Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 12/2021
8 de marzo de 2021
Porque tus ojos son cielo de la tarde
Porque tus manos son pájaros ansiosos
Porque tu pelo es río
y tus pasos…
huellas de luna sobre el césped
Lolita Ili Tina
Lety Sole Ana
Tere Cesi Ale
Sus nombres tapizando la ciudad con gritos
con margaritas pisoteadas
con poemas muertos
antes de extender las alas.
No podemos cerrar los ojos al terror
su laberinto podría devorarnos.
Para contener esta sombra que se cierne
sumemos nuestra voz a la palabra,
hagamos pactos de amor,
treguas de dudas,
que no falten rosas
ni versos,
ni canciones.
Seamos intolerantes al silencio,
para que
ni una más
sea despojada de abril,
del viento
y de la lluvia.
Poema “Ni una más” de Guisela López, mujer poeta guatemalteca, fundadora e integrante de la Colectiva de Mujeres en las Artes.
Muy buenos días a todas, todos y todes. Saludo a las personas que están viendo la presentación del Informe sobre Violencia Digital contra las Mujeres en la Ciudad de México. Éste trabajo aborda una de las problemáticas más desatendidas en materia de violencia de género.
Agradezco la participación de todas las personas y organizaciones que aportaron su experiencia para la construcción del documento, comenzando por Lulú Barrera, de Luchadoras, y José Antonio Peña Merino, de la Agencia Digital de Innovación Pública, que nos acompañan en esta presentación; así como a quienes nos están acompañando vía remota por Facebook y Zoom. Gracias a Martha Tudón y Priscilla Ruíz de Artículo 19, Agneris Sampieri de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Angélica Contreras de Cultivando Género, Carmen Alcázar de Wikimedia México, Marcela Suárez Estrada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, así como al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación –gracias Geraldina-, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de la Juventud, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Tribunal Superior de Justicia, todas de la Ciudad de México, instituciones que aportaron información útil para el análisis de esta temática.
Bienvenidas el día de hoy.
La tecnología se ha consolidado como una moneda con dos caras muy distintas. Por un lado, genera y motiva espacios democráticos que favorecen la participación de las personas en la vida pública, permiten el acceso y la difusión de información, así como también la cercanía y conexión con las personas a partir de la virtualidad.
Como todo espacio con esas características, es una arena que favorece en lo positivo. Al ser propio de la cultura, los activismos feministas hacen uso y se apropian legítimamente de este medio. Durante la pandemia, particularmente frente a las dificultades de ejercer la protesta social de manera presencial en algunas comunidades, estas manifestaciones de activismo digital no han hecho más que fortalecerse y diversificarse. Lo vemos el día de hoy con una multitud de expresiones a través de medios digitales en esta celebración del 8M.
Por otro lado, sin embargo, no deja de ser un ámbito en el que también se expresan las violencias, entre ellas las de género en contra de las mujeres, por lo que el Estado no pierde su papel de protegerlas en este espacio. Al ser la violencia contra las mujeres una expresión más de la discriminación, la arena virtual es un ámbito en el que se concreta, en sí misma y de manera instrumental esta violencia. En el contexto de la emergencia producida por el COVID-19, sabemos que la violencia en contra de las mujeres se ha disparado. Los espacios digitales claramente no son la excepción; por el contrario, el virus ha acelerado su consolidación como sitios inseguros para las mujeres y niñas que han reducido su exposición a la vida pública presencial y se han mantenido en esquemas de distanciamiento social.
Los impactos de esta violencia son diferenciados en función del género, de la edad y de otros factores que se acumulan para caracterizar a las víctimas que pueden serlo de diversos delitos y conductas: trata, pornografía, extorsión, discurso de odio, lesión a la intimidad, privacidad, libre desarrollo de la personalidad e incluso a la integridad personal en sus expresiones más extremas.
Al respecto, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, ha trabajado en torno al llamado paraguas de violencia digital que incluye todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido con la asistencia de las TIC o agravado por las mismas; esto incluye la utilización de teléfonos inteligentes, internet, plataformas de medios sociales, y correo electrónico. Por la naturaleza de este tipo de violencia, las conductas que la pueden configurar son variadas: desde el acceso no autorizado a la red social de una persona hasta el robo de identidad, pasando por acoso sexual, expresiones discriminatorias, acecho, difusión de información íntima, y extorsión. Lo anterior ha sido sistematizado junto con información útil del estado que guarda este fenómeno de violencia.
