Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 77/2021
02 de mayo de 2021
La conmemoración por el Día Internacional del Trabajo (1 de mayo) constituyó un umbral oportuno para la reflexión sobre este derecho y sus dimensiones y retos en el contexto latinoamericano contemporáneo.
El reconocimiento de este día es resultado de luchas sindicales y procesos extensos de reivindicación de los derechos de las personas trabajadoras en diversas regiones del mundo. La Constitución mexicana de 1917, frecuentemente ostentada como un vehículo introductor del constitucionalismo social, retomó elementos valiosísimos en su momento, tales como el derecho colectivo del trabajo y un piso mínimo digno en materia de condiciones laborales. Es pertinente reconocer los movimientos sociales detrás de estos avances, reapropiarnos de los motivos de los mismos, y analizar los retos actuales a la luz de ellos.
El fenómeno del trabajo en la actualidad y sus complejidades se retoman en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual reconoce en su Artículo 10, apartado B, la tutela este derecho humano, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, y la protección de todo tipo de empleo lícito. Sobre esta base, la emergencia sanitaria por COVID-19 ha agudizado la necesidad de entender la naturaleza fluctuante y la fragilidad del trabajo, especialmente en el marco de arquitecturas institucionales y sociales que, desde antes de la crisis, causaron la vulnerabilidad de ciertos grupos en el ámbito laboral.
En este sentido, la Encuesta sobre los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares con niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México arroja datos relevantes para comprender y atender la crisis. En primer lugar, la tasa de desocupación en julio de 2020 fue de 4% y para diciembre subió a 6%.
En cuanto a la tasa en el sector informal tuvo una recuperación en el mismo periodo: pasó de 14% de desocupación en julio a 8% al final de año. No obstante, 62% de los hogares declararon una reducción en sus ingresos desde el inicio del confinamiento (para diciembre de 2020 esta pérdida era de 45%).
En 1 de cada 3 hogares se declaró que uno o más de sus integrantes había perdido su empleo o fuente de ingresos en algún momento de la pandemia. Es fundamental hacer notar que todas las estimaciones en este tema han afectado mayormente a hogares con niñas, niños, y adolescentes: en 71% de éstos, se señaló una reducción de su ingreso y en 40% se perdió por lo menos un empleo.
Otro factor que visibiliza la complejidad y magnitud del fenómeno es que, según reportó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en enero de este año, el declive de las horas de trabajo en el mundo engloba tanto la pérdida de empleo como el establecimiento de horarios de trabajo más breves, con la subsecuente disminución del ingreso.
Resulta evidente que las políticas públicas y de colaboración sector privado-sector público para la garantía de un trabajo en condiciones justas deben ser tan maleables y diversas como la problemática lo exige, con un énfasis particular en aquellos grupos de atención prioritaria que sufren de violaciones a su derecho al trabajo de manera desproporcionada -mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, y personas indígenas, por mencionar algunos-, y que, naturalmente, tendrán necesidades diferenciadas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) apunta la importancia de reconocer y continuar impulsando el trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, así como de fomentar su protección en estrecha colaboración con el sector privado para el avance progresivo en el disfrute del mismo. Sólo de esta forma los paradigmas jurídicos y fácticos laborales podrán garantizar, incluso en contextos de crisis o revoluciones digitales, un trabajo digno para todas las personas.
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