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Palabras de la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, en la presentación del Informe Especial «La situación del trabajo infantil y el trabajo adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México».

Discurso 3/2020
23 de enero de 2020

Bienvenidas todas, todos y todes. Gracias por estar aquí, acompañando a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en la presentación del Informe Especial sobre La situación del trabajo infantil y el trabajo adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México; a las activistas, personas servidoras públicas, de la academia, de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por estar aquí.

Agradezco a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), pues sin su aporte documental, a partir de los estudios realizados, no hubiera podido desarrollarse el análisis cualitativo que se presenta el día de hoy. La disposición que, en su momento, tuvo la entonces titular de esa dependencia, Amalia García, para compartir este material, fue invaluable; disposición que continuó bajo la titularidad de Soledad Aragón.

Sin duda, las autoridades aquí presentes son actoras fundamentales para la trasformación de un problema que afecta estructuralmente el ejercicio de derechos de una buena parte de niñas y niños en la Ciudad de México, y que compromete el principio de Interés Superior.

Por el aporte colaborativo, aprecio y valoro la presencia de Soledad Aragón (Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México); de Araceli Damián (Directora General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México) y del Diputado Mauricio Tabe (Vicepresidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del I Congreso de la Ciudad de México); y sus comentarios. Y a los compañeros del Sistema DIF Nacional y de la Ciudad de México, que nos acompañan, Enrique García y Miguel Humberto Jaramillo.

El Informe se presenta en el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemora por segunda ocasión este 24 de enero; así lo proclamó la Asamblea General de Naciones Unidas, por el papel que desempeña la Educación para la Paz y el Desarrollo. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y todas, y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, no se podrá lograr la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo.

Elegimos el motivo de esta celebración para presentar el Informe, pues si bien es cierto que el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que trabajan no es el único lesionado, su afectación determina, en gran medida, la movilidad social y, por tanto, el ejercicio de otros derechos en mejores condiciones a lo largo de su vida, y de ello se da cuenta en este documento a través de las entrevistas realizadas.

Las niñas, los niños y las y los adolescentes que trabajan, o acompañan a sus familiares, ven reducidas sus posibilidades de estudiar, pues las actividades laborales los van absorbiendo más horas conforme van creciendo; su rendimiento escolar se ve afectado y son más propensos a abandonar la escuela. Además, existe una falla en la calidad del sistema educativo brindado en las zonas en donde se detecta trabajo infantil y adolescente, como en la pertinencia del modelo educativo que los atiende.

Es grave constatar que 40% de las personas entrevistadas en la Central de Abasto, principalmente recolectores de materiales, carretilleros y del área de subasta, sólo tienen primaria; es decir, seis años de estudios; y que 7% no tiene estudios. Esos datos contrastan con el grado promedio de escolaridad de la población de la Ciudad de México, de 15 años y más, que según datos de INEGI es de 11.1, lo que equivale a segundo año de Educación Media Superior.

En ese sentido, el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional del INEGI 2016 confirmó que, a mayores niveles de escolaridad del proveedor principal, la población de 25 a 64 años presenta niveles de escolaridad más altos. Sin embargo, el Informe que hoy presentamos da cuenta de que el nivel de escolaridad de padres y madres de los niños que trabajan en la calle está concentrado principalmente en nivel primaria.

Si a eso sumamos que en la Ciudad de México la movilidad social es de 59%; es decir, que sólo 6 de cada 10 personas podrán salir de la pobreza para trasladarse a un mayor percentil de ingresos, podemos observar que la movilidad intergeneracional está comprometida, y que la falta de educación no es un elemento que detiene el desplazamiento hacia escenarios de mayor bienestar. La situación se profundiza en el caso de las mujeres, pues existe una diferencia en la movilidad social por género.

Como dice Araceli Damián: la educación para estos niños es un imperativo. La educación para todos los niños, las niñas y los adolescentes de esta Ciudad es un imperativo. Ninguno, ni de estos niños ni cualquier otro que viva en esta Ciudad puede estar fuera de la escuela. Y también, ella misma lo señala: se requiere también revisar, no nada más que estén en la escuela, sino revisar para qué están en la escuela, qué tipo de modelo educativo se está promoviendo, qué tipo de significancia le dan los propios niños y las niñas a esta escuela, y también comprender que niños en esta situación de precariedad, cuando asisten a la escuela, lo hacen en una condición de desventaja, de entrada, porque tuvieron que levantarse, por lo menos, cuatro horas antes que un niño común; que tuvieron que trabajar y hacer trabajo físico, antes de llegar al espacio escolar y que esto además entonces lo coloca en una ruta de riesgo. No nada más entonces es la asistencia, es qué tipo de permanencia y con qué lógica apoyamos esta permanencia.

