Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 46/2021
29 de octubre de 2021
A nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), conformada la Ciudad de México y los 31 colegas Ombudsperson de las entidades federativas del país, así como de la Ombudsperson nacional, doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen en la transmisión del día de hoy, en que tendremos oportunidad de abordar temas de interés común para el fortalecimiento del Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos, que conformamos el conjunto de Comisiones y Defensorías del país.
Agradezco a quienes nos acompañan en la inauguración: señor Secretario, Presidenta Rosario, queridísima Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
A nuestra convocatoria, han respondido amablemente nuestras invitadas e invitados que encabezan y pertenecen a Organismos Autónomos Constitucionales, dependencias estratégicas del Gobierno federal y local, representantes electos en el Poder Legislativo, integrantes del Poder Judicial, entre otros.
Ya se encuentra aquí nuestro primer panelista, en la primera Mesa: muy bienvenido, Lorenzo (Córdova Vianello). Bienvenido.
A todas ellas, reconozco y agradezco su interés y disposición para participar en cada una de las cuatro Mesas temáticas, que se desarrollarán el día de hoy, mismas que tienen como objeto caracterizar la relación entre los Organismos de Protección de Derechos Humanos en el país y los poderes democráticos, para identificar su participación actual en la gobernanza nacional y local; así como para proyectar las potencialidades de esta articulación, con el único fin de fortalecer el avance progresivo y efectivo en los derechos humanos de todas las personas, tanto en el ámbito rural como en el urbano, desde una perspectiva local, con reconocimiento de su impacto a nivel nacional, regional y global.
El Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos ha sido insuficientemente abordado como objeto de análisis, en esos términos; esto es a pesar de la vinculación cotidiana que cada uno de los 33 integrantes del Sistema tiene con múltiples instituciones del Estado mexicano, con motivo del ejercicio de nuestro Mandato Constitucional: orientación, referencia, gestión de la restitución inmediata de derechos, puesta en marcha de procesos educativos, acompañamiento a movimientos sociales, opinión jurídica para el ámbito legislativo, mediación y conciliación entre autoridades y sociedad; emisión de medidas precautorias para evitar la consumación de violaciones, investigación de posibles violaciones a derechos humanos, determinación de responsabilidad y seguimiento para la efectiva reparación integral del daño a las víctimas, entre muchas otras funciones.
En su edición 2020, el Censo Nacional de Derechos Humanos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que este Sistema estaba conformado, en 2019, por 232 oficinas en el país, de las cuales 22% son centrales y 78% foráneas.
En cuanto a la distribución de competencias, vale la pena mencionar que 10% de las oficinas corresponde al ámbito nacional.
El Censo también nos permite conocer que los organismos públicos de protección de derechos humanos sumamos una fuerza humana de 5 mil 900 personas, en su mayoría mujeres.
Estas cifras me permiten afirmar que nuestro país cuenta con amplio entramado institucional para la defensa de derechos humanos que complementa los mecanismos en sede judicial, y que ofrece a las personas medios accesibles para la protección de sus derechos.
Sin embargo, para conocer el impacto y efectividad de nuestro trabajo, la potencialidad de la articulación con los otros sistemas dispuestos para la protección de derechos humanos, la colaboración para proteger a las víctimas y, en general, para caracterizar más a este actor de la gobernanza democrática, requerimos de otro tipo de análisis; y para ello, es preciso motivar y plantear reflexiones en conjunto.
Ese ánimo es el que nos reúne y convoca el día de hoy.
Ahora, después de los grandes cambios, y de frente a retos añejos para terminar con violaciones a derechos humanos, es necesario repuntar, al menos, siete aspectos:
- El trabajo colaborativo entre comisiones y organismos nos fortalece, y esa medida beneficia a la ciudadanía.
- El ámbito local es la arena de surgimiento y solución de problemas que son globales.
- Las víctimas requieren acceder a la mejor atención posible y al recurso más efectivo para reparación de su daño.
- La pandemia debe llevarnos a reflexionar sobre la forma de blindar los sistemas de protección de todos los derechos, no solo para evitar o contener los retrocesos, sino para retomar las rutas de la progresividad a la que estamos obligados.
- Los organismos de protección de derechos humanos somos parte fundamental para ese blindaje y recomposición.
- Para todo ello, la articulación entre Poderes, desde la Autonomía Constitucional, es fundamental para fortalecer el ejercicio de derechos humanos de las personas.
- Las democracias actuales requieren ofrecer y fortalecer sus mecanismos, para la efectiva justicia restaurativa -la mediación, la conciliación y la concertación-, para favorecer la inmediata restitución de derechos de las personas; y el Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos está llamado a liderar está transformación.
Esto es así, pues tenemos la formación, la visión, la experiencia en terreno, las habilidades y el objetivo puesto en la defensa y garantía de los derechos humanos, para lo que es necesario innovar nuestras rutas.
Les invito a todas, todos y todes, a que nos acompañen, de manera virtual el día de hoy, a estas exposiciones y diálogos que estarán moderados por colegas y compañeros Ombudsperson del país.
Sin más preámbulo, siendo las 9:41 horas, declaro inaugurados los trabajos de este LIV Congreso Nacional: El Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos del Siglo XXI.
Muchas gracias.
