Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 01/2021
12 de enero de 2021
Muy buenos días a todas, todos y todes. Saludo especialmente a la Rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, mi queridísima y admirada Carmen López-Portillo, y a la comunidad educativa de la Universidad que nos acompaña el de hoy, al cual ya Tere hizo mención y también la propia Rectora.
Saludo también a quienes por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre ellos pues Nuriney Mendoza, quien está a cargo del área de Quejas y de Atención Integral, que de hecho es la responsable de quienes aplican el Protocolo de Estambul en esta Comisión. A Noemí Bautista, que además ha estado muy al pendiente de ser el enlace de la Comisión con ustedes para llevar a cabo esta segunda edición del Diplomado. Y también se encuentra por acá, está fuera de cámara, Iván García Gárate, que además de ser el Segundo Visitador de esta Comisión, es parte de la planta docente del Claustro. Entonces nos da mucho gusto también tener aquí alianzas varias con ustedes. Y a las personas de medios de comunicación, así como a quienes nos están siguiendo por las redes sociales.
Quiero agradecer especialmente a la Universidad del Claustro de Sor Juana por trabajar de la mano con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de varias actividades conjuntas de las cuales ya nuestra querida Rectora ya mencionó y ya tejió sobre ello.
En esta ocasión, se confirma el interés mutuo por sostener los esfuerzos para llevar a cabo una “Segunda Edición del Seminario de Titulación-Diplomado sobre la Implementación del Protocolo de Estambul, dictaminación médica y psicológica, y su introducción en el procedimiento penal”.
Estamos seguras de que el fortalecimiento, la conservación de espacios académicos, y la generación de oportunidades de profesionalización en materia de derechos humanos debe ser una tarea constante. Estoy convencida de que la formación y la capacitación tienen una importancia decisiva para la protección y defensa de los derechos humanos.
Hemos previsto una modalidad híbrida para la realización del Seminario —con clases presenciales y en línea—. Esto sin duda facilitará la adopción del programa en estos tiempos de contingencia sanitaria.
Esperamos que la nueva generación se sume a las 35 personas egresadas del programa que inició por primera vez en el año 2018. El programa requiere de 124 horas de intenso trabajo teórico y práctico, por lo que animamos a todas las personas participantes a que concluyan cabalmente el programa, imprimiendo toda su dedicación y empeño.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se enorgullece de compartir que cuenta con el equipo de referencia nacional e internacional para la impartición del programa diseñado para el Diplomado. Este equipo para la aplicación del Protocolo de Estambul y determinación de los casos de tortura es un equipo de élite.
Durante el programa, se estudiará a profundidad una de las violaciones a derechos humanos más graves: la tortura.
Quiero referirme a su definición y a la magnitud del problema que enfrentamos, debido a que esto ilustra la relevancia de su abordaje en este Seminario.
Se ha demostrado que la tortura tiene efectos, secuelas y complicaciones en los niveles personal, familiar y comunitario. En el nivel personal deja secuelas físicas y psicológicas, causando daños irreversibles sobre el cuerpo, así como estrés postraumático, confusión, angustia, depresión, autopunición, por ejemplo. Los efectos sobre la familia van desde la devastación del entorno cercano de la víctima, hasta en el sobre costo por gastos de salud para atender los impactos antes mencionados.
En muchas ocasiones, la tortura representa para las personas que la sobreviven un cambio en su proyecto de vida.
Finalmente, en el nivel comunitario, la tortura siembra terror y miedo frente a la autoridad, menguando gravemente la legitimidad de las acciones del Estado.
Es importante anotar que en el tipo penal de tortura presente en el Código Penal de la Ciudad de México aún no está armonizado con la Ley General, así como tampoco están presentes en el Código los tipos penales de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este es un pendiente importante en la materia.
Aun así, a partir de la adhesión al Protocolo, la examinación o evaluación médico-psicológica de presuntas víctimas de tortura, obligatoriamente debe realizarse conforme a éste.
