Boletín 118/2021
26 de junio de 2021
- Este día se conmemora la entrada en vigor de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1987.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reconoce los avances normativos e institucionales alcanzados en México para atender el tema de tortura y a las víctimas de la misma, tales como la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que establece la obligación del Estado mexicano de llevar a cabo medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las Víctimas; la Ley General de Víctimas, así como con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Sin embargo, datos de 2016 arrojan que 75.6% de la población privada de la libertad durante su arresto sufrió algún tipo de violencia psicológica, y 63.8% algún tipo de agresión física. Mientras que en la Ciudad de México los datos alcanzan 71% y 57.2% respectivamente.
En este mismo sentido, datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal muestran que para 2019 en México había 5 mil 37 víctimas de tortura registradas en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público, de las cuales 579 corresponden a la Ciudad de México.
De enero 2016 al 21 de abril de 2021, este Organismo registró 651 expedientes de queja vinculados con posibles actos de tortura. Asimismo, en este mismo período esta Comisión ha emitido 20 Recomendaciones en las que se ha documentado dicha práctica en la Ciudad de México.
La CDHCM reitera su compromiso por garantizar el apoyo a las víctimas de tortura, siendo esta una tarea que debe involucrar a dependencias públicas y el apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el propósito de que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos cuenten con medidas integrales para su atención médica y psicológica.
En ese sentido, esta Comisión se suma al llamado de organizaciones civiles para que el Estado concluya el proceso de elaboración, publicación e implementación del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, programa que debe contemplar estrategias de protección, asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las víctimas.
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