Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 9/2020
19 de febrero de 2020
Muy buenos días a todas, todos y todes. Agradezco a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga la invitación para participar en la inauguración del Foro: “Constitucionalismo y Derechos Fundamentales”, en desdoblamiento de los derechos fundamentales en las entidades federativas. Saludo al Magistrado Rafael Guerra, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con quien tengo el gusto de compartir el presídium.
El pasado 5 de febrero acabamos de conmemorar el tercer año de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es un texto constitucional joven, pero uno de los más progresistas del país. Puede decirse que marca la pauta de un constitucionalismo garantista y propio de la corriente latinoamericana con relación a los mecanismos de protección y garantía de derechos, con el reconocimiento de tales derechos.
La Ciudad de México se suma pues a la experiencia del constitucionalismo local, y en ese sentido tiene mucho que observar, pero también tiene la oportunidad de avanzar con paso más firme a partir de los precedentes que han marcado las otras entidades federativas.
Otra característica de nuestra Constitución es que es posterior a la Reforma Constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos, que terminó con el debate sobre la jerarquía normativa con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, para dar claridad sobre el nuevo corpus constitucional mexicano.
La experiencia constitucional local, a la que se suma esta Ciudad, debe ser objeto de discusión constante, pues se actualizan problemas jurídicos, ámbitos de estudio y retos para dar cumplimiento a los derechos que se consagran en la Constitución. Nuevas discusiones surgen y otras no pierden vigencia.
En ese sentido, los espacios de exposición, reflexión e intercambio sobre los principales temas constitucionales, como el motivado el día de hoy, son relevantes. Éste en especial plantea la discusión sobre derechos fundamentales, misma que debe leerse a luz de todo el desarrollo doctrinario en torno a los derechos humanos.
La Constitución de la Ciudad de México, como se ha dicho, dispone de una Carta de Derechos progresista; además es atinada, por ejemplo, en visibilizar a los grupos históricamente discriminados y categorizarlos como grupos de atención prioritaria, en concordancia con el criterio de priorización que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.
Además, la Constitución dispone de un diseño orgánico acorde a esa Carta de Derechos. Ejemplo de ello son las disposiciones respecto a las Alcaldías, el mandato de autonomía del Instituto de Defensoría Pública y el Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, entre otros; o bien la creación del Sistema Integral de Derechos Humanos, el Instituto de Planeación Democrática, o la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad, por poner algunos ejemplos.
Sumado al diseño orgánico otros énfasis son fundamentales, ejemplo de ello es el mandato expreso que otorga la Constitución respecto al enfoque de justicia restaurativa y proximidad para el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, a través de la presencia territorial de la Comisión de Derechos Humanos, así como la implementación de mediación social, mediación restaurativa, pedagogía restaurativa, entre otros.
En cuanto a las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Ciudad de México, en particular la instalación de la Sala Constitucional, es importante señalar que para esta Comisión representa una forma de articulación distinta, principalmente en función de los recursos que está facultada para interponer en el ámbito jurisdiccional.
En específico, la Sala Constitucional será la sede para la interposición de la mayor parte de las acciones de inconstitucionalidad, que antes eran dirigidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se introduce la posibilidad de la interposición de la acción por omisión legislativa, lo que configura un mecanismo de control legislativo por parte de un órgano constitucional para favorecer el respeto, la promoción, la protección y garantía de derechos humanos antes ausente.
Esto en particular es un tema de constitucionalismo en sí mismo, pues abona a trascender la doctrina clásica de división para consolidar a los órganos constitucionales autónomos como elementos del Estado, que ocupan un papel fundamental en la gobernanza democrática y el sistema renovado de pesos y contrapesos.
Otros temas constitucionales de necesaria discusión y problematización es la acción de protección efectiva de derechos que la ciudadanía podrá interponer en los Juzgados de Tutela, que se han instalado para tal efecto, y cuyos recursos podrán ser revisados por la Sala Constitucional.
La acción de acción de protección efectiva de derechos está diseñada como un medio jurisdiccional más accesible para la exigibilidad de derechos, y por esa razón será importante analizar cómo se inserta en el entramado de recursos que fortalezcan a las víctimas de violación de derechos.
También es importante destacar que en este caso estamos planteando progresividad. La instalación de esto no puede…, es decir, no tenemos ni los recursos materiales, ni los recursos humanos para establecer una gama masiva en términos de qué estamos hablando en estos juzgados. Pensamos desde la Comisión que podrá ser de manera progresiva, instalando esta nueva mecánica para no abusar de la jurisdicción de las disputas por los derechos humanos.
