Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 32/2022
14 de noviembre de 2022
Primera intervención:
Muy buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Agradezco a Sally Roever, Coordinadora Internacional de WIEGO, por la invitación que me hicieron llegar para acompañarles en esta importante Asamblea General de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés).
Dicha Asamblea, misma que se celebra cada 4 años, resulta un pilar clave para la estructura de gobernanza de la organización para quienes la integran y continúen con su labor a favor de la justicia social en un mundo globalizado que precariza las condiciones de vida especialmente del sur global.
En ese sentido, celebro la colaboración que ha existido con la sección México de WIEGO y que, en el marco de ésta, se haya elegido este espacio para albergar la Asamblea y sus actividades paralelas que permitirán mostrar las experiencias mexicanas e internacionales de organización basadas en los derechos de diversos grupos de personas trabajadoras no asalariadas. Gracias, Tania Espinosa (consejera de la CDHCM Coordinadora para la Ciudad de México del Programa Ciudades Focales de WIEGO).
La relación que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México mantiene con WIEGO data de tiempo atrás y consta de intercambios y compromisos relativos a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas trabajadoras no asalariadas, especialmente en lo que toca al derecho humano al trabajo; mismo que se encuentra reconocido no sólo en diversos tratados internacionales de los que México es parte, sino en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de la Ciudad de México. Es una colaboración que contribuye al avance en la agenda del trabajo digno, equitativo, decente y reconocido.
Colaboraciones en nuestra revista Ciudad Defensora en la que se promovió lo relativo a los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, la presentación del estudio “La crisis del COVID-19 y la economía informal: trabajadoras y trabajadores en empleo informal en la Ciudad de México”, y la presentación de la Consultoría Técnica para estudio sobre el mínimo vital para la recuperación económica y protección social; la presentación de herramientas para conciliar los derechos al trabajo en el espacio público y la movilidad, reflejan nuestra coincidencia en esa agenda.
A eso se suma el trabajo en territorio con las personas trabajadoras no asalariadas en esta Ciudad y la voz de ellas a través de los pronunciamientos públicos sobre el trabajo en el espacio público en ejercicio del derecho a la Ciudad.
Este año, la Asamblea General de WIEGO se enfoca en “Los próximos 25 años” y recupera necesariamente la valoración de la experiencia tras la pandemia por COVID-19 que detuvo las actividades por un periodo de más de dos años y modificó el curso de los objetivos, estrategias y compromisos antes proyectados.
Se vuelve más que relevante colocar la mirada no sólo en el presente, sino también en el futuro, y lo que podemos construir a través de generar redes interinstitucionales y solidarias que permitan poner en el centro a las personas trabajadoras no asalariadas.
La emergencia sanitaria por COVID 19 evidenció lo que se ha venido diciendo tanto tiempo respecto a la opresión del sistema económico y laboral formalizado en las personas. El 55.8% de las personas dedicadas al trabajo llamado informal (no asalariado) tan sólo en México ─y sus familias─ absorbieron los mayores costos y padecieron los mayores estragos de este evento mundial. Esta cifra asciende a 60% en el mundo.
Las promesas de la globalización y el desarrollo se anuncian como posibles para todas las personas en un sistema económico que no puede sostenerlo, y esas promesas abandonan a la parte de la población a costa de la cual se beneficia, en el peor momento. Esa población resiente en su salud, economía y estado vital los efectos, por lo que se requieren nuevas estrategias diseñadas con las personas, para compensar la precariedad impuesta por ese sistema que impacta de manera diferenciada en las personas en función de su edad, género y herencia socioeconómica.
Estoy segura que de esta jornada derivarán rutas de trabajo, consensos y semillas que germinarán para la adaptación y construcción de estrategias para sostener el trabajo de justicia social que nos llama.
Para ello, tengo el gusto de presentar a quienes están con nosotros en el presídium:
Tania Espinosa, que es Consejera, a Sally Roever y a las personas que ya se mencionaron al inicio.
Le doy la palabra a Tania Espinosa.
