Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Boletín 220/2021
4 de diciembre de 2021
El espionaje institucional realizado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entre 2015 y 2016 en contra de la abogada Ana Lorena Delgadillo (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos), la periodista Marcela Turati y la antropóloga forense Mercedes Doretti (Equipo Argentino de Antropología Forense), con motivo de su participación en el acompañamiento y defensa de las víctimas indirectas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas -sucedida en el año 2011 y en la que fueron asesinadas 196 personas migrantes-, evidencia la relevancia que tiene apresurar los pasos para consolidar un modelo de procuración de justicia enfocada en las víctimas.
La actuación de la entonces PGR en este caso representa un modelo de procuración de justicia ajeno a las obligaciones de respeto, garantía y protección de los derechos humanos.
Nuestro país se encuentra aún en proceso de consolidación de un modelo de procuración de justicia independiente del Poder Ejecutivo, mismo que ha implicado cambios constitucionales y legales de gran transcendencia que, incluso, dieron creación a la actual Fiscalía General de la República (FGR) como organismo constitucional autónomo.
Uno de los principales retos para tal consolidación ha sido romper con las inercias institucionales y culturales que llevan a las personas servidoras públicas a regresar y reproducir prácticas propias de un modelo de procuración de justicia contrario a derechos humanos y a las víctimas, por lo que resulta relevante amplificar la denuncia pública de prácticas criminalizantes y lejanas al principio de debida diligencia a favor de las víctimas.
A la par, es preciso insistir en que el espionaje institucional develado pone de manifiesto la importancia de volver a motivar el debate sobre el control judicial del actuar de las autoridades de procuración de justicia en lo relacionado con la autorización para intervenir comunicaciones de particulares, así como con el uso de herramientas de espionaje telefónico dirigido, que afectan los derechos humanos de las personas en lo individual y atentan contra los valores democráticos de la colectividad.
En un contexto de creciente desaparición de personas en el país y en el marco de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) se suma al llamado por esclarecer el actuar institucional de la entonces PGR, de cara al necesario fortalecimiento de una procuración de justicia profesional, independiente y garante de los derechos humanos.
Por lo anterior, hace un llamado a la Fiscalía General de la República a persistir de manera diligente en la investigación que permita a familiares de las víctimas acceder a la verdad y justicia.
Finalmente, la CDHCM advierte la relevancia de continuar con los debates encaminados a realizar las modificaciones legales necesarias para contar con más y mejores controles a los actos que afectan la intimidad y vida privada de las personas.
