comunicación por los derechos humanos, la generación y difusión de conocimiento especializado en la materia, el seguimiento legislativo y la vinculación estratégica con actores nacionales e internacionales.
El año pasado, también se comenzaron los trabajos para fincar las bases administrativas, presupuestales, de recursos materiales y normativas para dar cumplimiento al mandato constitucional de cobertura territorial de la Comisión de Derechos Humanos a través de su presencia en las 16 Alcaldías de la Ciudad. Esas bases consolidadas durante el año del que da cuenta el Informe que hoy se presenta, ha permitido inaugurar en este año la primera delegación en la Alcaldía Magdalena Contreras, y nos encontramos de cara a las próximas aperturas de delegaciones en el resto de las Alcaldías.
Es la firme convicción de esta gestión que la cercanía territorial favorecerá el acceso de las víctimas al mecanismo no jurisdiccional de protección a derechos humanos, así como la vinculación con las alcaldías para la articulación de procesos de justicia restaurativa a los que me he referido previamente.
Otro objetivo primario para la Comisión a lo largo de 2018 fue recuperar el vínculo con las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que sostuvo contacto y trabajo con más de 419 organizaciones, así como con 92 instituciones públicas y 90 instituciones académicas, 16 instancias internacionales y cuatro organismos públicos autónomos para la promoción de los derechos humanos.
Con respecto al diálogo que la Comisión mantiene con las autoridades, el seguimiento legislativo representa una de las formas que permite la vinculación para el ejercicio de las facultades que este Organismo tiene respecto a los instrumentos de producción legislativa.
El año 2018 representó un reto en ese diálogo por la terminación de trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la instalación del primer Congreso de la Ciudad de México con la entrada en vigor de la primera Constitución local y su consecuente inicio al proceso de armonización legislativa.
Hace casi 11 meses, celebramos los primeros 25 años de existencia de esta institución. A la luz de la evolución política y orgánica de esta Ciudad y tras el recuento de los logros, del trabajo, de las víctimas atendidas y de los retos presentes y por venir, se reafirmó la importancia de su contribución para la gobernabilidad local.
El motivo de Estado que llevó a la creación del sistema de protección de derechos humanos y lo consolidó a través de su naturaleza autónoma constitucional, sigue vigente.
Desde 1993, año en que se publicó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hoy abrogada, este Organismo ha representado una influencia significativa para la progresividad de derechos en esta Ciudad y lo ha hecho de la mano de la sociedad.
El resultado de la suma de esfuerzos en los que este Organismo participó fue, sin duda, la primera Constitución Política de la Ciudad de México. No lo afirmo con la ingenuidad de que los derechos ahí reconocidos sean una realidad para todas las personas, sino desde la convicción de que se logró un alto estándar de derechos que contribuye a su materialización y, por ello, ahora la Comisión debe orientar sus esfuerzos con aún más ahínco a implementar las estrategias que reduzcan esa brecha entre lo plasmado en texto y la realidad de las personas que habitan y transitan esta Ciudad. Se desplaza la meta, pero el horizonte permanece hacia la misma dirección.
A casi 30 años de la Reforma Constitucional que introdujo el sistema no jurisdiccional de derechos humanos en este país y de la adopción de los Principios de París por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, existe mucho que reflexionar y reinterpretar sobre el mandato activo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos para adaptarse al contexto orgánico y social actual.
Uno de los pendientes es fortalecer y aumentar los procesos de justicia restaurativa para la transformación de los conflictos sociales en los que están involucradas violaciones a derechos humanos. Desde una perspectiva de atención centrada en las víctimas, es necesario promover alternativas que acorten los tiempos de reparación para más de ellas.
Por lo tanto, trascender la hiper concentración en los instrumentos recomendatorios es un reto del sistema jurisdiccional de derechos humanos para su evolución y atención del contexto que demanda -de manera urgente- la transformación social sin debilitar la garantía de reparación integral del daño a las víctimas. Retomar experiencias regionales y generar metodologías y experiencias propias es una tarea que ha concentrado nuestra atención.
