Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 194/2021
24 de octubre de 2021
- La recuperación no puede ser a costa de los derechos humanos, pues no son una alternativa secundaria o postergable en tiempos de crisis.
La agenda emergente post COVID para la satisfacción de los derechos, requiere de atención urgente y redoblada, así como de modificaciones estructurales que blinden a la población en caso de emergencias naturales y que garanticen la seguridad humana, advirtió la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández.
Lo anterior, durante su participación en el Congreso Derechos Humanos: Retos y Perspectivas en el Mundo Moderno. Un enfoque desde las Defensorías Públicas de Derechos Humanos, donde se refirió a la crisis global del sistema de salud y del sistema económico, que obligan a un análisis profundo sobre su diseño, vigencia y modificación estructural.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llamó a duplicar esfuerzos y adaptar estrategias para avanzar y contener los retrocesos que amenazan el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el Estado mexicano se propuso alcanzar en 2015 y hacia 2030, con el ideal de arribar a un escenario más favorecedor para las personas, la prosperidad general del planeta, la participación colectiva y la paz.
“La recuperación no puede ser a costa de los derechos humanos, pues no son una alternativa secundaria o postergable en tiempos de crisis”, subrayó en su calidad de Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), cuyas Comisiones Estatales de la Zona Oeste fueron convocantes del Congreso.
Al dictar la Conferencia Magistral “La agenda pendiente del Estado mexicano en materia de derechos humanos: que nadie se quede atrás”, se refirió a las violaciones a derechos humanos que no ha sido posible revertir, y en el que destacó que, en 2016, más de 60% de las 64 mil personas privadas de su libertad en centro penitenciarios reportaron algún tipo de violencia física cuando fueron detenidas, incluyendo descargas eléctricas, estrangulamiento o asfixia.
De acuerdo con el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2013 y 2018, 2 mil 751 personas privadas de libertad murieron en cárceles federales y estatales; mientras que sólo 8 de 3 mil 214 denuncias de tortura dieron lugar a una detención y un juicio.
Asimismo, desde 1964 y hasta julio de 2021, se tiene un registro de 90 mil personas desaparecidas y no localizadas, que desde 2019 han convocado a más de mil 700 jornadas de búsqueda: Jalisco (3 mil 566), Guanajuato (mil 216), Tamaulipas (mil 206), Ciudad de México (mil 191), Nuevo León (991), Sinaloa (973), Michoacán (735), Veracruz (545), Guerrero (455) y Chihuahua (394), donde se concentran 81% de las personas desaparecidas.
Sobre violaciones al Derecho de Acceso a la Justicia y Derechos de las Víctimas, tanto de violaciones a derechos humanos como de delitos, mencionó que en 93.3% de éstos no hubo denuncia, o bien la autoridad no inició una carpeta de investigación; además de a esa cifra negra se suma una impunidad de 98% en los delitos cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Pública (ENVIPE 2021) señala entre los principales motivos de las víctimas de delitos para no denunciar: a la autoridad, al considerar la denuncia como pérdida de tiempo (33.9%) y de desconfianza (14.2%).
La percepción de inseguridad de las personas de más de 18 años, entre marzo y abril pasados, fue de 75.6%, aún en sus ámbitos próximos (65.5%), como su municipio o colonia (41.9%).
En cuanto a las violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión, dijo que de 2016 a lo que va de 2021 han sido asesinados 62 periodistas, además de registrarse en México situaciones como la censura previa, el uso desproporcionado del aparato judicial en contra de periodistas y la intimidación, entre otros.
La Conferencia tuvo lugar en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en el marco de su Semana Jurídica Cultura de la Paz y Derechos Humanos 2021, y contó con la moderación del Vicepresidente de la Zona Oeste de la FMOPDH, Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
