Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 82/2019
6 de septiembre de 2019
Buenos días diputadas y diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México: Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos; Diputado Jorge Gaviño Ambriz; Diputada Isabela Rosales Herrera; Diputada Jannette Elizabeth Guerrero Maya; Diputado José Martín Padilla Sánchez; Diputada Leticia Estrada Hernández; Diputada María Guadalupe Aguilar Solache. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos, todas y todes, y a quienes se encuentran en esta sala el día de hoy y a quienes siguen la transmisión en vivo de este ejercicio.
Agradezco la disponibilidad de este Congreso para dar cumplimiento al Artículo 12, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; así como la fracción XCI del Artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, en ese sentido, hacer entrega y presentar ante ustedes el Informe Anual de Actividades 2018 del Organismo Autónomo constitucional que me honro en presidir.
El 2018, primer año calendario de esta gestión, significó la oportunidad de concentrar esfuerzos en el fortalecimiento del modelo de defensa de derechos humanos, focalizado en la atención integral de las víctimas, tal como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México. Resultado de ello, fue el aumento significativo de las acciones de orientación, prevención, protección, defensa, reparación del daño y seguimiento. Como muestra, durante 2018, la Comisión aumentó 37% el número de quejas atendidas, con respecto a la década anterior.
En cuanto a la emisión y seguimiento a Recomendaciones, durante el año que da cuenta el Informe, se emitieron 20 instrumentos recomendatorios; es decir, 13 más que el año inmediato anterior. La suma de víctimas identificadas en esas Recomendaciones fue de 437, pues nos concentramos en dirigir las Recomendaciones a grupos de personas que encuadraran en el mismo supuesto, de forma que la resolución de una Recomendación contribuya efectivamente a la modificación de las condiciones estructurales que conducen a una inevitable violación de los derechos humanos.
Los temas sobre los que versaron las Recomendaciones coinciden con violaciones a derechos humanos determinados como graves por esta Comisión, así como con violaciones a derechos humanos de grupos de atención prioritaria: feminicidio, posible ejecución extrajudicial, deficiencia en la defensa de personas indígenas, defensa de personas migrantes, suicidios en centros de detención, tortura en diversas modalidades y la impunidad de esta grave violación a los derechos humanos; falta de consulta previa a pueblos y barrios originarios, violación de derechos humanos derivados de la atención posterior al sismo de 2017, violación a derechos de poblaciones callejeras y personas con discapacidad, detenciones ilegales y arbitrarias, deficiencia de la defensoría pública, y violación a derechos laborales de grupos especiales.
El cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en 2018, así como de las anteriores, no sólo garantiza el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, de acuerdo con los más altos estándares de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al que estamos obligados. Ese fue el parámetro para la determinación de los puntos recomendatorios determinados para cada uno de los instrumentos de 2018, sino que el cumplimiento de las Recomendaciones representa la oportunidad para la transformación de las estructuras institucionales y dinámicas de relación entre autoridad y sociedad, que apunten hacia la disminución de violaciones a los derechos humanos de las personas.
En ese sentido, cada Recomendación es una guía de posibilidades para que cada Poder local, aún sin haber sido señalado, encuentre formas de contribuir, desde su ámbito de acción, a la protección de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.
Durante 2018, se concluyeron 85 puntos recomendatorios pendientes, por parte de diversas autoridades señaladas en instrumentos recomendatorios emitidos en años anteriores. Aunado a ello, se identificó que la coadyuvancia del Poder Legislativo local concentrado en el Congreso de la Ciudad de México para el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas durante 2018, y las pendientes de satisfacción, es fundamental; en especial, en lo que toca a los siguientes aspectos: Fortalecimiento de las condiciones necesarias para la indemnización como parte de la reparación integral del daño a través de las instituciones con facultades para ello; y Fortalecimiento de la infraestructura de los centros de reclusión, los mecanismos de seguridad al interior y al exterior, así como fortalecer la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
Asimismo, para Favorecer las condiciones de los servicios periciales a cargo de la Consejería Jurídica; Fortalecimiento del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México para la consolidación de sus planteles; la Atención a las necesidades de modificación legislativa que derivan de las Recomendaciones, en particular, la derogación pendiente al tipo penal de Ataque a la Paz Pública, se reconoce el avance en la derogación del tipo penal de Ultraje a la Autoridad, pero hay que trabajar sobre la parte de la falta administrativa; y la adecuación de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Ley de Seguridad Ciudadana, para asegurar que se acaten las sentencias de ese Tribunal y del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a favor de los trabajadores.
También, Garantizar la adecuación de las instalaciones del Congreso para asegurar la accesibilidad del inmueble, así como la necesaria para garantizar la información y participación social en el trabajo legislativo; y finalmente, Analizar y revisar el Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo Metro para la mejora de su infraestructura, y el consecuente avance progresivo de los derechos asociados a la movilidad en el transporte público y medio ambiente.