En el panorama del nuevo diseño orgánico, como se ha hecho referencia, la instalación del Instituto para la Defensoría Pública será fundamental para consolidar las alternativas de defensa de las víctimas. Además, para la Comisión la vinculación con el Instituto representa la oportunidad de favorecer las condiciones para la aceptación y cumplimiento de las Recomendaciones, dadas las atribuciones otorgadas por la Constitución para ese fin.
El Instituto de la Defensoría Pública compartirá con la Comisión el mandato de consolidar los mecanismos de mediación y justicia restaurativa necesarios para la transformación de las relaciones entre particulares y en relación entre autoridades y ciudadanía, así como el fortalecimiento de esta última.
No es fortuito reflexionar hoy sobre el estado que guarda la implementación del diseño orgánico dispuesto en la Constitución, y al que nos hemos referido de manera descriptiva.
Estamos ante la posibilidad de articular esfuerzos para que la procuración de justicia, los mecanismos jurisdiccionales de protección a la Constitución y el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos se sincronicen en sus respectivas competencias, con la finalidad de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad.
Hay otro aspecto que resulta importante para mí abordar el día de hoy, los aspectos de discusión sobre diversos aspectos de los derechos humanos plasmados en la Constitución son útiles para su progresividad.
Ante un contexto de debate en torno a la reforma orgánica del Poder Judicial de la Federación, los anuncios respecto a la modificación del sistema de justicia penal, la necesidad de consolidación del sistema anticorrupción y la legítima efervescencia social por la violencia extrema hacia las mujeres, por poner algunos ejemplos, los debates constitucionales deben de conducir a robustecer el respeto y garantía de protección de derechos, tanto a nivel doctrinario, como sobre todo en la praxis de las instituciones legislativas, ejecutivas, judiciales y autónomos que le dan vida.
De poco sirve un texto constitucional progresista si a la par no avanza la capacidad y habilidad de las personas servidoras públicas, operadores de justicia y ciudadanía en general por interpretarla, implementarla y respetarla.
Por esa razón es necesaria la difusión de su contenido, la explicación accesible de su significado, la pedagogía de los medios de exigibilidad de derechos dispuestos para las personas que habitamos y transitamos por esta Ciudad.
No estamos en tiempos de textos constitucionales alejados de las personas o sus realidades sociales. Estamos en un contexto de democratización en el uso de los medios de garantía, que la Constitución pone a disposición de todas las personas en su diversidad e intersección.
En la esfera local transcurre la vida de las personas, de las comunidades, las colonias y los barrios, en ella transcurren el desarrollo económico, la movilidad de las personas, los delitos, la violación a sus derechos humanos.
Nuestra Constitución cuenta con los elementos para que las autoridades brindemos soluciones locales a desafíos globales, desde el ámbito judicial, legislativo, ejecutivo y no jurisdiccional.
Y aquí, antes de desearles buena suerte en estos días, quisiera hacer un alto para sumarme al llamado que hizo la Diputada Yuriri Ayala, nosotros acompañamos la indignación, acompañamos los planteamientos que hizo la Diputada.
Y en esa lógica de lo que vamos a estar discutiendo aquí en estos tres días, también compete, y como lo dije anteriormente, este tipo de escenario: estamos ante una Constitución que pone énfasis en las mujeres enfáticamente, siendo uno de los 14 Grupos de Atención Prioritaria.
Estamos ante una Constitución que, si hablamos en general de violencia hacia las mujeres, establece constitucionalmente la Violencia Obstétrica como categoría, más allá de la violación al Derecho a la Salud.
Estamos ante una Constitución, si hablamos ahorita del caso de Fátima, que también establece el Derecho al Cuidado, y si no discutimos eso, y si no lo traducimos y lo aterrizamos, pues de nada sirve que tengamos reconocidos derechos y situaciones como ésta, que permitirían progresividad y protección, si no las hacemos patentes y las hacemos conocidas y las hacemos operables.
De ahí vimos, creo que de ahí estamos y es importante que lo que se hable aquí no sea un elemento más de discusión teórica, que claro que es importante, sino que aprovechemos aquí, en el programa tienen excelentes conferencistas, magistrales, excelentes gentes que los van a poner a pensar, a discutir y a reflexionar, y lo hagamos en la lógica de, sí, tengamos acuerdos mínimos, tengamos la discusión y propongamos, en este caso al Legislativo y, a través del Legislativo, al Ejecutivo, de mecanismos que permitan que esto verdaderamente no sea como comúnmente se dice, ‘letra muerta’.
Les deseo mucho éxito en este Foro, distribuido en estos tres días de trabajo, de reflexión, y nosotros, desde la Comisión, estaremos atentos al desarrollo, y también a las propuestas y, desde el ámbito no jurisdiccional, las acompañaremos. Muchas felicidades.
