Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 24/2022
22 de septiembre de 2022
Muy buenos días a todas, todos y todes quienes se encuentran hoy presentes en este Foro, que se desarrolla en el marco del Quinto Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país.
Agradezco a la Maestra Rosario Piedra Ibarra su amable invitación para participar en la inauguración, y saludo especialmente a mis compañeras y compañeros Ombudsperson estatales aquí presentes.
Es un gusto observar que en el programa previsto para el día de hoy se desarrollarán conferencias y páneles para discutir en torno a las mejores prácticas para garantizar mecanismos eficaces en el seguimiento ─independiente y gubernamental de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Lo anterior es así en tanto tan sólo en marzo de este año, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dirigió observaciones finales a los informes presentados por México, y algunas de las recomendaciones vertidas reiteraron la preocupación ya expresada desde hace ocho años, en el 2014, por el mismo Comité, en relación a tres aspectos vinculados con el seguimiento de la Convención:
En primer lugar, la limitada participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en la implementación y seguimiento de la Convención, enfatizando este año su preocupación por la escasa participación de mujeres con discapacidad, para lo que el Comité recomendó al Estado mexicano que estableciera mecanismos regulares para convocar a consultas con las organizaciones, con las personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones estén y se reciban en una cuestión adecuada.
Como segunda preocupación a resaltar sobre el tema que nos convoca hoy, el Comité manifestó que, pese a la designación de un mecanismo de seguimiento independiente de la aplicación de la Convención en México, éste todavía no ha definido su estructura, funciones y actividades para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en los planos federal y estatal.
En función de lo anterior, el Comité urgió a nuestro país a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los 32 entes estatales de derechos humanos, en tanto que mecanismos independientes de seguimiento y supervisión de la Convención, para definir en estos aspectos.
Esta cuestión es de la mayor relevancia puesto que cada uno de los 33 organismos que conforman el Sistema No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos en el país, debemos de ejercer nuestras facultades con la claridad de orientar nuestros esfuerzos a ser verdaderos mecanismos independientes de seguimiento y supervisión de la Convención con los recursos con los que contamos y a partir de estrategias institucionales que son diferenciadas para cada uno de nosotros.
Para ello, nuestro parámetro de actuación está ya fijado de manera clara: uno, el contenido de la Convención; dos, las Recomendaciones; y tres, las propias observaciones del Comité. Este es estándar. No tenemos que mirar para otro lado. Eso nos permitirá avanzar progresivamente en el cumplimiento y en el momento con oportunidad.
Ahora bien, a las dos recomendaciones vertidas en las observaciones finales del Comité ─falta de participación de personas con discapacidad y fortalecimiento de los mecanismos independientes de seguimiento─, considero pertinente acompañar una tercera observación consistente en la preocupación por la disminución de disponibilidad de mecanismos de consulta hacia las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en lo referente al diseño y la aplicación de las leyes y políticas que les afectan en general, más allá de los mecanismos de seguimiento.
Todo lo anterior cobra relevancia aún mayor en el contexto mexicano por las modificaciones legislativas relativas a tres de los bastiones más resistentes a la aceptación del modelo social de la discapacidad, que han procurado y preservado la existencia de instituciones jurídicas y sociales alejadas del ánimo de la Convención.
Me refiero a la erradicación del modelo asilar relacionado con la salud mental que acaba de concretarse en la nueva Ley General de Salud; a la propuesta legislativa que debe desarrollarse en las materias procesal familiar y civil para erradicar la sustitución de la voluntad en los actos jurídicos ─y ahí estoy hablando del Código de Procedimientos civiles y familiares─; y la materialización del modelo de educación inclusiva.
No hablar más de lo que requiere y de la gran movilización que implica las modificaciones a la ley de salud para acabar con la división, para avanzar sobre el Artículo 12 y el Artículo 19 de la Convención lo que es importantísimo.
No voy a extenderme más sobre la importancia de que todavía tenemos la oportunidad de incidir en el Código de Procedimientos Familiares en las mismas cuestiones, que tienen que ver con erradicar el modelo médico y seguir avanzando con el modelo social de discapacidad. Y qué decir de lo que toca a educación. La Comisión Nacional de hecho ha establecido en varios estados inconstitucionalidad para ello. No contemplaron la consulta tanto a personas con discapacidad como a personas indígenas, fundamental para poder decir que tenemos una educación inclusiva.
Finalmente creo, y estoy convencida, que este tipo de foros, este tipo de procesos de ver mecanismos internacionales, vernos a nosotros mismos como entidades federativas intercambiando opiniones, ─como la dijo la Maestra Rosario─ haciendo alianzas, haciendo trabajo coordinado y considerando exactamente que en este país tenemos 33 organismos independientes de seguimiento y de evaluación de la Convención.
Muchísimas gracias por la invitación y éxito en este par de días.