Segunda intervención:
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las personas trabajadoras no asalariadas en su Artículo 10, apartado B. El texto constitucional reconoce que tienen derecho a realizar un trabajo digno y a contar con una identidad formal en la Ciudad de México; a asociarse para defender sus intereses y recibir capacitación.
¿Cómo se ha llevado a la práctica la tutela del derecho al trabajo y el reconocimiento planteado constitucionalmente para las personas trabajadoras no asalariadas en la Ciudad? ¿Son estos mecanismos suficientes y acordes con el bloque de constitucionalidad y el estándar del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Qué hace falta para que las leyes, políticas y programas para tutelar esos derechos modifiquen las condiciones estructurales que precarizan el trabajo no asalariado de más del 55% de la población económicamente activa de esta Ciudad? Quisiera plantear algunos puntos de análisis para la construcción de esa discusión.
Para ello, se nos ha propuesto analizar el programa de recuperación económica para el bienestar de la Ciudad de México, a la luz del estándar del derecho al trabajo. En ese sentido, en primer lugar, es necesario mencionar que dicho plan está focalizado en el empleo formal, por lo tanto, no cubre la conceptualización constitucional del trabajo como abarcadora del trabajo no asalariado, pues la excluye. Sumado a que no reconoce su aportación necesaria para cualquier esquema de recuperación económica.
Tal exclusión tiene por efecto perpetuar la idea de nocividad que ha rodeado el trabajo no asalariado y, por tanto, la ficción de que éste no contribuye a la par del trabajo formal.
En ese sentido, es justo mencionar que en tanto no se evidencie la aportación económica y social del trabajo no asalariado en su diversidad, si se sigue exponiendo como una fuente distinta de empleo en los reportes sobre trabajo, será muy complejo modificar las estructuras económicas, legales y sociales necesarias para revertir cualquier sistema de precarización.
Es cierto que nuestro país cuenta con una estadística respecto a la ocupación que es útil. Sin embargo, seguimos mostrando resultados y programas enfocados al trabajo formal, aun cuando deberíamos de incluir al no asalariado como parte de una política de trabajo alineada con la conceptualización de este derecho, desde el derecho internacional de los derechos humanos.
Ahora bien, es cierto que el plan es excluyente del trabajo no asalariado; a la par, es importante visibilizar las acciones de gobierno que sí estuvieron destinadas exclusivamente a este sector, de modo que podamos analizarla y posteriormente dirigir algunas observaciones para la construcción de una ruta posible de avance, desde un enfoque amplio del derecho al trabajo.
En este sentido, en el contexto de la pandemia fueron anunciados otros planes de apoyo económico y de alianzas con diversos sectores de la sociedad. Incluso se echó mano de la cooperación internacional para ampliar los apoyos y se lograron donaciones, como Open Society Foundations, para implementar un mecanismo de protección de ingresos con un enfoque de derechos humanos.
Quisiera realizar apuntes sobre dos programas emergentes. El primero fue el resultado de ese apoyo económico extranjero, apoyo a personas trabajadoras independientes no asalariadas del hogar o de empleo eventual que residen en la Ciudad de México, y que perdieron su empleo o fueron afectados sus ingresos motivo de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2. El segundo es un plan más local, las mercomuna, emprendida por las alcaldías destinadas a apoyar la economía familiar y local ante la contingencia, a través de un abasto alimentario que se articula con negocios locales y se asocia al apoyo de Liconsa.
Ambos programas partieron del reconocimiento de que al estar en el sector llamado informal, pero en realidad es informalizado, las personas no contaban con acceso a otras acciones como el seguro de desempleo, al que pudieron acceder personas desocupadas del trabajo formal, por ejemplo.
Me centraré en el primer programa emergente, respecto al cual el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad realizó un estudio sobre la protección de ingreso a personas trabajadoras informales en tiempos de COVID; personas trabajadoras de carácter eventual; por su cuenta; no asalariadas que residen en la Ciudad de México y que perdieron su empleo o vieron afectado sus ingresos; personas trabajadoras independientes que ejercen el comercio en vía pública en la modalidad de preparación y venta de alimentos en colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria; personas locatarias y trabajadoras de mercados susceptibles a ser beneficiadas, según la Secretaría de Desarrollo Económico, por el grado de afectación en su actividad y por la disminución de sus ingresos; personas trabajadoras del hogar que residen en la Ciudad de México y que perdieron su empleo o vieron afectados sus ingresos.