Un reto adicional para la gestión de la Comisión es afrontar, mediante acciones institucionales concretas, el rezago en la atención y conclusión de expedientes de queja. Una forma de hacerlo ha sido concentrar a las víctimas dentro de Recomendaciones que representan violaciones estructurales a derechos o patrones de violación a ciertos derechos humanos. Sumado a ello, nos hemos centrado en retomar el seguimiento del incumplimiento de puntos recomendatorios por parte de autoridades señaladas, en especial en Recomendaciones previas a 2011.
Asimismo, y a partir del aprendizaje de la experiencia previa, optamos por no continuar con la tendencia de abrir expedientes de queja sin contar con víctimas identificadas. La razón es doble: por un lado, prevenir la desatención y consecuente rezago de quejas derivado de la imposibilidad material de contactar a las víctimas; por otro, honrar la convicción y el mandato constitucional de ponerlas a ellas en el centro de la actividad institucional. Los resultados de estos esfuerzos no son inmediatos, pero tenemos una deuda con las víctimas que hay que subsanar en esta gestión.
No cabe duda de que la construcción de puentes con la sociedad para la transformación del conflicto social es el gran pendiente que nos demanda soluciones de implementación inmediata, ética y bajo el más estricto apego a los principios de derechos humanos.
Ejemplo de ello es la violencia de género estructural que ha ido al alza y la imperante demanda -encabezada en buena medida por las mujeres jóvenes- por construir nuevas formas de relación social que dejen de fuera la violencia de género. El reclamo es añejo y es necesario atenderlo sin dudas y con las herramientas jurídicas con las que ya se cuentan, sin pretextos.
En próximas semanas, la Comisión concluirá el informe Investigar con perspectiva de derechos humanos la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, mismo que es resultado de la sistematización de información correspondiente a expedientes de queja que van de 2012 a 2018. Desde el año pasado, comenzamos a sistematizar información para documentar los patrones de violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Al día de hoy se sabe con certeza que a partir de estos trabajos, por ejemplo, que al menos en 3 de cada 10 de los expedientes correspondientes tan sólo a feminicidio, se investiga la divulgación de información catalogada como confidencial, como hecho mismo que motiva la queja.
En otras palabras, la filtración de información que corresponde a la investigación es una violación constante a los derechos humanos de las mujeres cuyos casos se investigan y que tiene por efecto su victimización secundaria, la invasión de su privacidad y exposición a más agresiones. Básicamente a criminalizar.
Esta Comisión de Derechos Humanos es enfática en afirmar que, por su gravedad y reiteración, la filtración de información parte de una investigación debe de ser sancionada penal y administrativamente.
Esperamos que lo que se genere a partir de este Informe y con las investigaciones en curso respecto a la violencia familiar, desaparición de mujeres, feminicidio, violencia sexual, entre otras, contribuyan al derecho a la verdad de las víctimas, a su derecho a la reparación integral del daño y a generar acciones de política pública que disminuyan tajantemente la violencia de género hacia las mujeres.
Rumbo al horizonte al que nos dirigimos, la erradicación de esta violencia se encuentra como un alto en el camino. A lo largo de éste, esperamos cosechar los resultados de la cercanía territorial que ahora tendremos por la presencia de las delegaciones de la Comisión en cada Alcaldía. Aquí también están los retos de construir el Derecho a la Ciudad, apuntalando los derechos económicos, sociales, culturales y no nada más a los que tradicionalmente apunta la Comisión.
El recorrido lo haremos en colaboración con quienes tienen la obligación desde otros ámbitos del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.
Ese horizonte seguirá llamando de nosotros el compromiso por mantener esta nueva Comisión de Derechos Humanos abierta los 365 días del año, las 24 horas, los 7 días de la semana, con cerca de 700 personas que dedican su esfuerzo y pasión cada día y a las cuales agradezco profundamente su invaluable trabajo y vocación de servicio y defensa de los derechos humanos de quienes habitan y transitan esta gran Ciudad de México. Muchas gracias.
