Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 24/2021
22 de junio de 2021
Muy buenos días a todas, todos y todes quienes están presentes en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), y también a quienes están viéndonos vía remota por las redes sociales.
Doy la bienvenida al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX). Ya lo decía él: largo el título…
Saludo a las personas que le acompañan, atestiguando esta suma de voluntades: el Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, que está aquí de manera presencial; así como a las Consejeras María del Carmen Nava Polina, Marina Alicia San Martín Rebolloso y Laura Lizette Enríquez Rodríguez, quienes nos acompañan de manera virtual.
Saludo también especialmente a quien está aquí atestiguando la firma de este Convenio, el Diputado Temístocles Villanueva, quien es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.
El Convenio que nos reúne el día de hoy es un Convenio de voluntades, largamente esperado. Como muchas otras cuestiones, con motivo de la pandemia, estaba pendiente formalizar entre ambos Organismos Autónomos la colaboración que día con día se tiene para el respeto, garantía y protección del Derecho a la Libertad de Expresión, en su vertiente de acceso a la información y protección de datos personales.
Para la CDHCM esta colaboración es muy importante. Con la instalación del entonces IFAI, en el año 2002, mediante la ley y la posterior consolidación constitucional en 2007, del actual INAI y del sistema de organismos públicos locales garantes de tales derechos, se dio cuerpo a una nueva dinámica de relación entre las autoridades y la ciudadanía.
Lo mismo sucedió años antes, cuando los Organismos Autónomos de protección de derechos humanos fueron instalados: la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, hace 10 años, selló los avances normativos y fijó una base constitucional, alineada a esos primeros avances en las instituciones democráticas del país, tal como lo señaló hace un momento el Comisionado Presidente.
Una buena parte de las nuevas generaciones hoy en día se encuentran ya familiarizados con un lenguaje de apertura informativa, y tienen una conciencia respecto a las obligaciones de las autoridades en relación a ella: saben que tienen derecho a que se traten correctamente sus datos personales, y saben que pueden solicitar información y que esa dinámica es propia y esperada en un gobierno.
Esto no fue así para muchos de nosotros en la juventud o como adultos, pero sí nos tocó trabajar e inaugurar los procedimientos de garantía del derecho de acceso a la información, así como ejercer el derecho de libertad de expresión en su más amplia expresión, lo cual parece ahora épico, bajo la remembranza de los hechos de represión gubernamental atestiguados en 1968 o 1971, por ejemplo.
Ahora los retos son otros, a los que se suman los emergentes que han devenido de la pandemia: evitar retrocesos en la consolidación del Sistema Nacional de Información y en los esfuerzos que éste ha invertido para afirmar un hábito acotado por la legislación para su debido cumplimiento por parte de los sujetos obligados, entre los que se encuentra esta CDHCM.
Nuevos retos se presentan en la materia, y que involucran no solo el derecho de acceso a la información o el derecho a la privacidad: las nuevas tecnologías, el mundo digital y las nuevas comunicaciones, imprimen un desafío para la evolución de los medios de garantía de estos derechos. El desarrollo, la práctica del derecho de acceso a la información y protección de datos personales ha evolucionado y debe de hacerlo de manera acelerada frente a tales desafíos.
Como parte de su evolución en el constitucionalismo mexicano, es preciso mencionar que tales derechos no pueden desvincularse de otros de nueva generación constitucional, como es el derecho a una buena administración pública, que tiene implícitas las prácticas de transparencia y rendición de cuentas, así como de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos.
Resulta interesante hacer mención de que, dentro de las primeras plataformas normativas que sentaron las bases para que el principio de Buena Administración Pública mudara a un derecho, está el Tratado de la Unión Europea, o Tratado de Maastricht, de 1993, que fija varios principios, con la finalidad de acortar la brecha entre la ciudadanía y su gobierno.
Dos de estos elementos son, por un lado, la exigencia de transparencia, y también la existencia de una Defensoría del Pueblo. Así se fijó en ese Tratado, que es un antecedente que marcaría el desarrollo del Derecho a la Buena Administración, hoy establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Ambos Organismos, presentes hoy, representan estos pilares para el Derecho a la Buena Administración pública en el ámbito local.
Y nos reunimos el día de hoy para formalizar la colaboración mutua de cara a la transversalización de la Cultura de los Derechos Humanos, su enfoque diferencial y el análisis interseccional que conlleva.
Asimismo, nos reunimos con el objetivo de promover, impulsar y fortalecer la Cultura de la Legalidad, la Transparencia, el Acceso a la Información Pública, la Rendición de Cuentas, la Protección de Datos Personales, así como el Combate a la Corrupción.
El Convenio que hoy se celebra parte de la base de la colaboración por un Gobierno Abierto, y la base que este compromiso internacional representa para la gobernanza en los gobiernos locales.
Ante una emergencia como la que hemos vivido, y aún vivimos, la preservación de tales compromisos es fundamental frente a la ciudadanía: la publicación proactiva y precisa de información, con inclusión para la reducción de contagios; la movilización de la asistencia comunitaria y el personal de salud, resulta vital. La rendición de cuentas sobre los recursos utilizados se hace aún más necesaria.
El Convenio Marco que hoy nos convoca tiene como finalidad colaborar para contribuir a evitar retrocesos, para impulsar la evolución de los derechos humanos, y para adaptar y afianzar los mecanismos de protección ante los retos que representan para todos los derechos, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, desde la consciencia de la Interdependencia de los Derechos Humanos.
Enhorabuena por estas posibilidades.
