Boletín 52/2023
26 de abril de 2023
Desde hace 16 años las mujeres y personas gestantes que viven y transitan en la Ciudad de México ejercen autonomía sobre sus cuerpos y toman decisiones sobre su vida reproductiva con respecto a si tener hijes o no, y a su vez sobre el cuándo, con quién y cuántos, esto gracias a las reformas legales que aprobó la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El derecho de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo se recoge en la legislación como un derecho humano que impacta la esfera reproductiva, ya que pone en el centro la voluntad de las mujeres y personas gestantes, pero también representa un logro de los movimientos de mujeres y feministas en la reivindicación de la agencia sobre sus propios cuerpos además de ser un ejemplo de estrategia de incidencia legislativa, y ese mismo ha sido el caso en los otros diez estados mexicanos que han reconocido la ILE a la fecha.
A 16 años de las reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud de la actual Ciudad de México ha sido posible ilustrar cómo la ruta punitiva del estado y la tipificación en Códigos Penales no es una ruta efectiva para la tutela de algún derecho. El abordaje jurídico y social debe ser visto desde la garantía del derecho a la salud reproductiva con miras a su progresividad y gratuidad.
Existe registro de que durante 2022: 302 mujeres adolescentes entre 13 y 18 años residentes de la Ciudad de México accedieron al servicio de una ILE. Sin embargo, de la desagregación de los datos resulta observable que la mayoría de esta población se concentra en las Alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc[1].
Actualmente son diversos los retos con los que nos enfrentamos, uno de ellos tiene que ver con la accesibilidad física y centralización de los centros de salud, clínicas y hospitales que prestan este servicio. Otro es la obstaculización de acceso bajo estrategias políticas y jurídicas, así como el mal empleo de la objeción de conciencia por el personal médico. Un reto en común a escala nacional es el relativo a la falta de datos de servicios de ILE prestados, a la par de la regularización de normativas locales y secundarias para su garantía, esto especialmente en los casos en los que la ILE ha sido reconocida por la vía jurisdiccional.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) conmemora el aniversario de las reformas legales sobre la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México y hace un llamado a las autoridades locales para garantizarlo de manera progresiva, equitativa y con perspectiva de género y juventudes en el territorio de las 16 alcaldías.
[1] Véase: https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/interrupcion-legal-del-embarazo
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