El Módulo sobre Ciberacoso, o Mociba, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que de las más de 17 millones de personas usuarias de internet de 12 años o más que afirmaron haber vivido alguna situación de acoso cibernético, 9.4 millones eran mujeres. El grupo más afectado es el de las personas jóvenes de 20 a 29 años. Asimismo, el Mociba señala que 40.3% de las mujeres víctimas enfrentaron insinuaciones o propuestas sexuales, 35.3% fueron contactadas mediante identidades falsas, y 33.9% recibieron mensajes ofensivos. Asimismo, 2017 de los 3 mil 370 incidentes cibernéticos registrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020, corresponden a acoso cibernético. En el mismo periodo, se reportaron 452 incidentes cibernéticos en contra de niñas, niños y adolescentes (NNyA), de los cuales 65% correspondía a víctimas niñas o adolescentes mujeres.
Las cifras son alarmantes, si se piensa que aún los mecanismos para la prevención, protección y sanción de tales conductas son escasos.
Entre los factores de mayor riesgo en el espacio virtual está la prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres. Seguimos privilegiando las masculinidades tóxicas y justificando la cosificación de las niñas y las mujeres, y esto se ha trasladado y reproducido en los medios digitales.
El discurso de odio en redes sociales tampoco es algo menor: nuestro análisis cualitativo ha documentado que éste se manifiesta en la publicación de mensajes, imágenes o hashtags y que, en muchas ocasiones, incita de manera directa a la violencia en contra de mujeres y niñas. En los casos de amenazas y hostigamiento frente a discursos pro igualdad de género y posturas feministas, las personas agresoras suelen ser anónimas y utilizan cuentas falsas, o que impone retos a la investigación de tales conductas. Niñas, adolescentes, mujeres trans son víctimas frecuentes de esta agresión.
De acuerdo con Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cada día se difunden en las redes sociales entre 15 mil y 20 mil mensajes de odio por razones de género, origen étnico, y orientación sexual. Algunos de éstos parten de violencias de la vida no digital, como fue el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, a partir del cual se difundieron las fotografías de su cuerpo y se generó una ola de burla, morbo y revictimización en redes sociales.
Los daños que la violencia digital provoca también son, por tanto, amplios y profundos y, como podrán leer en el Informe, nos dimos a la tarea de recopilarlos y analizarlos. En un mapeo realizado por las organizaciones Luchadoras y La Sandía Digital con mujeres de todo el país, se reportaron afectaciones físicas derivadas de estos ataques, propias de un estrés post traumático. Los daños psicoemocionales son significativos. En el caso de las niñas y las adolescentes, existe una tendencia al autoaislamiento social derivado de la violencia digital que afecta el libre desarrollo de la personalidad, lo que, a su vez, tiene el potencial de agrandar la brecha digital de género e, incluso, fungir como una limitante para su desarrollo económico.
Otro aspecto que complejiza el estudio de la violencia digital de género es la multiplicidad de derechos afectados y de responsabilidades correlativas, así como la identificación de quien agrede o incluso la fragmentación de la responsabilidad cuando esa fuente de agresión es masiva. Tenemos frente a nosotras un pilar grande de afectaciones al derecho a la propia imagen, vida privada, dignidad, e intimidad de las mujeres que ven su esfera personal invadida. También observamos un pilar fundamental relativo a la libertad de expresión de las mujeres periodistas, activistas, y defensoras de derechos humanos. En cuanto a esto, hay un entramado de actores que deben emprender diversas acciones complementarias para garantizar los derechos humanos y aplicar una perspectiva de género en los medios digitales; esto involucra necesariamente el delinear las obligaciones de, por ejemplo, tanto los gobiernos y las empresas de redes sociales que moderan los espacios de interacción como los usuarios de las mismas. Es decir que la cooperación entre los sectores en torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se observa como necesaria.
Entre 2010 y 2020 la Comisión emitió 16 Recomendaciones sobre violencia digital contra mujeres o niñas. En estos instrumentos, se documentan narrativas de difusión de contenido gráfico íntimo de una persona sin su consentimiento, de revictimización y exposición de fotografías de víctimas de feminicidio –lo cual constituye generalmente violencia digital cometida de manera directa por el Estado–, y de filtración de fotografías para armar redes de explotación sexual de mujeres privadas de la libertad, entre otras conductas.
De los casos investigados, se desprende un patrón de impunidad que es preciso resaltar. En nueve relatos de hechos de las quejas investigadas por la Comisión entre 2015 y 2019, se identifica la falta de sensibilización de personal que atiende las denuncias; incluso en algunos casos no se les quiso tomar la declaración. Este factor es consistente con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que en su edición 2016 arrojó que más de 88% de las mujeres mayores de 15 años que habían sufrido alguna violencia no presentó una queja ante alguna autoridad. Existe una desconfianza institucional marcada. En los casos de violencia digital, este fenómeno se agudiza dado que las autoridades suelen menospreciar la importancia de este ámbito, a lo que se suma la falta de pericia para la prevención, atención y sanción de este tipo de violencia.