Hemos escuchado ya los datos arrojados por los estudios respecto al año 2015, en el que se identificaron 864 niñas, niños y adolescentes que laboraban en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro). Para 2017, eran mil 420; de los cuales, 457 tenían entre 0 y 5 años; es decir, transcurría su primera infancia entre vagones, escaleras eléctricas y gente movilizándose.

Vale la pena analizar las características de la población identificada en los estudios exploratorios que nutren el Informe, pues en función de esas categorías analíticas, tales como género, grupo etario y autoadscripción indígena, pueden fortalecerse las estrategias para erradicar el Trabajo Infantil. Tales categorías son, en sí mismas, condiciones que profundizan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes que trabajan: ser mujer, gay o transgénero; ser indígena, tener menos de seis años, desempeñar una actividad de mendicidad, realizar el trabajo en andenes y vagones.

En relación al género y grupo etario, por ejemplo, los datos para 2017 dejan ver que, en términos generales, son más niños los que trabajan en el Metro, que las niñas, (54% niños y 41% niñas). A pesar de esa descripción general, al analizar más a fondo las cifras, se observa una ligera feminización de la población en edad escolar; es decir, son más las niñas que trabajan en el Metro que mujeres adolescentes, situación que se invierte para el género masculino, pues mientras que hay menos niños trabajando en ese espacio, hay más adolescentes. Ese mismo patrón en el cruce de género y edad se repite en el caso de niñas y niños que trabajan en otros espacios públicos, como paraderos, sitios turísticos, la calle en general.

Otra intersección para analizar, es la auto adscripción indígena: en esta Ciudad, el porcentaje reportado de indígenas es de 8.8%. Sin embargo, el Informe da cuenta de que, entre 8 y 11% de trabajadores del Metro se autoidentifican como indígenas; es decir, la proporción de representación indígena infantil trabajadora es mayor a la media en la Ciudad, y mucho más si contemplamos la proporción que se nos da de auto adscripción cuando hablamos de los espacios públicos, que alcanza 16.5%. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un detonante, que es un elemento muy especial de atender, y es la proporcionalidad de indígenas y familias indígenas que tienen a sus niños, a sus niñas y a sus adolescentes trabajando en la calle.

Una observación para destacar, es que las niñas y niños en primera infancia y edad escolar que trabajan en el Metro, así como en otros espacios públicos y en la Central de Abasto, tienden a ser categorizados como acompañantes; si bien existe el debate en torno a si deben de ser catalogados así o como niños que trabajan, consideramos que esa discusión debe ser trascendida y valorada a la luz de las evidencias que también muestra este Informe.

La primera de ellas es que, las y los niños acompañantes eventualmente se incorporan al trabajo en la medida en que van creciendo. Podrían estar acompañándose cuando están siendo amamantados, pero empiezan a caminar y empiezan a tener un papel en la categoría del trabajo desde muy temprana edad.

En segundo lugar, difícilmente las dinámicas familiares de estos niños y niñas aportarán elementos adicionales que contribuyan a sostener en, o incluso, incorporarlos a la escuela; sobre todo si tomamos en cuenta el alto porcentaje de traslado diario desde los municipios que forman parte de la Zona Metropolitana.

Finalmente, es clara la influencia del grado de estudios de madres y padres del trabajo informal, en especial en la Central de Abasto y espacios públicos, en la presencia del trabajo infantil y adolescentes en edad permitida; a su vez, eso conlleva a una movilidad educativa minimizada. Lo anterior nos lleva a afirmar que las y los niños acompañantes se suman a las lógicas del circuito de trabajo infantil y padecen también el impacto a sus derechos a la educación, esparcimiento y juego, entre otros, como la salud, cuando ese trabajo es riesgoso y compromete el ejercicio de otros derechos, como trabajo y seguridad social a futuro.

Una cuestión adicional reportada en el Informe, es que las y los niños que trabajan no escapan del hecho de que esta Ciudad es la principal receptora de personas trabajadoras provenientes del Estado de México. En el documento, se muestra que la mitad de los niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo procede de municipios de esa entidad federativa, principalmente Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ecatepec, Chalco, Texcoco, Naucalpan, Cuautitlán, San Vicente Chicolapan, Ixtapaluca y Villa Nicolás Romero.

En el caso de las niños, niñas y adolescentes que trabajan en la Central de Abasto, también tienen esta característica que, básicamente los coloca ante una problemática de visión metropolitana, no nada más de Ciudad.

¿Cuáles son los retos y qué propuestas hacemos? El trabajo infantil es una realidad multifactorial a la que le corresponde una solución integral. La prohibición resulta insuficiente, mientras existan las condiciones que lo motivan, como la pobreza, la falta de accesibilidad a la educación, entre otros. Las niñas y niños no deben trabajar, y para no hacerlo deben de eliminarse los incentivos que llevan a que las familias hagan que sus hijos trabajen.

