domingo , 19 mayo 2024

Discurso de la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, en la presentación del Informe Anual 2019

Discurso 23/2020
26 de agosto de 2020

 

Cuando la tormenta pase

Y se amansen los caminos,

y seamos sobrevivientes

de un naufragio colectivo.

Con el corazón lloroso

y el destino bendecido

nos sentiremos dichosos

tan sólo por estar vivos.

 

Y le daremos un abrazo

al primer desconocido

y alabaremos la suerte

de conservar un amigo.

 

Y entonces recordaremos

todo aquello que perdimos

y de una vez aprenderemos

todo lo que no aprendimos.

 

Seremos más compasivos.

Seremos más generosos

Seremos más comprometidos

 

Entenderemos lo frágil

que significa estar vivos

Sudaremos empatía

por quien está aquí y se ha ido.

[…]

Y todo será un milagro

Y todo será un legado

Y se respetará la vida,

la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase

te pido, apenada,

que nos devuelvas mejores,

como nos habías soñado.

 

 

Extracto del poema Esperanza de Alexis Valdés

 

 

 

Buenas tardes a todas, todos y todes, quienes nos acompañan el día de hoy en este evento que da cumplimiento al mandato establecido en el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Dirijo la presentación del Informe Anual de Actividades 2019 a todas las personas que habitan y transitan esta Ciudad y lo hago ante las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo; el Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Rafael Guerra Álvarez; la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, y de representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y público en general que acompañan este ejercicio de rendición de cuentas vía remota.

Saludo a quienes integran el Consejo de esta Comisión, así como a las personas que acompañan este acto público desde la academia, el servicio público, los organismos internacionales, los organismos públicos de protección a derechos humanos en el país, entre otros ámbitos.

El Informe da cuenta de la gestión y desempeño de este organismo público en lo que toca a su mandato constitucional de defensa, garantía, y promoción de derechos humanos, desde la perspectiva de justicia restaurativa, la impronta de la accesibilidad territorial y, sobre todo, la centralidad de las personas y víctimas como criterio rector de todas las actuaciones.

Durante 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México brindó casi 40 mil servicios, de los cuales el 55% correspondieron a orientación y prevención, y 45% de protección y defensa. Lo anterior representa un incremento aproximado del 25% con respecto al promedio de servicios anuales brindados en los últimos 10 años de la Comisión.

En lo que corresponde a las quejas registradas, se suma un total de 9 mil 612 expedientes, mismas que involucraron a 12 mil 343 personas y 169 colectivos y colectivas.

Los derechos lesionados mencionados con mayor frecuencia son a la seguridad jurídica (20%), de la víctima o persona ofendida (13%), a la salud (12 %), a la integridad personal (10%), de las personas privadas de la libertad (9%), al debido proceso y garantías judiciales, entre otros.

En el mismo periodo, las visitadurías generales concluyeron 10 mil 298 expedientes de queja. La mitad de éstos, fueron registrados en 2019 mientras que la otra mitad corresponde a fechas de registro previas al periodo que se reporta, lo que contribuye significativamente a reducir los expedientes acumulados entre 2009 y 2017.

En cuanto a la actuación interinstitucional, la CDHCM recibió 139 peticiones de diversas autoridades encaminadas a solicitar algún tipo de apoyo para la atención de las personas peticionarias que acudieron ante esas instancias.

Dentro de los mandatos adicionales que la Constitución Política de la Ciudad de México confirió a este organismo, fue el dar cumplimiento a los principios de justicia restaurativa y proximidad en los procedimientos.

Respecto a los primeros, la nueva Ley Orgánica modificó el procedimiento de atención a quejas de la Comisión. Eso favorece a las víctimas, pues ahora el procedimiento incluye la etapa de indagación preliminar que corresponde a las quejas consideradas como posibles violaciones a derechos humanos. Durante esta etapa se procura, por todos los medios, la restitución de derechos o, en su caso, la solución de la problemática a partir de mecanismos de justicia restaurativa como la mediación. Es decir, que únicamente se da inicio a la etapa de investigación si la queja no fue resuelta durante la indagación preliminar. De esta manera, se agiliza el procedimiento y se garantiza una atención más rápida y efectiva.

Sumado a ello, el Mecanismo de Restitución Inmediata de Derechos (MERIDE), contribuye a que las personas no esperen hasta que se emita una Recomendación para lograr una reparación del daño pues opera desde el primer contacto con las personas. El MERIDE permitió que 192 asuntos se tramitaran durante el segundo semestre del año en comento.

En lo que toca a la emisión de instrumentos recomendatorios, este Organismo emitió 23 Recomendaciones dirigidas a diversas autoridades de la Ciudad de México, favoreciendo en todo momento la participación de las víctimas y la reparación integral del daño, siendo el año en el que más víctimas han abarcado las recomendaciones, con un total de 676 tan sólo para ese año, cinco veces mayor al promedio de víctimas reconocidas por la Comisión de 1994 a 2018. Con excepción de una Recomendación parcialmente aceptada, el resto fue aceptada en su totalidad.