En un caso más que finalizó en una Recomendación, se detectó que las autoridades obtuvieron videos y fotografías de la cuenta de Facebook de una mujer sin orden judicial con el fin de obtener pruebas –que, eventualmente, fueron excluidas del procedimiento penal por haber violado el derecho al debido proceso–. Así, se vulneró la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones de la persona en cuestión, lo que obstruyó también el acceso a la justicia.
El Informe también da cuenta de los obstáculos normativos y programáticos que enfrentamos en el tema. Sin duda un avance significativo fue la concreción de las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, ambas normativas locales conocido como la llamada Ley Olimpia.
El resultado de este trabajo legislativo motivado por las colectivas y organizaciones fue el reconocimiento del ámbito digital como una modalidad de violencia, lo cual representa un abordaje fundamental para la garantía de los derechos de las mujeres. Sin embargo, este avance es insuficiente si no está acompañado de otras acciones que trasciendan el ámbito penal.
Por ello, será también importante seguir colaborando en favor de la adopción de enfoques que permitan transformar las dinámicas sociales. Por ejemplo, en el caso del sexting, frecuente sobre todo en la población adolescente, se tendrá que reconocer la existencia de esta práctica, diferenciarla de aquella ejercida sin consentimiento y brindar alternativas para la desaprobación de esta conducta cuando transgrede la autonomía de las personas.
Finalmente, la Comisión reitera la importancia de aplicar un enfoque interseccional de derechos humanos en la formulación de soluciones a la violencia digital y, sin lugar a dudas, de garantizar un proceso participativo y democrático para la elaboración de las reformas y políticas pertinentes que cuente con la representación de todos los sectores y las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. De igual manera, debemos actuar a partir del reconocimiento de que el tema exige la adopción de deberes tanto en el sector público como en el privado en un esquema de corresponsabilidad.
En la actualidad, la vida digital conlleva la creación de identidades integrales, particularmente para las generaciones “nativas” de este ámbito. Piénsese en aquellas personas nacidas en 2003, ya adultas, que han experimentado prácticamente todas sus vidas en una época de internet, teléfonos celulares y, en muchos casos, Facebook, Instagram, y Twitter, para quienes la socialización en este ámbito es quizás el principal y quienes llevan a cabo de esta manera algunas de sus actividades esenciales -como las académicas-, aún más a partir del contexto actual derivado de la pandemia. Estos medios deben constituir espacios seguros, democráticos, y sanos para todas, todos, y todes, en los cuales los derechos humanos se respeten y protejan. Nuestra publicación pretende aportar a este proceso pendiente.
Por ello recomienda ahondar en el diseño de protocolos de prevención, atención y sanción de las conductas que violentan a las mujeres, mediante la investigación, la alfabetización tecnológica y digital para el autocuidado, la coordinación entre autoridades, la sociedad en general, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia.
El contexto por COVID-19 nos ha obligado a adaptar y quizás repensar nuestras estructuras y dinámicas sociales, la efectividad de los métodos de atención y colaboración. Sin duda, la pandemia ha sido catalizadora de la adopción de nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, particularmente en los ámbitos laboral y de socialización.
Hoy, más que nunca, muchísimas personas hemos desarrollado una identidad en medios digitales, los cuales cada vez trastocan un mayor número de ámbitos de desenvolvimiento humano en la Ciudad de México. Por supuesto, la tecnología nos ha permitido mantenernos cercanas, continuar con la actividad laboral y escolar, entre otras cosas. Al mismo tiempo, el uso de la tecnología y de la ampliación de este ámbito de interacción trae consigo la apertura de un ámbito más de expresión de la violencia de género: la digital.
En atención a la violencia digital de género cada vez más presente en nuestras comunidades y con el objetivo de obtener datos concretos y visibilizar este reto, hemos elaborado el presente Informe que esperamos sea de utilidad para la sociedad y las autoridades. La virtualidad no es una dimensión paralela que podamos minimizar, es un ámbito que se suma a la territorialidad para la cobertura de la normativa y la actuación del Estado.
Recordemos que enfrentamos dos pandemias: la del COVID y la de la violencia de género. Recordemos que una alimenta a la otra de manera directa. Recordemos a las víctimas de sistemas jurídicos y estructuras institucionales que no fueron capaces de adaptarse y atender las violaciones de derechos en un mundo de interacciones digitales.
Agradezco a la Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos por la labor. Muchísimas gracias y muy buena semana.
