Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 75/2021
29 de abril de 2021
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, advirtió que el COVID ha dejado, hasta ahora, un impacto mayormente negativo en la población de personas de 0 a 17 años, que significa casi un tercio de la población total del país.
En la presentación de los avances para integrar el informe alternativo México ante el Comité de los Derechos del Niño, destacó que los avances de la agenda de derechos de la infancia han observado un estancamiento, cuando no un retroceso, que exigen su visibilización para lograr incidir desde los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño y de sus tres Protocolos Facultativos.
Al respecto, llamó a observar las obligaciones del Estado mexicano, adquiridas desde 2002, a través de la firma y ratificación del Protocolo Facultativo relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños y niñas en pornografía, y del Protocolo Facultativo a la participación de niñas y niños en conflictos armados, en razón de que el Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, presentaciones individuales de quejas, aún no ha sido firmado.
En cuanto a los dos primeros, lamentó que no se cuente con datos oficiales actualizados: “Generalmente siempre vamos a ver en éstos un déficit en términos de información y de datos cuantitativos, muchas aproximaciones cualitativas”.
Advirtió sobre el notable incremento de la vulnerabilidad y riesgo de trata en que están niñas, niños y adolescentes (NNyA), a raíz de la emergencia sanitaria a nivel regional, sobre todo aquella con fines de explotación sexual, mendicidad, matrimonio forzado, adopción ilegal y extracción de órganos: “En los últimos 15 años se ha triplicado el número de menores de 18 años que son víctimas de trata en el mundo; este dato es anterior al COVID”.
Señaló que en 2020 la Ciudad de México registró 57 carpetas de investigación por trata de personas, en las que había 20 niñas de un total de 31 víctimas de 0 a 17 años, que coincide en proporción de lo que se reportó a nivel nacional.
La Defensora señaló que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos colectivos, a pesar de que calcula que sólo se denuncia uno de cada 100 casos.
El país está entre los de mayor incidencia en pornografía infantil: en 2020, en la Ciudad de México se abrieron 90 carpetas de investigación, en las cuales, se registraron a 73 víctimas de 0 a 17 años.
Además, indicó, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños es víctima de violación antes de los 18 años, y 5 mil de cada 100 mil sufren de tocamientos.
Con base en lo anterior, urgió a acatar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, respecto a la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar estos delitos, así como la efectiva aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y de protección de víctimas.
Condenó también el uso de niñas, niños y adolescentes en los grupos de autodefensa y de policías comunitarias, como recién lo dio a conocer la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policías Comunitarias de la región de la Montaña, en Guerrero, sobre 19 niños y adolescentes.
Igualmente, advirtió sobre el uso y la cooptación de niñas y niños por parte de la delincuencia organizada en muchas ciudades del país, incluida la Ciudad de México; lo cual se suma al incremento de niños migrantes hasta en ocho veces en el último año, la mitad de ellos viajando sin acompañamiento de adultos.
Sobre este punto, reconoció que a pesar de las modificaciones a la Ley de Migración y Refugiados, para la no institucionalización de niñas y niños migrantes, la infraestructura para brindarles protección y asistencia social y garantizar el ejercicio de todos sus derechos está rebasada.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Mónica González Contró, expuso las Medidas Generales del Comité sobre el Marco Jurídico, los pendientes para la implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como para armonizar la legislación estatal con la Convención de los Derechos del Niño.
Se refirió también a la Recomendación y pendientes para la operación del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a nivel, federal, estatal y local, con recursos suficientes y con el nombramiento de un nuevo titular; así como a la falta de un Programa Nacional con perspectiva de género, en el marco de la contingencia.
En tanto, Mario Luis Fuentes Alcalá, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, se refirió al contexto socio-político nacional a raíz de la pandemia en México, y dijo que las transferencias monetarias y directas de los gobiernos a las familias no son suficientes ante la falta de programas sociales.
Como un conjunto fragmentado, calificó al SIPINNA, sin recursos ni herramientas suficientes para poder operar, de desorden generalizado para poder prevenir y atender las circunstancias de una crisis sin precedente que afecta de manera irreversible a las niñas, niños y adolescentes.
Miguel Laporta de Caso, de World Vision, sostuvo que aunque históricamente el presupuesto para atender la agenda de derechos de las infancias ha sido raquítico, desde 2016 ha tenido una disminución de 96%.
En el marco del proceso electoral, llamó a que las y los candidatos a cargos de elección popular incluyan en sus propuestas, proyectos y programas el presupuesto suficiente para atender los derechos de NNyA, y para garantizarles entornos seguros y confiables para su desarrollo.
Por su parte, Nancy Ramírez Hernández, de Save the Children, se refirió al tema de los Principios Generales y Libertades Civiles, y advirtió sobre la falta de la hoja de ruta recomendada por el Comité para garantizar el derecho de NNyA a la No Discriminación y con perspectiva de género.
Sobre este derecho, dijo que uno de cada tres niños dijo sentirse discriminado al interior de su familia, mientras que 5 de cada 10 dijo que lo ha sido en su escuela, por el color de su piel, por tener alguna discapacidad o por pertenecer a algún grupo indígena.
Mencionó también la necesidad de garantizar la activación de mecanismos de búsqueda y localización inmediata, en coordinación con las Alertas de Género, en donde las haya, para prevenir los 6 asesinatos diarios en todo el país, así como los 9 feminicidios de niñas que en promedio se registran cada mes.
Norma del Río Lugo, experta en derechos de niñas, niños y adolescentes, dio detalle sobre los rubros de salud básica, educación y juego, en los que destacó el repunte de muerte infantil y durante embarazo o aborto en adolescentes, incluidas los fallecimientos por COVID y el desabasto para cumplir con el esquema de vacunación infantil.
Alertó sobre la disminución de la lactancia materna con motivo de la pandemia, así como de la esperanza de vida: “Es necesario mantener la interdependencia de derechos; la salud, la vida, la supervivencia y el desarrollo tienen una íntima relación”.
Sobre las Medidas especiales de protección para niñas y niños en situación de vulnerabilidad, Laura Alvarado Castellanos (Fundación Pro Niños), subrayó que son más necesarias que siempre, en el marco de la contingencia sanitaria para las y los niños migrantes y solicitantes de asilo.
Es muy preocupante, indicó, que ni las acciones ni las políticas sean transexenales y que los sistemas de registro no garanticen el flujo de información para generar estrategias de coordinación y de atención multidisciplinaria.
Mónica Juárez, de México Juega, A.C., quien fungió como moderadora del evento, dijo que se busca visibilizar las problemáticas y vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes, e iniciar trabajos de reflexión, discusión y análisis en conjunto con especialistas del IIJ-UNAM y de la CDHCM.
Recordó que, a principios de 2021, el Gobierno mexicano presentó ante el Comité de los Derechos del Niño su Sexto y Séptimo Informes combinados, en cumplimiento con la Convención de los Derechos del Niño, y en seguimiento a las Observaciones Generales que le fueron dirigidas al Estado mexicano por el Cuarto y Quinto informes que abarcan de 2015 a 2020.
Los avances para integrar el informe alternativo de las organizaciones civiles y de los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos evalúa de modo integral e independiente los avances realizados y las dificultades encontradas en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y contiene información sobre temas que consideran no fueron suficientemente abordados por el Gobierno o lo fueron de modo incorrecto.
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