Podemos observar que incluso este programa, focalizado supuestamente en el trabajo informal, deja fuera a sectores de trabajo que están aquí representados en este panel. Por lo que insisto en la necesidad no solo de que para efectos de rendir cuentas sobre el estado que guarda el derecho al trabajo en la Ciudad, debe incluirse tanto el estado del sector formal, como el llamado informal, si no también que del trabajo no asalariado no deben excluirse actividades reales de aporte social, que siguen peleando su reconocimiento y regularización para la protección del ingreso y los demás asociados al trabajo. Tanto para informar sobre el estado del derecho al trabajo, como para dirigir los programas debe de haber una visibilización amplia de todas las actividades.
Con frecuencia, se incide en los reportes y programas sobre el empleo y esto tiene por efecto privar de un análisis amplio a la sociedad. Por ejemplo, se pierde de vista el trabajo formal a nivel nacional, Viene registrando desde octubre del 2019 una pérdida de 865 mil 234 empleos formales registrados ante el IMSS. Lo que tuvo un efecto catastrófico a la llegada de la pandemia. Es decir, el propio sector formal al que se apuesta ya está presurizado, por lo que el problema estructural, respecto al derecho al trabajo, abarca ambos sectores.
En ese sentido, la resiliencia del trabajo informal subsana esta deficiencia del mercado formal para brindar a las familias ingresos para su mínimo vital. Es decir, no puede haber ninguna estrategia económica limitada al trabajo formal que saque adelante en absolutamente ningún nivel. No sirve para trabajo porque no toma en consideración el trabajo informal. Están completamente interrelacionadas.
De acuerdo con el Informe de Protección de Ingresos a Personas Trabajadoras Informales en tiempos de COVID, que analiza el programa de apoyos al que he hecho referencia, la informalidad laboral en la Ciudad de México afecta más a quienes presentan menores niveles de escolaridad, ya que cerca de uno de cada dos cuenta hasta con la secundaria. Mientras que en los trabajadores formales la relación se reduce a uno de cada cinco.
En contraste, el 48.8% de los formales cuentan con licenciatura y más. Mientras que de los informales sólo el 18.6% presentan ese nivel de escolaridad. Esa condición es mayor en las mujeres en relación que con los hombres.
El Informe es claro en dar cuenta de que las mujeres tienen una mayor participación con trabajo informal que los hombres en el sector terciario, 88.5% contra el 74.6%, con una alta presencia en el comercio, los servicios diversos y el sector de restaurantes y servicios de alojamiento, y una menor representación en los sectores primarios y secundarios.
En general, es de resaltar la terciarización del trabajo femenino en la capital del país. Lo anterior nos lleva a la necesidad de compartir causas estructurales para la protección del ingreso, como es la educación en general y focalizada en las mujeres en particular.
Finalmente, quisiera resaltar que el Informe referido señala que resulta fundamental identificar las barreras que afectan los trabajos informales para acceder a la seguridad social y al seguro de desempleo de la Ciudad de México, mismas que deben de ser subsanadas por una correcta identificación del problema social y una perspectiva desde el hecho.
Lo reportado en el Informe es que la extendida presencia de la informalidad laboral se asocia con la falta de acceso a la seguridad social, por lo que tendría que transitarse hacia un sistema de seguridad social universal, independiente de la inserción laboral.
En tercer lugar, el Informe identifica las deficiencias de los programas no contributivos de protección social, que de acuerdo a la OIT en América Latina solo cubrían el 18% del total de los hogares que registraban más precariedad en los ingresos asociados al trabajo informal. Por lo que es necesario activar los programas de transferencia directa-temporal a este sector.
