Boletín 05/2023
18 de enero de 2023
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En el marco de una visita no oficial académica, personas titulares de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en nuestro país sostuvieron un diálogo con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Participaron la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández; el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; y la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez.
Cada defensor habló del panorama en cada una de sus entidades respecto a la situación de las ejecuciones extrajudiciales y los desafíos.
La Presidenta de la CDHCM expuso que del año 2000 a 2023 este Organismo ha emitido ocho Recomendaciones relacionadas con ejecución extrajudicial (01/2004, 11/2007, 12/2009, 16/2009, 08/2013, 08/2016, 02/2018 y 11/2018).
Ramírez Hernández indicó que entre los puntos recomendatorios de estos instrumentos sobresalen la actualización del protocolo de actuación de la policía capitalina al realizar detenciones o del protocolo para la investigación eficaz de ejecuciones extralegales. También implementar un sistema audiovisual permanente al interior de las patrullas para registrar el aseguramiento durante las detenciones, así como diseñar mecanismos de registro de los reportes que lleve a cabo la policía de investigación.
La Ombudsperson capitalina consideró que no se conocen cifras de ejecución extrajudicial porque no hay un tipo penal específico, el tipo penal de homicidio doloso no tiene la agravante de haber sido cometido por una persona servidora pública y la información estadística no se desagrega en elementos que permitan conocer si ha sido cometido por personas servidoras públicas o que colaboraran en esta acción.
Cabe mencionar que las y los Ombudsperson coincidieron con el Relator Especial en la necesidad de crear capacidades alrededor de la instrumentación del Protocolo de Minnesota, así como en la pertinencia de llevar a cabo una visita oficial a México en un futuro próximo, que permita avanzar en la atención de esta grave violación a los derechos humanos.
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