Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 44/2021
16 de marzo de 2021
A 19 años de que el Estado mexicano ratificó dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños respecto de su participación en conflictos armados y el relativo a la venta, prostitución y pornografía de que son víctimas; si bien hay avances, aún existen pendientes en la agenda para la protección y defensa de las infancias que han sido víctimas de los delitos y violaciones a derechos humanos, contemplados en dichos instrumentos.
Respecto a la participación de niñas, niños y adolescentes (NNyA) en conflictos armados, en 2019 las reformas en materia educativa que involucraron modificaciones en los Artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), conservaron la posibilidad de que NNyA puedan recibir educación militar; lo cual es una preocupación del Comité de los Derechos de Niñas y Niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en este sentido recomendó al Estado Mexicano, entre otras cosas, asegurar que los niños en las escuelas militares reciban educación de conformidad con la Convención y supervisada por el Ministerio de Educación y no participen en la lucha contra el tráfico de drogas.
Si bien México no se encuentra en esa situación de conflicto armado, en los términos que la define el Derecho Internacional, la presencia de grupos delincuenciales ha traído consigo el reclutamiento forzoso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; ya en 2019, 4.9 homicidios por cada 100 mil habitantes eran de personas de menos de 19 años; en la Ciudad de México, en diciembre de 2020, dos niños mazahuas de 12 y 14 años fueron asesinados, el hecho fue vinculado al crimen organizado y puso de manifiesto que las niñas, niños y adolescentes tienen contacto con ambientes delictivos por la zona donde viven y corren el riesgo de ser captados por organizaciones criminales. En el contexto de la emergencia sanitaria esto podría verse recrudecido.
Según datos de Infancias en la Ciudad de México 2020, del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la CDMX, en 2019 el 3.6 de los delitos contra las infancias fueron corrupción de menores, trata, pornografía infantil. Actualmente la emergencia sanitaria por Coronavirus ha provocado un aumento sin precedentes en el tiempo que las niñas y niños pasan en el espacio digital, donde están también los abusadores, lo que los expone al acoso en línea y también la explotación sexual. En México 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora; en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan internet o una computadora; 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México. Las autoridades federales también han advertido de un incremento considerable de crímenes digitales, violencia en internet y tráfico de pornografía infantil durante los meses de confinamiento.
El Comité de Derechos de Niños y Niñas de la ONU, señaló a las autoridades mexicanas que era necesario: realizar la recopilación de datos desagregados sobre los delitos contemplados en los dos Protocolos; así como asignar recursos suficientes para garantizar programas dirigidos a NNyA y, promover espacios de participación efectiva, a fin de que puedan compartir sus preocupaciones y propuestas para que sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera indispensable que se avance en las recomendaciones respecto de los Protocolos; en particular, lo que se refiere a reformar el Artículo 73 de la CPEUM, para que se elimine de manera explícita el hecho de que las niñas, niños y adolescentes puedan recibir educación militar.
Así mismo, este Organismo considera necesario que el Estado mexicano ratifique, desde el Senado de la República, el Protocolo de Comunicaciones para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a defender sus derechos humanos y presentar denuncias individuales ante Comité de personas expertas de derechos de niñas y niños de la ONU, lo que los reconoce como actores sociales.
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