Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 13/2021
18 de marzo de 2021
Buenos días a todas, todos y todes los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales; saludo a quienes me acompañan en la plataforma de Zoom de la cual estamos transmitiendo: Tobyanne Ledesma, Manuel Alejandro, Grisel Salazar, Sergio Rodríguez Blanco, Gerardo Albarrán y Yennué Zárate.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebramos que las instituciones académicas y de investigación aporten su trabajo para hacer frente a los nuevos fenómenos sociales que afectan el ejercicio de los derechos humanos; y en este caso de las personas periodistas en situación de desplazamiento forzado interno por razones del ejercicio de la libertad de expresión.
Su inclusión en este debate público aporta una visión metodológica y ayuda a discutir de forma integral todas las causas, efectos y consecuencias que implican que una persona deba abandonar, como una estrategia de escape y sobrevivencia, sola o con su familia, su lugar de residencia. Las repercusiones de llegar a una ciudad, en este caso la de México y tener que buscar alternativas económicas para la subsistencia y lidiar con la imposibilidad, en la mayoría de los casos de retornar a su lugar de origen de forma segura. Desde la academia no sólo se está abordando el tema como objeto de estudio, sino que se han dado a la tarea de implementar programas de formación e incluso en algunos casos han acogido a las y los periodistas, buscándoles refugio o dándoles empleo; generando un espacio de construcción de redes de apoyo, así como de contención frente a la situación de desplazamiento forzado interno. Un reconocimiento especial al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por este tipo de labor y a la Universidad Iberoamericana.
La posibilidad de sumar más visiones y experiencias, como las que se proponen desde organizaciones sociales, autoridades y las propias personas periodistas; nos da la oportunidad de entender y por tanto actuar de forma más completa ante el fenómeno de desplazamiento forzado interno; desde perspectivas de interseccionalidad y de género.
Esta necesidad quedó de manifiesto en el Diagnóstico sobre las Personas que en el Ejercicio de su Derecho a la Libertad de Expresión se encuentran en situación de Desplazamiento Forzado Interno en la Ciudad de México, que presentamos en enero pasado, y que tiene valiosas aportaciones cuantitativas y cualitativas.
En este trabajo encontramos casos como el de una mujer periodista que, aunque fue trasladada a la Ciudad para estar a salvo después de recibir amenazas de muerte, su familia la dejó sola por miedo a que les pasara algo, ellos se movieron dentro de la misma entidad, con sus propios recursos y decidieron cortar toda comunicación. Mostrando que, ser mujer, indígena y periodista puede colocar a una persona en una condición que multiplica su vulnerabilidad y que debe ser objeto de una atención diferenciada; además de recibir acompañamiento psicosocial indispensable en todos los casos. Aquí se refleja la complejidad de la situación de una persona en situación de desplazamiento y el reto de las autoridades para generar acciones de atención desde su estancia segura hasta poder recuperar su vida.
En la Ciudad de México, hasta enero del año pasado, el Mecanismo de Protección Federal tenía identificadas en esta condición a 22 personas; el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México a 14; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) siete; la Comisión de Atención a Víctimas a 15 personas periodistas que están refugiadas; la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad solo a una; y, aquí en esta Comisión de Derechos Humanos, si bien no existen expedientes de queja al respecto, tenemos 13 casos documentados. Del total de casos, 15 son mujeres y por lo menos en 11 de ellos se trasladaron a esta Ciudad con sus familias.
Cubrir las necesidades para poder dar una atención integral durante la estancia: acceso a un nivel de vida adecuado, vivienda, empleo, salud y educación, requiere de recursos; y, el año pasado el Mecanismo de Protección en la Ciudad tuvo un presupuesto de poco más 12 millones 900 mil pesos. Claramente insuficiente tratándose del principal destino de refugio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También, se requiere de mucha voluntad y coordinación; por ejemplo, para poder brindar seguridad y garantía de movilidad dentro de la misma Ciudad de México.