En este rubro, se piensa erróneamente que con las Recomendaciones se concluye las actuaciones de este Organismo; sin embargo, se inicia la etapa de seguimiento que consiste en asegurar la reparación integral y efectiva del daño. En ese tenor, en 2019 se llevaron a cabo 1 844 reuniones con las víctimas y 71 acompañamientos. Destacan los relacionados con el pago de indemnizaciones, reuniones con autoridades y valoraciones médicas, principalmente.

Entre los puntos recomendatorios a los que se les dio cumplimiento por parte de las autoridades responsables, destacan cuatro disculpas públicas asociadas a tres instrumentos recomendatorios. Por primera vez, esta medida de satisfacción a las víctimas fue realizada conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias.

Como una forma de contribuir a la modificación de estructuras institucionales que permiten que las violaciones de derechos humanos se perpetúen y reproduzcan, el Programa de Lucha contra la Impunidad incorporó 215 procedimientos en contra de diversas autoridades adscritas a alguna dependencia del Gobierno de la Ciudad.

En cuanto al segundo principio de proximidad ciudadana, es preciso mencionar que en 2019 se instalaron 10 de las 16 delegaciones de la Comisión en las Alcaldías.

Otra función de la Comisión es la prevención y coordinación con motivo de marchas y movilizaciones en la Ciudad de México, con el fin de observar que se respeten los derechos a la libertad de expresión y a la protesta de las personas participantes. De enero a diciembre de 2019 se implementaron 71 operativos para la supervisión, acompañamiento y monitoreo y se solicitaron 59 medidas preventivas.

Para brindar un apoyo integral a las víctimas desde una perspectiva comprensiva de los derechos humanos, la Comisión proporciona servicios médicos y de atención psicosocial a las personas que recurren a la institución. Para ello, cuenta con un robusto equipo de profesionales que, durante 2019, brindó 894 atenciones y realizó 880 dictaminaciones.

La Comisión pone en práctica la aplicación de los enfoques diferencial e interseccional de los derechos humanos, fundamentales para revertir la discriminación estructural. Por ello, cuenta con estrategias de acompañamiento focalizadas a grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución.

Ejemplo de éstas son las actividades de acompañamiento a colectivos de migrantes en los primeros tres meses del año, así como acciones dirigidas a favorecer el ejercicio de derechos sin discriminación de personas afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, defensoras de derechos humanos y periodistas, personas de la población LGBTTTIQA+, personas mayores, con discapacidad, entre otros grupos de atención prioritaria.

De enero a diciembre de 2019, la Comisión impulsó la realización de actividades que vinculan el trabajo de promoción y difusión de derechos humanos con 538 Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivas, 734 instituciones públicas, 85 instituciones académicas, 32 organismos públicos autónomos, entre otros. Entre reuniones, mesas de trabajo y talleres, asistieron 7 mil 492 personas.

La estrategia de trabajo para la protección de derechos humanos de personas defensoras y periodistas se centralizó en el reconocimiento del fenómeno de desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia de la cual estas personas son víctimas en función de su labor profesional y actividad.

Para contribuir con la estrategia de atención a grupos de atención prioritaria, publicó tres investigaciones focalizadas. El Informe Especial sobre Trabajo Infantil en espacios públicos documenta la situación de trabajo infantil y adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y espacios públicos de la Ciudad.

Un segundo informe especial fue el Derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad en la Ciudad de México que implicó el desarrollo de un proceso de consulta en cumplimiento al contenido del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y la más reciente Observación General emitida por el Comité que le da seguimiento.

En tercer lugar, el Informe sobre violencias de género en la procuración de justicia, además de identificar fallas recurrentes en las investigaciones de los delitos que más victimizan a las mujeres, documenta el deficiente o nulo ejercicio del derecho a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia como resultado de carencias en la investigación de los delitos.

La publicación de ese informe se sumó a las acciones de acompañamiento a mujeres con motivo del movimiento #MeToo y las diversas manifestaciones de protesta para visibilizar y denunciar la violencia de género y exigir su erradicación.

Sumado a ello, la Comisión se dio a la tarea de mostrar, por medio de cinco de sus Recomendaciones emitidas en ese año, un panorama de algunas expresiones de violencia de género de las cuales las mujeres son víctimas de manera sistemática: violencia obstétrica, violencia de género en el ámbito familiar; violencia sexual; acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y escolar; y violencia feminicida.

