Boletín 224/2021
7 de diciembre de 2021
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Las personas con discapacidad y sus familias, requieren que el Estado mexicano lleve a cabo de manera urgente las modificaciones legislativas y de procedimientos, pero sobre todo culturales, para que este grupo de población pueda ejercer sus derechos a partir del reconocimiento de su capacidad jurídica, vida independiente y participación en la comunidad.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante el Tercer Encuentro “Las familias frente al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual”.
En el evento, organizado por la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), subrayó que “sin el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la garantía de las medidas necesarias para ejercerla, la posibilidad de ejercer cualquier otro derecho y de respetar la dignidad de las personas está perdida”.
Explicó que el cumplimiento de los Artículos 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental para el ejercicio de todos sus derechos en igualdad.
La Ombudsperson capitalina sostuvo que persiste en la sociedad en general y sus instituciones una aproximación a la discapacidad desde el modelo médico y no desde uno social, lo cual se traduce en la falta de reconocimiento y entendimiento que está definida por los obstáculos externos para realizar las actividades cotidianas y no así en las personas.
Por este motivo, consideró prioritario la implementación de sistemas de apoyo y salvaguardas, que tienen la finalidad de asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten sus derechos, voluntad y preferencias, así como que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Indicó que deben estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial, competente e imparcial.
Ramírez Hernández expuso que dichos sistemas de apoyo no son exclusivos de la esfera judicial, sino que debe de atravesar todo servicio público en el que se ejerce la capacidad jurídica, como lo hacemos todas las personas.
El paradigma “interés superior” aplicado comúnmente en los casos de personas con discapacidad, dijo, debe sustituirse por la “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”, ya que, bajo este modelo se respetan la autonomía y libertad personal y, en general, todos los derechos en igualdad de condiciones que las demás personas.
Enfatizó que el sistema de apoyos debe ser diseñado a partir de las necesidades y circunstancias concretas de cada persona, y puede estar conformado por una persona, familiar, profesionales en la materia, objetos, instrumentos, productos, y/o cualquier otra ayuda que facilite el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
La Presidenta de la CDHCM refrendó el acompañamiento de este Organismo y trabajo conjunto con este grupo de atención prioritaria, sus familias y organizaciones civiles que las representan.
En el Encuentro también participaron la Vicepresidenta del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS), Alicia Loza García Formentí; la Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Abigail Islas López; la Directora Ejecutiva de Asdown Colombia, Mónica Alexandra Cortés Avilés; el experto en Derechos Humanos y Discapacidad, Claudio Flavia Augusto Expósito; el experto en Derecho Internacional y Discapacidad, Adalberto Méndez López; la integrante del Comité de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Amalia Eva Gamio Ríos. La bienvenida al encuentro estuvo a cargo de la Directora de CONFE, Taide Buenfil Garza.