Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Discurso 02/2023
26 de enero de 2023
Muy buenos días a todos, todas y todes; bienvenidos sean a la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; a quienes están aquí presentes, para la inauguración…, bueno, la Instalación, del C la Ciudad de México; y a quienes nos siguen en redes sociales.
Le doy la bienvenida, especialmente, a quienes me acompañan en la mesa, y también a quienes no están acá arriba, pero están aquí, bien cerquita, y que forman parte, no nada más de este Comité Interinstitucional, sino de un esfuerzo conjunto de transformación de la visión de la salud, en general, y en particular, de la salud mental.
Desde hace más de una década, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha realizado un llamado a los Estados, para que de manera urgente replanteen sus políticas públicas, orientadas en la atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas, pues se reconoce que el enfoque tradicional que se ha impulsado en esta materia, no sólo no ha resultado efectivo, sino que ha provocado la estigmatización, exclusión, criminalización, marginación y vulneración de los derechos humanos de quienes son usuarias de dichas sustancias, con mayores impactos, si éstas pertenecen a un Grupo de Atención Prioritaria.
Este dato es para todos y para todas, quienes seamos, pero es más dañino y es más punzante si estamos y vemos estos lentes, cruzamos con los lentes de atención prioritaria. Es ahí donde, además, el deber de protección es un deber reforzado.
En función de tal llamado y a partir de un análisis interseccional, las instituciones estamos llamadas, a su vez, a tomar en cuenta que existen impactos diferenciados y experiencias vitales específicas, en personas en quienes se acumulan causas que detonan desigualdad en un contexto determinado y para quienes, por tanto, es preciso diseñar medidas específicas de acompañamiento.
Es preciso, por tanto, que las instituciones consideremos cuáles han sido los patrones de omisión en la satisfacción de derechos hacia las personas; es decir, a quienes lejos de garantizar el derecho a la salud integral se les ha expuesto al rechazo o humillación, por parte de profesionales de la salud, o bien a la criminalización por parte de los organismos de seguridad pública y sancionadores; provocando como resultado la reiteración de un círculo vicioso, en el que las personas afectadas internalizan el estigma y profundizan prácticas de riesgo o autolesión en lo clandestino, lo que las hace más vulnerables a los diversos factores que les perjudican.
Continuar apostando, tanto al tratamiento como al objetivo primario de la abstinencia, como estrategias principales o únicas en el abordaje de las adicciones, en lugar de ampliar la visión de prevención, para incluir en esa estrategia la información para la toma de decisiones, por parte de las personas; el enfoque comunitario, que considere los determinantes sociales en el uso de sustancias; y su uso responsable -entendiendo como tal, la salud pública e integral y el autocuidado-; y no la concepción moral que estigmatiza, tanto las adicciones como otras prácticas personales, como por ejemplo, la práctica no convencional de la sexualidad; es seguir alimentando una estrategia fallida.
Porque el uso de sustancias debe de ser visto como una realidad que continuará vigente en las sociedades y, a pesar de esto, no tiene por qué estar asociada de manera necesaria a prácticas de riesgo.
Para ello, se requiere contar con medidas alternativas para promover el bienestar de las personas y el cuidado de su salud, aun cuando el consumo persista.
Es por la urgencia que existe en la atención a esta agenda, que la Comisión celebra la implementación de una estrategia de reducción de daños y riesgos, con motivo del uso de sustancias psicoactivas, desde un enfoque centrado en las personas y sus derechos.
Orientar la mirada hacia la reducción de daños y riesgos implica -como se ha mencionado- reconocer que este paradigma busca apoyar a las personas, brindarles alternativas y no sancionarlas por su consumo, desde un enfoque amplio e integral de la salud.
El modelo de reducción de daños y riesgos es congruente con la documentación, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para alcanzar la abstinencia como objetivo principal de las estrategias y final de la atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas. Lo cierto es que, en muchos casos, el uso de sustancias y las prácticas de riesgo que puedan asociarse a ello, resultan una realidad u opción de vida para muchas personas.
Es así que, políticas públicas que se enmarquen en este nuevo modelo de atención, sostienen que para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de este grupo -y de muchos otros de Atención Prioritaria-, deben darse alternativas viables, reales y basadas en evidencia científica, que consideren todo el espectro de personas usuarias de sustancias psicoactivas.
Desde esta Comisión, consideramos que la reducción de daños y riesgos debe ser una política pública con enfoque de derechos humanos, que busca la atención y restitución de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria que, como ya se ha señalado, históricamente han sido estigmatizados, criminalizados e, incluso, deshumanizados.
Sumado a ello, este modelo supone también que, en el ejercicio de su autonomía, las personas en uso activo de sustancias deben contar con los medios necesarios para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, mismas que les habiliten para el cuidado de sí mismas.
La reducción de daños y riesgos, sin duda, busca dignificar la atención que se le brinda a este grupo de personas, sin condicionarlas a metas u objetivos que, en muchos de los casos, no corresponden con su realidad social y personal, y que reproducen esquemas paternalistas de relacionamiento.
Tal enfoque es congruente con la introducción de la estrategia de salud comunitaria a nivel normativo -como ya lo mencionó, no específicamente, Gady, pero ahí está-: que son nuestras excelentes modificaciones a la Ley General de Salud, del año pasado, en donde exactamente en la visión integral de salud mental, vamos a la desinstitucionalización, caminando al trabajo comunitario, al apoyo -exactamente- de una visión completamente diferente, que tiene que ver, no nada más con una visión diferente de la salud, y de la salud mental en específico, sino de las personas -como bien lo dices-: más humanizante, más apegado a los derechos humanos y, sobre todo, más afectiva; que, eso finalmente, también, es mucho más importante.
Con todo esto dicho, nos da muchísimo gusto que hayan aceptado que se instale aquí, exactamente, en esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, este Comité Interinstitucional que, sin duda, tiene un enfoque de derechos humanos; y que, por lo tanto, nos da muchísimo gusto que estemos aquí, que estemos aquí instalándolo, y que seamos testigos, todos y cada uno de nosotros, exactamente, de esta visión, de la construcción y de la transformación social que implica, en términos no nada más de la construcción de la sociedad: también de la práctica médica y de los servidores que estamos y que tenemos contacto, todo el tiempo, con personas usuarias y no usuarias.
Muchísimas gracias, y muchísimo éxito.