Los organismos públicos de protección de derechos humanos del país brindan soluciones locales a problemas globales. Por ello, este Organismo cuenta con una sólida estrategia de vinculación internacional que en 2019 la llevó a participar en 17 procesos de intercambio y a remitir 25 documentos a organismos internacionales que dan cuenta del estado que guarda en la Ciudad el ejercicio de diversos derechos humanos.

Además, el año que se reporta representó la oportunidad de la consolidación de la presencia de esta Comisión en redes internacionales tales como el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) y la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL)

En el ámbito nacional, por primera vez la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fue electa para presidir la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

En lo relativo a los procesos de educación, de enero a diciembre de 2019, la Comisión realizó 1,043 actividades de promoción, capacitación y formación que beneficiaron a 53 mil 836 personas.

En el año que se reporta, la CDHCM echó a andar recursos educativos que representan la posibilidad de acercar temáticas actuales a un mayor número de personas, ya que se encuentran disponibles las 24 horas, de los 365 días del año y está dirigido a personas servidoras públicas, personas que habitan y transitan en la Ciudad de México y público en general.

Durante el año que se informa se editaron 26 títulos, 19 en formato impreso y 25 en electrónico. Asimismo, se transformaron algunos proyectos editoriales, como el de la revista Dfensor que transitó a Ciudad Defensora, un nuevo modelo dirigido al público en general.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene un papel importante de incidencia en el ámbito legislativo para favorecer el contenido armónico con el derecho internacional de los derechos humanos, parte del corpus constitucional mexicano.

Es por ello que durante 2019 se le dio seguimiento a 102 sesiones realizadas por el Pleno de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, se hizo el seguimiento a 243 sesiones de comisiones ordinarias.

En el ámbito legislativo federal, se dio seguimiento a 158 sesiones del Pleno y de comisiones ordinarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República que abordaron asuntos de relevancia para el ámbito local.

En concreto, se analizaron 94 iniciativas de ley y 65 proyectos de dictaminación presentados tanto a nivel local como en el ámbito federal y se dio respuesta a siete puntos de acuerdo aprobados por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

En el ejercicio de la facultad con la que cuentan los organismos de protección de derechos humanos para el control constitucional, la CDHCM presentó tres acciones de inconstitucionalidad para la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México y tres escritos de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acompañado de lo anterior, la Comisión firmó 37 convenios de colaboración con instituciones de los ámbitos académico, gubernamental, de la sociedad civil, entre otros.

Finalmente, como parte de la labor institucional para dotar de legalidad todas las acciones de esta Comisión, y dada la vigencia de un nuevo marco legal, la institución que presido dedicó esfuerzos importantes para contar con el marco normativo interno correspondiente. En ese sentido, a la publicación del Reglamento Interno le siguió la revisión, aprobación y publicación de toda la normativa correspondiente.

El 2019 fue un año caracterizado por la exigencia de transformación de las instituciones para la efectiva protección de los derechos de las mujeres. También estuvo marcado por la adaptación de procedimientos que dieran cabida al paradigma de la justicia restaurativa como medio para la prevención, atención y reparación de las violaciones a derechos humanos. Estos cambios fueron el resultado de la demanda social por contar con un sistema de protección de derechos más cercano a la gente, próximo a sus necesidades, creativas y profesionales para la solución de sus problemáticas. El trabajo y las transformaciones emprendidas, se han llevado a cabo desde la lógica de la construcción colectiva con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la ciudadanía; desde una apuesta colaborativa con las instituciones de gobierno; y de trabajo conjunto con quienes administran, quienes procuran e imparten justicia, y quienes legislan.

El sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, en su conjunto, atraviesa por una profunda reflexión para adecuar su labor a los tiempos actuales, en los que consolidado el paradigma de los derechos humanos en el país, es necesario impulsar activamente tanto la disminución de las grandes brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos, como la erradicación de los añejos patrones de violación a los derechos humanos, a la par que se fomenta la especialización en las estrategias para su respeto, protección, garantía y promoción.

Los retos para este sistema constitucional se vislumbran claros: el establecimiento de estándares y metodologías para garantizar los derechos a la consulta y participación de individuos y colectivos titulares de éstos en el ámbito legislativo, de política pública, procedimientos administrativos y judiciales, es tan sólo uno de ellos. Este sistema cuenta con los elementos para establecer el estándar y dar muestra de cómo es posible cumplir estas obligaciones del Estado con respecto a poblaciones tan diversas como indígenas, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes. De este ejercicio se beneficiará la sociedad en su conjunto para gozar de una democracia incluyente y participativa. Los organismos de protección a derechos humanos podemos dar la pauta en ejercicios como el que se ha ejemplificado.

Un reto adicional es evitar caer en la tentación de reaccionar con la inercia del pasado bajo la ficción de que priorizar la efectividad a costa de los derechos de las personas y del terreno democrático ganado por batallas sociales que han llevado años de lucha. Los organismos de protección a derechos humanos debemos constituirnos como ese contrapeso para el cual fuimos diseñados en el claro rompimiento de la teoría clásica de la división de poderes que contribuye a la gobernanza mediante el goce efectivo de derechos y el equilibro en las relaciones entre gobernadas y gobernantes.

