Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 47/2020
22 de octubre de 2020
Este presente de remolino,
de gotas invisibles,
de veneno minúsculo,
de susurros distantes.
Calendario perplejo de días repetidos
que intuyen el enigma
de la fragilidad que nos habita.
Que despierte esa idea del pensamiento pleno,
la energía anhelada,
el sueño solar de las alquimias,
que se inventen la fórmula del cielo
y encuentren su respuesta
en los laboratorios
que rompan este hechizo.
“El Hechizo”, de Ana Merino… Quizá el hechizo para nosotros exactamente es la garantía y protección de los derechos humanos.
Buenos días a todas, todos y todes. En representación de los Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos que conforman la Federación, manifiesto el gusto por contar con la presencia de quienes me han antecedido en el uso de la voz con motivo de la inauguración de nuestro Congreso Nacional “Los Derechos Humanos en el Contexto por COVID-19”:
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muy bienvenido Guillermo; y Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Además, agradezco la participación en este Congreso Nacional, de Cristian Roberto Morales Fuhrimann, Representante de la OMS en México; de Pablo Yanes Rizo, Coordinador de Investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Catalina Devandas Aguilar, ex Relatora Especial sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU; Cristina Ayoub Riche, Presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO); Luis Ernesto Pedernera Reyna, Presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y actualmente Presidente del Grupo de Comités de Naciones Unidas; y Dana Graber Ladek, Representante de la OIM en México.
En el contexto actual, los Organismos Públicos de Derechos Humanos enfrentamos diversos retos. En primer lugar, un reto central de nuestro mandato constitucional y democrático es operar como parte del sistema de pesos y contrapesos.
Un contrapeso que en momentos de crisis, recursos escasos y caos global, ayude a pensar en clave de derechos humanos las acciones que vienen para atender el curso que tome la contingencia sanitaria; los efectos que ha tenido; y los aprendizajes que derivan de esta experiencia. Pero sobre todo actuamos y nos constituimos como un contrapeso que ayuda a analizar las alternativas de solución y atención, protegiendo en todos los escenarios nuestra autonomía en términos amplios como condición mínima para el cumplimiento de nuestro mandato.
En esa lógica, naturalmente tanto el ofrecimiento de la Secretaría de Gobernación, a través de Alejandro Encinas, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Martha Delgado, es muy bienvenida exactamente en el trabajo de articulación.
La enfermedad COVID-19 y la pandemia declarada con motivo de su alcance global han representado un desafío para los Estados. La capacidad de reacción institucional y, con ello, la infraestructura sanitaria de cuidados, laboral, tecnológica, estadística, por mencionar algunas, fue llevada al límite, revelando en muchos casos la fragilidad en la que estaba.
Este contexto, demandó de todas las esferas sociales el despliegue de recursos, medidas, recomendaciones y solidaridades. Todo con miras a contener la pandemia, atender a las personas afectadas por la enfermedad, procurar bienestar y sobrevivir un confinamiento para el que nadie nos había preparado.
Hacía mucho que una articulación simultánea de alcance global no había sido requerida. Los niveles supranacional, nacional y local de todos los sectores, incluidos el de defensa y protección de derechos humanos, tuvimos que continuar con las acciones cotidianas y al mismo tiempo atender las específicas derivadas de la contingencia.
Aquí encontramos el segundo reto, cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y proteger nuestros equipos de trabajo.
Asimismo, en momentos críticos como el actual son pertinentes las reflexiones en torno a la eficacia y eficiencia del esquema institucional que hemos desarrollado a partir de la posguerra. ¿Ha sido útil, adecuado y suficiente para reaccionar a las emergencias y asegurar mejores condiciones de protección de las personas frente al Estado y sus autoridades?
Las integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, atendiendo el mandato constitucional, ha observado la efectividad de su rol como mediadora en diversos asuntos ─protestas, quejas, casos, soluciones─, por lo que el tercer reto es continuar con la construcción de mecanismos propios del paradigma de la justicia restaurativa para la transformación de las relaciones entre gobernantes y gobernados, en una arena democrática y deliberativa cada vez más plural.
Nosotros creemos que la mediación acerca a las instituciones entre ellas, y a estas con la ciudadanía.
Durante este periodo de pandemia, en México el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos ha actuado como interlocutor local con motivo de las diferentes tensiones, paradojas y dilemas que se presentaron en los derechos humanos: la movilidad y la salud pública; ésta y el trabajo; la protesta y el distanciamiento social; la conectividad tecnológica y el acceso a la educación, por mencionar algunos.
Un cuarto reto ha sido identificar, alertar y evitar una amenaza real en este contexto de pandemia: el retroceso en el ejercicio de derechos con impacto diferencial en función de los grupos de atención prioritaria. Un claro ejemplo de esto ha sido el incremento de la violencia contra la mujer, niñas y niños, o de los embarazos no deseados en mujeres adolescentes, el incremento de personas sin ingreso o la emergencia de nuevas violencias en la era digital.
Dado que la demanda de los servicios y medidas serán constantes, es necesario sumar actores y convocar a una reflexión sinfónica orientada a adecuar y adaptar una respuesta progresivamente mejor para las personas. La presencia de equipos especializados en las acciones que realizamos, la sostenibilidad de las acciones de protección y defensa de los derechos humanos, requieren de recursos.
Al respecto, quiero referirme al quinto y último reto: asegurar la autonomía entre sus diversas expresiones, también la presupuestal. Esto implica responsabilidad, honestidad y transparencia en el gasto, sin duda. Al mismo tiempo que supone garantizar los recursos suficientes para continuar con el cumplimiento de nuestro mandato constitucional, en las situaciones ordinarias y en las extraordinarias, como la que estamos enfrentando y la que en un futuro inmediato estaremos enfrentando.
En momentos como el actual es preciso dar a las personas y colectivos respuestas locales concretas a problemas globales. En adición, un requisito democrático necesario es que tales medidas sean respetuosas y apegadas a las obligaciones en materia de derechos humanos. Estas constituyen un pacto para la protección de la dignidad humana y el equilibro en la relación entre ciudadanía y autoridades. El sistema no jurisdiccional tiene esta tarea.
Para la mejora en el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las personas es que hoy estamos aquí. A nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, reitero la bienvenida y el agradecimiento por su participación.
Tengamos pues una buena jornada. Muchísimas gracias.