El propio Diagnóstico da cuenta de los casos en que las personas periodistas acogidas a los Mecanismos, local o federal, activan el botón de pánico en alguna situación que perciben de riesgo, se reporta a la autoridad y aunque los Mecanismos activen las alertas, la protección, es decir los elementos de seguridad tardan mucho o simplemente no llegan. Existen esfuerzos importantes que ya se han emprendido para cerrar la pinza entre las propias instancias institucionales, hay una coordinación entre el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para la ejecución de acciones que protejan la integridad y seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren en riesgo. Además de un trabajo importante para tratar de sensibilizar a otras instancias como la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, entre otras.
En el desplazamiento forzado interno de las personas periodistas, la falta de acceso a la justicia abre y cierra el ciclo en que se encuentran atrapados: al inicio, como una de las motivaciones más fuertes para tomar la decisión de desplazarse; y, al final como uno de los principales obstáculos para generar planes de retorno seguros. Esta es una de las causas estructurales del riesgo en que viven.
El nivel de impunidad en las agresiones a periodistas ha sido documentado por organizaciones como Articulo 19 que da cuenta de mil 140 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República, de 2010 a 2018, de las que sólo el 16.3% se consignaron o judicializaron. Y un dato no menor, es que de las 10 sentencias que se lograron en esos casos, en seis estaban involucrados servidores públicos
Si bien, los procesos jurisdiccionales no dependen de las autoridades de la Ciudad de México o del Mecanismo Federal; sino de las instancias de las entidades de origen; es verdad que mientras se encuentran en calidad de refugiados estos deben seguir a distancia los procesos, y se debe brindar, además de asesoría legal, la posibilidad de emprender litigios estratégicos para cambiar esa realidad.
En los casos, que son la mayoría, en que no hay investigaciones sólo queda esperar a un cambio de administración local o que alguna situación fortuita les permita considerar regresar. La impunidad, no es otra cosa más que la amenaza de riesgo continuada que impide la posibilidad de volver a sus hogares.
El retorno a los lugares de origen, la integración en la Ciudad de México o su reasentamiento en otra parte del país en condiciones de seguridad y dignidad, debe ser un plan que se elabore con la participación de las personas desplazadas, sin presiones de ningún tipo, en el que se tienen que incorporar enfoques de multiculturalidad y de género pues las expectativas que los hombres y las mujeres tienen frente a las posibilidades de retorno son diferentes.
Hablando en datos duros, y desde una perspectiva sólo cuantitativa, podríamos pensar que este es un problema menor por el número de casos de periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, una treintena en los últimos siete años; pero sería equivocado quedarnos con esa percepción; para empezar porque del propio Diagnóstico, como lo mencioné, se desprende que cada institución tiene datos distintos, no hay un registro único de casos. Y segundo, hay que voltear a ver los casos que no fueron acogidos por alguna institución y que por la falta de acceso a la justicia terminaron en el asesinato de personas periodistas. En 2020, en plena pandemia, el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras ubicó a México como el país más letal para los periodistas, con ocho reporteros asesinados, por encima de Iraq, India y Afganistán. El desdén por el acceso a la justica de las personas periodistas, desde la presentación de denuncias pasando por la integración de expedientes, hasta la falta de consignación, sigue alimentando el circulo de violencia contra las y los periodistas.
Por todas las implicaciones y consecuencias del desplazamiento forzado interno, celebro de nuevo que podamos llevar a cabo este diálogo abierto y constructivo con representantes de la academia, de la sociedad civil, las autoridades y los propios periodistas que enfrentan esta situación.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México refrendamos nuestro compromiso con esta agenda, para seguir siendo puente de encuentro entre los actores e instituciones que pueden generar mejores respuestas institucionales desde las alertas de riesgo, la acogida en la Ciudad y; sobre todo, ante en la imperiosa necesidad de acabar con la impunidad en las agresiones a las personas periodistas.
Durante la presentación del Diagnóstico se mencionó que este era una fotografía, la captura de un momento especifico de la situación de violencia y desplazamiento que viven los periodistas; espero que esta jornada de diálogo se ponga en movimiento esa imagen y generemos juntos una película, en que podamos construir mejores espacios de acompañamiento y retorno.
Buenos días, gracias y excelente jornada.