En suma, es necesaria la satisfacción de los puntos recomendatorios derivados de 11 instrumentos, emitidos entre 2009 y 2016, dirigidos a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como autoridad responsable, y cuyo cumplimiento requiere de la disposición del Congreso de la Ciudad de México, como titular del Poder Legislativo local.
Por su parte, en atención a las atribuciones en materia de interlocución legislativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio seguimiento puntual al desarrollo de las actividades del Congreso de la Ciudad de México y el Congreso de la Unión, con el fin de influir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de derechos humanos.
Durante el último Periodo Ordinario de la ALDF, y el primero del Congreso de la Ciudad de México, se hizo el seguimiento de la presentación y aprobación de 21 Iniciativas de Reforma, adición, derogación y/o expedición de leyes por su relevancia en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos; y se dio seguimiento al proceso legislativo de 23 Proyectos de Dictaminación presentados por las distintas Comisiones legislativas, y aprobados por el Pleno de la ALDF y el Congreso de la Ciudad de México.
A lo largo del 2018, se dio seguimiento a nueve Sesiones Ordinarias realizadas por el Pleno de la VII Legislatura de la ALDF, y 7 sesiones de la Comisión Permanente; así como a 29 Sesiones Ordinarias y seis Sesiones Solemnes celebradas por el Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Cabe destacar que, entre dichas sesiones solemnes, el 27 de noviembre de 2018 se celebró la relativa al 25 Aniversario de este Organismo Defensor de Derechos Humanos.
Sumado a ello, durante 2018, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio respuesta a 5 puntos de acuerdo aprobados por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que se dirigían a esta Comisión.
En particular, destaca la presentación ante el Congreso de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, el 26 de noviembre, siendo la primera Iniciativa de Ley presentada por un Organismo constitucional Autónomo local.
Del ejercicio de atribuciones constitucionales para la defensa de derechos humanos, por medio de la interposición de Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante 2018, la Comisión presentó dos Acciones de Inconstitucionalidad, con motivo de la publicación de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la Ciudad de México, al considerar discriminatorias varias de sus porciones normativas.
Este Organismo Autónomo cuenta ya con 26 años a la cabeza del mecanismo no jurisdiccional de protección a los derechos humanos en la Ciudad de México. Ese Sistema No Jurisdiccional fue establecido en la Carta Magna, incluso antes de la consolidación del paradigma constitucional de derechos humanos que rige en la actualidad, gracias al reclamo social para contar con un contrapeso en los Poderes, y se dio en el contexto en que en la región latinoamericana surgieron estos Organismos, trascendiendo la teoría clásica de división tripartita de Poderes, para dar paso a los Órganos Autónomos como parte del Estado, y como parte del sistema de pesos y contrapesos. Ese logro no puede revertirse; es algo ganado a favor de un contexto democrático, y es necesario sostenerlo.
A casi 30 años de la existencia del Sistema No Jurisdiccional a nivel nacional, es preciso también debatir crítica constructivamente sobre la necesidad de su fortalecimiento y adaptabilidad, para dar respuesta a las víctimas y continuar siendo un efectivo contrapeso del abuso de poder.
La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 robustece y confirma la razón de ser del Sistema No Jurisdiccional de protección de derechos humanos, que contribuye activamente también con el respeto, garantía y promoción de estos.
Dicha Reforma aumentó el estándar de obligatoriedad para las autoridades y, como consecuencia, aumentó la necesidad de un contrapeso independiente con facultades para investigar las violaciones a derechos humanos y, sobre todo, para señalar la reparación del daño y acompañamiento a las víctimas en el proceso. Así lo demanda una democracia saludable. Los Organismos públicos de protección a derechos humanos son pues, aliados y contribuyen en la construcción de la gobernabilidad nacional y local.
A 8 años de ese viraje en el paradigma constitucional nacional, y con la aún reciente entrada en vigor de la Constitución local, la más progresista y garantista del país, esta Comisión ha recorrido la mira que antes estaba puesta para alcanzar nuevas metas en la satisfacción de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Ha pasado tiempo también, desde la adopción de los Principios de París, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, que sentaron las bases internacionales para los Organismos de Protección de Derechos Humanos, y existe mucho que reflexionar y reinterpretar sobre su mandato activo para adaptarse al contexto orgánico y social actual.
Con certeza, todo lo anterior representa un reto, y contamos con la disposición, las facultades y la convicción para aprehenderlo y evolucionar, a partir de la experiencia obtenida.
El reporte que hoy les estamos entregando es producto, no sólo de una persona; no puede ser posible sin la cotidiana entrega de quienes laboran en la Comisión, y a quienes agradezco personal e institucionalmente.
Encaminados en esta línea de trabajo, continuaremos por los esfuerzos para asumir los retos y consolidar los nuevos paradigmas. Seguiremos trabajando de forma colaborativa con las autoridades de esta Ciudad y de esta Soberanía, para la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en esta gran Ciudad de México.
Muchísimas gracias.