Esta evaluación debe ser realizada por peritos oficiales o independientes, y tiene por objeto documentar los signos físicos y psicológicos que presentan las víctimas y el grado en el que dichos hechos pueden ser correlacionados con la comisión de actos de tortura.
Para ello es fundamental que existan personas calificadas en el contenido y aplicación del Protocolo de Estambul en las instituciones de los órdenes de gobierno de salud, seguridad, justicia, entre otras.
En este sentido, la aplicación del Protocolo es una de las formas de combatir y erradicar la tortura.
Es importante recordar que previo a dichos avances normativos, y aun en la actualidad, se han documentado casos de tortura, y desafortunadamente hemos visto que se trata de violación a un derecho humano recurrente.
Me gustaría referirme a algunas cifras para ilustran lo anterior. Entre el 2005 y el 2020, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad registró 1,619 expedientes de queja relacionados con tortura.
En los expedientes reportados se encuentran 2,659 personas y 18 colectivos con el carácter de víctimas. De éstas, el 76.2% (2,026) de las personas agraviadas son hombres. Las edades que se presentan con más frecuencia son entre los 30 y 44 años.
En los últimos cuatro años la Comisión evaluó 600 casos de personas que alegaron ser víctimas de esta atroz práctica.
Desde 1994 hasta el año anterior, la Comisión ha emitido 74 Recomendaciones relacionadas con actos de tortura. De éstas, cinco fueron emitidas en 2018, 11 Recomendaciones en el 2019 y tres el año pasado.
Las 19 Recomendaciones emitidas en la presente gestión han sido estratégicamente organizadas en función de los patrones recurrentes y diferenciados en razón del género, la edad, la finalidad de la tortura, entre otras categorías significativas para el diseño de estrategias que erradiquen esta práctica en sus diferentes contextos.
Por ejemplo, visibilizar la tortura en centros varoniles de reinserción social; la tortura sexual como un patrón utilizado en mujeres; el uso de la tortura psicológica y los contextos en que es más utilizada; así como la tortura como finalidad para inhibir el activismo político, entre otras.
En nuestras investigaciones hemos documentado patrones sistemáticos de violación al derecho a la integridad por actos de intimidación, castigo, maltrato o como medida de investigación para obtener declaraciones.
A su vez, identificamos que es recurrente la participación de grupos de al menos tres personas servidoras públicas, pero no encontramos evidencia suficiente para establecer que sus mandos superiores corrijan o prevengan tales prácticas.
Los últimos tres años, pues, se han emitido una cuarta parte de las Recomendaciones sobre esta grave violación de los derechos humanos en la historia de la Comisión.
Algunas de las razones que se han identificado para la persistencia de casos de tortura son la falta de investigación rigurosa, la omisión de las autoridades de aplicar el Protocolo cuando existen indicios de tortura o tratos crueles. Asimismo se ha observado que el uso de la práctica está considerada por algunas personas servidoras públicas como una acción aceptable, lo que indica una falta de cultura de derechos humanos en varias instituciones.
La necesidad de incrementar el número de personas especializadas en la materia es imprescindible para que el Estado cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos, en particular con su obligación de investigar los hechos, sancionar a las autoridades responsables y reparar a las víctimas.
En los más de 25 años de experiencia investigando este tipo de casos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México insiste en la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios especializados para lograr que la documentación de hechos de tortura pueda reconocerse como prueba válida ante los tribunales.
También la experiencia nos ha mostrado que es igualmente importante capacitar a las autoridades judiciales, a la Fiscalía, a las Defensorías, a los defensores independientes y demás profesionistas sobre este tema, entre otras personas encargadas de hacer cumplir la ley.
Quiero reiterar mi agradecimiento a Carmen López-Portillo, la Rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, al cuerpo docente que integra el Seminario-Diplomado. A quienes estarán cursando el programa les deseos éxito en sus estudios. A quienes nos escuchan, les invito a que estén atentos a las próximas convocatorias para cursar el programa y a que por cuenta propia puedan acercarse a la lectura y estudio del Protocolo. Y seguramente el año que entra espero estaremos inaugurando una tercera edición.
Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias al Claustro.
