Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 22/2021
8 de febrero de 2021
A una década de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, uno de los principales retos es evaluarla en función de la capacidad que tiene el sistema constitucional para dar protección y garantía a las personas en los contextos cambiantes que vivimos, los impactos económicos y las emergencias sanitarias como la de COVID-19.
Así lo destacó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, al participar en el Ciclo Derechos Humanos: 10 años de la Reforma Constitucional, organizado por El Colegio Nacional.
Insistió en que el diseño constitucional del sistema no jurisdiccional debería permitir continuar con sus mecanismos de protección diaria y efectiva mediante estrategias de proximidad, restauración inmediata de derechos; es decir, debe de ser capaz de adaptarse a cualquier contexto.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) apuntó que otros retos es la profesionalización de las autoridades a todos los niveles de gobierno y la incorporación a dicha formación de los enfoques metodológicos diferencial e interseccional.
Durante su intervención en la Mesa «Evolución de los derechos humanos en México» -en la que se dedicó un minuto de silencio a la memoria del jurista Héctor Fix-Zamudio, quien falleciera el pasado 27 de enero y coordinador de este Ciclo-, Ramírez Hernández explicó que a raíz de la reforma constitucional, lo que se tiene que modificar es la práctica, lo que se relaciona con el reto de la cultura jurídica que no puede desvincularse de la cotidianidad de la gente: debe de ser accesible, flexible, certera e inmediata.
“Hagamos evolucionar al sistema de protección de derechos humanos con los recursos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que la propia Constitución pone a disposición de las personas y mandata para las instituciones. Avancemos progresivamente en el engranaje que, de manera efectiva, contribuya a mejorar la vida de las personas y proteger su esfera de derechos individuales y comunitarios”, enfatizó.
En este sentido, dijo que un papel importante de los Organismos de Protección de Derechos Humanos ha sido no sólo en la defensa de los casos, sino la orientación jurídica con perspectiva de derechos, género e interseccional, así como en las estrategias de promoción y difusión que han incidido en la transformación de la cultura social, política y jurídica en el país que, a partir de 2011, cuentan con un respaldo constitucional.
En tanto, Diego Valadés, Miembro de El Colegio Nacional, subrayó que la esencia de la sociedad está precisamente en la defensa de los derechos humanos, como un elemento fundamental para todo nuestro aparato democrático y sin la cual resultaría afectado el Estado mexicano.
Recordó que el Doctor Héctor Fix-Zamudio fue uno de los grandes impulsores en América Latina y en nuestro país de la figura del Ombudsman, cuya militancia a favor de los derechos humanos destacó en todo el hemisferio.
El ex Presidente del Comité de Desaparición Forzada y miembro de la Junta de Síndicos del FCVCTMDH, ambos de la ONU, Santiago Corcuera Cabezut, explicó que desde 1981 en adelante, la única ventana de justicia internacional que tenían las víctimas en México era la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacó que la Reforma del 2011 trajo consigo una discusión sobre la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución federal. Consideró necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrija su posición respecto la contradicción de la tesis 293/2011, toda vez que con su resolución prevalecen normas que atentan contra los derechos humanos, como el arraigo.
Por su parte, Issa Luna, Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y responsable del Observatorio sobre Corrupción e Impunidad, cuestionó si la idea del liberalismo detrás de los derechos humanos tiene que cambiar o tiene que ajustarse a una realidad y políticas diferentes.
Finalmente, Jesús Orozco Henríquez, Investigador del IIJ-UNAM y ex Presidente de la CIDH, hizo un recorrido por la historia de la protección de los derechos políticos en México y señaló como uno de los retos para los Tribunales Electorales el avanzar en la definición de los criterios jurisprudenciales.
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