La falta de flexibilidad de los modelos educativos y de adaptabilidad de las condiciones de acceso a la escuela para las y los adolescentes en edad permitida que trabajan, genera abandono escolar, pues se enfrentan más a los cuestionamientos respecto a sus ausencias, que a las soluciones para permanecer en el sistema escolar. Para favorecer la permanencia, deben establecerse otro tipo de oportunidades educativas.

Las autoridades de la Ciudad de México deben tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar casos en que niñas, niños o adolescentes vean afectados sus derechos; en especial, deben de focalizarse esfuerzos para evitar las peores formas de trabajo infantil y forzoso. Peores formas de riesgo que, la naturaleza dominante del trabajo infantil y adolescente en la Ciudad es en la calle, es en espacio público y, entonces estos riesgos se ven incrementados.

En cuanto a los adolescentes de 15 a 17 años, quienes tienen permitido laborar, deben fortalecerse los esquemas de verificación, de que el trabajo que realizan no sea peligroso y que se lleve a cabo en las condiciones adecuadas. Sumado a ello, son pertinentes los esquemas de flexibilidad que favorecen que no abandonen los estudios. La política pública en la materia debe de estar orientada a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, que afecta el derecho a un nivel de vida adecuado.

Como ya se ha venido repitiendo, tanto por Soledad como por Araceli, hace falta y tenemos una necesidad enorme de datos duros, de datos cuantitativos que nos reflejen y nos permitan algo que no podemos ahorita afirmar, y es verdaderamente cuántos niños, niñas y adolescentes trabajan en esta Ciudad.

Con mucho gusto oigo lo que nos comenta la Secretaria del Trabajo, anunciándonos este diagnóstico, que la verdad es muy pertinente y que nos dará muchísima luz. Igualmente, lo señalado por ella, alrededor de un modelo de identificación de riesgo del trabajo infantil, mucho muy importante, porque aquí nos habla de cuestiones que tienen que ver con prevención.

El sistema de cuidados debe dirigirse a primera infancia y edad escolar acompañante, de forma que haya una intervención institucional temprana que contribuya al ejercicio del derecho a la educación y al esparcimiento de niñas y niños. La perspectiva interseccional debe de estar incluida en la revisión del trabajo infantil y adolescente y en el diseño de las estrategias para erradicarlo.

Además, a esa perspectiva, debe sumarse una visión metropolitana que coordine y articule institucionalmente para dar solución. Para ello, debe regularizarse la celebración de las sesiones de la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en la Ciudad de México, de manera intersectorial, pero no nada más eso, que eso sí se hace, sino la convocatoria a lo metropolitano, sería de mucha utilidad. Qué bueno que está aquí también el DIF nacional, porque esa es una parte importante.

Dado que el problema tiene una dimensión metropolitana, como ya se dijo, es importante flexibilizar los requisitos de ingreso a los programas sociales de este tipo de población y de apoyo a sus familias. Y bueno, con esa lógica, con ese tipo de estrategias, y que hay muchas otras, delineadas en el Informe, pensamos que podemos empezar y avanzar sobre la prevención y la orientación de este fenómeno social que, y permítanme retomar la reflexión que hace Araceli, que tiene qué ver no nada más con las políticas públicas, no nada más como señaló el Diputado, que tenemos que generar políticas públicas acorde, sino también en este caso, en cómo cambiamos como sociedad.

Estamos ante un problema y ante una situación que es sumamente normalizada, y normalizada por la mayoría del mundo adulto; no nada más en esta Ciudad, sino también en este país y en muchos países del mundo; normalizamos tomando como pretexto el contexto, que los niños y niñas, como también nos recuerda Araceli, vivan en condiciones y realicen labores en condiciones del Siglo XIX, allá, cuando algunos liberales empresarios se espantaban de los niveles de explotación y colocaron por primera vez la agenda de protección laboral y derecho al trabajo digno de niños y niñas, allá, hacia el Siglo XIX. Eso es lo más dramático.

Tenemos niños, niñas y adolescentes en esta Ciudad, que trabajan más que muchos de los que estamos aquí, que trabajan en condiciones, esas sí, ninguna comparable a la de la mayoría de los que están aquí.

Tenemos niñas y niños de 2 años que están ingresando a un mercado laboral que no les retribuye, ni a ellos ni a su familia, ni a su presente ni a su futuro, nada. Por eso también, este Informe, no nada más coloca una agenda de obligación pública, básicamente por la obligación que tenemos los servidores públicos en esta Ciudad, en especial reforzada al tener una Constitución que nos obliga a garantizarlos, sino también como sociedad en conjunto.

Mientras nosotros, nosotras y nosotres sigamos normalizando y justificando la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, estaremos, a la larga, siendo los limitadores y no los impulsores de que las cosas cambien y la política cambie, y de que tengamos exactamente una apuesta de derechos humanos para este no menor grupo de niñas, niños y adolescentes, en esta Ciudad y en este país, que son sujetos, desde que nacen, a la explotación laboral que nos debe indignar y nos debe convocar a su erradicación.

Muchísimas gracias.

 

Inklusion
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