Cada año viene acompañado de un contexto político, social y económico particular y el 2020 está dejando en claro la importancia de adaptar nuestro servicio y sostenerlo sin importar las condiciones extraordinarias que se enfrenten. Esta Comisión no ha renunciado al cumplimiento de su mandato constitucional de cara a las personas y las víctimas de violaciones a derechos humanos, no se puede poner pausa, los tiempos como los que vivimos demandan la puesta en marcha de mecanismos redoblados para la prevención y protección de los derechos humanos.

La emergencia como la que vivimos con motivo de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto a prueba nuestra capacidad de reacción frente a la ciudadanía. Tan solo en los asuntos que tienen que ver con COVID-19, del 5 de febrero de 2020 -fecha en la que se recibió la primera solicitud inicial vinculada con el tema de coronavirus- al día de hoy, se han atendido 612 remisiones y 651 expedientes han sido enviados a las visitadurías. A estos servicios se suman los acompañamientos para observación de marchas y la mediación en asuntos relacionados con otras manifestaciones públicas para la exigibilidad de derechos de grupos de atención prioritaria en la Ciudad y atención a agendas prioritarias.

La enfermedad COVID 19 aprovecha las debilidades individuales, colectivas y de los sistemas que hemos construido como sociedad para lidiar con la precariedad propia de la condición humana. Las generaciones actuales no habíamos enfrentado experiencias de alcance global como ésta. Los sistemas de salud y muchos otros han reaccionado con base en la infraestructura con que se contaba y la que se ha desarrollado a partir del gran reto que se presentó. Mucho debemos de atender, también sobre la marcha apresurada, para subsanar los pendientes y remediar las carencias que este virus ha evidenciado.

También tenemos otra deuda como sociedad y es reconocer que, en medio de situaciones perfectibles, han quedado de manifiesto de manera contundente los compromisos de personas servidoras públicas, profesionales, trabajadores de la salud entre muchos otros que han afrontado de manera comprometida la pandemia.

En la capital de este país, donde se concentran las condiciones propias de los contextos macro urbanos suficientes para ser el centro del contagio, se ha elegido responder de manera activa para contener los daños y se ha hecho sin recurrir a la inercia de restringir derechos.

El pacto social puesto en marcha con la primera Constitución Política de la Ciudad de México no puede ser transgredido ni en contextos como el que vivimos. Ese pacto social convoca a todos los ámbitos del Estado cerrar filas para el avance en el ejercicio de los derechos como punto de partida y encuentro en medio de la valiosa pluralidad de pensamiento propio de una democracia sana.

Estamos en la ruta. No hay respuestas únicas. Continuarán las tensiones entre la garantía del derecho a la salud -individual y colectiva- y otros derechos como los económicos y sociales, por ejemplo. Sin embargo, estamos ante la posibilidad de confirmar que esas tensiones se resuelvan en apego a nuestro paradigma constitucional. Para eso, cada quien en su ámbito de responsabilidades tiene una función.

El virus SARS-CoV-2 dejará secuelas sociales y es preciso actuar a paso redoblado en el presente para aminorar el impacto, para caminar y reducir los efectos. Nos encontramos sobre una ruta que sólo tiene validez en el reconocimiento de derechos humanos de las personas en su diversidad y que no puede sucumbir ante demandas sociales contrarias al contenido del catálogo de derechos reconocidos internacionalmente para salvaguardar la dignidad humana.

Para ello, el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos debe de fortalecer su presencia mediante el trabajo continuo, la presencia indubitable y accesible para las personas principalmente en los momentos aciagos, y ese es y seguirá siendo el compromiso de este organismo público de protección a derechos humanos.

Esta Comisión está en pie y fortalecida a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación y como resultado de los últimos meses de trabajo intenso para cuidarnos y cuidar a la otredad a partir del mandato que rige nuestro actuar.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y su gran equipo de trabajo, entiende esta misión constitucional y mantiene sus puertas abiertas, virtuales y físicas a toda persona, a todo grupo, colectivo y colectiva que requiera nuestros servicios de orientación, de protección, de garantía, de defensa y promoción de derechos humanos.

Agradezco el trabajo diario de cada una de las personas que forman parte de esta Comisión pues su compromiso permite que este Organismo opere las 24 horas de los 365 días del año para estar próximos y dar resultados a las personas. El contexto actual ha exigido más de nosotros, de nuestras familias y así será en los próximos meses. Estoy segura de que, en lo individual y colectivo, saldremos fortalecidas y fortalecidos para seguir abonando, para continuar con nuestra tarea en la construcción de una ciudad solidaria y justa.

Muchas gracias

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