En particular, el caso de trabajadores no protegidos, el diseño de los programas existentes al momento de la pandemia, no podían recibir transferencias de ingreso de programas no contributivos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, de mayor vulnerabilidad; y al mismo tiempo tampoco estaban amparados por el seguro de desempleo ya que no contribuían con recursos por su financiamiento, por lo que fueron un sector desatendido, como ya lo plantearon inicialmente Tania Espinosa y Sally Roever.
En este sentido, el programa de apoyo a personas trabajadoras independientes no salariales del hogar o con empleo eventual corrigió parte de esta desatención, pero no fue suficiente para brindar a este sector de nuevas formas de emergencias en el mercado laboral, ni tampoco para transformar las estructuras que las mantienen lejos del acceso de los estándares del derecho al trabajo. Y el diagnóstico que hizo WIEGO así lo demuestra. No fue suficiente.
A pesar de ello, el programa contribuyó a tener más datos sistematizados, a tener un registro de no asalariados y a reunir experiencias, que bien podrían sumarse a esta experiencia para poder fortalecer la alternativa, que hoy en el transcurso del día de hoy vamos a analizar con relación a la estrategia que WIEGO está desarrollando.
Este Informe concluye que las deficiencias estructurales, producto de políticas públicas no integrales y que no estuvieron planteadas desde la perspectiva de derechos humanos, fueron particularmente exacerbadas durante la pandemia, afectando en gran medida a las personas con empleo informal. Y es claro establecer que de no atenderse las causas estructurales que afectan a esta población, continuará siendo la más afectada y probablemente la más lenta en la recuperación económica.
En conclusión, el plan de recuperación económica propuesto por el gobierno, al excluir el trabajo no asalariado, reproduce lo ya señalado por el Comité DESC en su observación general, que este sector representa un porcentaje considerable de la apuesta de trabajo mundial, a menudo están excluidos de las estadísticas nacionales y carecen de protección, respaldo y salvaguarda, lo que exacerba la vulnerabilidad.
Y que, si bien el objetivo general debería de ser la formalización del trabajo, las leyes y las políticas públicas deberían ampliarse explícitamente a los trabajadores de la economía informal, y los Estados parte deberían adoptar medidas para recopilar datos desglosados pertinentes, a fin de incluir a esta categoría de trabajadores una progresiva del derecho, a condiciones del trabajo equitativas y satisfactorias. Ese es el estándar. Es por eso que esta reunión alberga no nada más con gusto, sino con compromiso la agenda del trabajo no asalariado y en específico las propuestas que WIEGO ha venido desarrollando y desarrollará en este sector en la Ciudad.
Toda persona tiene derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y es necesario dar pasos sólidos para la eliminación de la discriminación entre personas trabajadoras.
Para ello, las medidas de política pública deberían abancar todas las ramas de la actividad económica, incluidos los sectores formales e informales, y todas las categorías de trabajadores; así como los riesgos específicos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras; la ampliación del régimen de protección a los sectores en riesgo e introducir sistemas que permitan la cobertura de los trabajadores del sector formal, junto con las medidas de regularizar la economía informal, creando mecanismos de diálogo adecuados para plantear las cuestiones pertinentes e introducir incentivos para superar la desigualdad salarial por razón de género.
Todo esto contemplado en la propuesta que hoy vamos a analizar durante todo la mañana. Todo esto contemplado en una agenda que básicamente también tiene algo de suma importancia y es que no nada más incluye en lo formal a todos los trabajos, a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras y todas las vertientes y todas las ramas, sino que intente exactamente algo que es importantísimo decir: no se puede elaborar un tipo de estrategia que sea factible, que sea realizable, que implique mejoras y el cumplimiento del derecho al trabajo de millones de personas en esta Ciudad, si se hace sin ellas, si no se incorporan, si no se involucraran. Y yo creo, desde la Comisión, que este es uno de los grandes aciertos de lo que hoy vamos a oír, de lo que se está proponiendo de esta plataforma, porque como bien dice Sally Roever: los trabajadores al frente y al centro.
Gracias.
