Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 55/2021
30 de marzo de 2021
- Retos a 14 años de la firma de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó su Protocolo Facultativo, convirtiéndose así́ en parte de los Estados comprometidos en respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este documento propone un cambio de paradigma sobre la discapacidad, para dejar atrás el modelo médico asistencial y transitar a uno social. En el Artículo 6 se reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y los Estados Parte deben adoptar medidas para garantizar sus derechos humanos.
Resultado del Censo 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sabemos que en México hay 7 millones 168 mil 178 personas con discapacidad, de las cuales 52% son mujeres. En el caso de la Ciudad de México, hay 589 mil 741 personas con discapacidad, 55% son mujeres. Al igual que en el caso de la población en general, son más de la mitad de la población y se enfrentan a múltiples violencias, agravadas por las distintas barreras que viven.
Una de las barreras que viven las mujeres con discapacidad, es la falta de reconocimiento de su capacidad jurídica debido a la existencia de juicios de interdicción, y, en consecuencia, obstáculos para tomar sus propias decisiones y ser autónomas. Esto deriva en la falta de acceso a la justicia; exclusión de los servicios de salud de forma informada y accesible, como es el caso de las esterilizaciones forzadas. Asimismo, las mujeres con discapacidad se ven afectadas por la violencia familiar, la cual corre el riesgo de incrementar su invisibilidad con las medidas de distanciamiento social durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) se considera importante que se fortalezcan las estrategias para identificar, visibilizar, prevenir y atender la violencia que viven las mujeres con discapacidad, y garantizar sus derechos humanos. De forma específica, es prioritario realizar los cambios normativos necesarios para eliminar el juicio de interdicción y sustituirlo por un sistema de apoyos para la toma de decisiones que impulse la autonomía.
Además, es relevante identificar los impactos diferenciados que derivan de la intersección de ser mujer con discapacidad: la edad, la identidad indígena o afromexicana, pertenecer a la población LGBTTTIQA+, vivir en una institución o en situación de calle, entre otras. Es necesario conocer sus contextos y consultarlas para implementar políticas públicas que realmente generen cambios y puedan vivir una vida libre de violencia.
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